Egipto: regreso a la peor de las dictaduras

“El panorama es más negro que nunca. He sido abogado los últimos 20 años y ya no tengo fe en la justicia. Tengo fe en la calle, en el movimiento social que nos devuelva la democracia y traiga consigo justicia ”. Son palabras de Gamal Eid, director de la Red Árabe para la información de Derechos Humanos (ANHRI, por sus siglas en inglés), una ONG que ofrece apoyo legal y formación y documenta los casos de víctimas de abusos por parte del Estado. Está saturado de trabajo: cuando se acaban de cumplir cinco años del alzamiento popular que acabó con Hosni Mubarak tras 30 años en el poder, los valores de Tahrir, la plaza que ha presenciado los vaivenes de una revolución incompleta durante cada uno de esos años, están siendo reprimidos en peores términos que los que muchos egipcios recuerdan del viejo 'rais' Mubarak. Al propio Eid se le ha impuesto recientemente la prohibición de viajar fuera del país y sus activos han sido congelados por orden judicial en una nueva fase del pulso que el Estado mantiene con aquellos que denuncian sus crímenes.

“Estimamos el número de muertos desde el 30 de Junio de 2013 hasta ahora en no menos de 2.500 personas; el número de detenciones asciende a 60.000, a lo que se suma un número indeterminado de desapariciones forzosas y los mártires del periodismo”, detalla el abogado. Desde aquel enero de 2011 en el que cayó Mubarak, el aumento de asesinatos, torturas y detenciones por parte de las autoridades egipcias ha sido ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, pero todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que las cosas han ido a peor desde la llegada del exgeneral Abdel Fatah Al Sisi al poder en 2013.

En julio de ese año, un golpe de estado apeaba de la presidencia al primer rais elegido en las urnas tras la revolución, el Hermano Musulmán Mohamed Morsi, ahora en la cárcel condenado a muerte. Sisi emergía entonces como el salvador de Egipto a la cabeza del Ejército y, a pesar de prometer que no buscaba gobernar, terminó presentándose un año más tarde a las elecciones frente a un hombre de paja, el naserista Hamdeen Sabahi, logrando el 93% de los sufragios (aunque con una participación de apenas el 47%).

Pero el golpe de gracia, y lo que por otra parte al fin podría poner en serias dificultades al gobierno de Sisi, llegó el 25 de enero de 2016, el día del quinto aniversario de la revolución. Aquel día un estudiante de doctorado italiano que investigaba sobre movimientos laborales en Egipto, Giulio Regeni, desaparecía en las inmediaciones de la plaza de Tahrir de El Cairo para aparecer días después en una cuneta con visibles signos de tortura. “Sólo le reconocí por su nariz. En cuanto a lo demás, ya no era él”, denunciaba hace unos días su madre ante los intentos de las autoridades egipcias de entorpecer la investigación, quien amenaza con publicar una foto del cuerpo de su hijo si los egipcios siguen tratando de ocultar los hechos. El pasado viernes Italia retiró a su embajador de El Cairo tras dos días de debate con sus homólogos egipcios en los que no se ha conseguido esclarecer lo ocurrido.

Un país exhausto

Hasta el Parlamento Europeo votó hace un mes una resolución expresando su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Egipto a raíz del suceso y condenó la muerte de Regeni. Egipto relacionó el estado del cuerpo quemado, mutilado y golpeado de Regeni con un accidente de tráfico en primer lugar, después con un crimen pasional, para finalmente relacionar las lesiones con la autopsia y finalmente acusar a una banda organizada a cuyos miembros emboscó y tiroteó hace unas semanas hasta acabar con ellos. Una actuación que la familia del estudiante de doctorado considera un montaje.

Su caso ha puesto el foco sobre los cientos de desapariciones forzosas, torturas y muertes bajo custodia que se producen en Egipto: activistas, disidentes políticos, Hermanos Musulmanes… Sólo en 2015 hubo al menos 1840 casos documentados por organizaciones locales.

Así que la calle en la que confía Gamal Eid está exhausta: “La mitad de nosotros está en prisión, la otra mitad está muerta o exiliada, me siento derrotada”, explicaba a esta corresponsal la periodista y activista Gigi Ibrahim hace unos meses en El Cairo. Los esfuerzos del Gobierno de Sisi por ahogar toda opinión disidente se han traducido en una mayoría de medios de comunicación obligados a ejercer de portavoces del régimen, y en un lavado de cerebro continuo sobre sus abusos que con el paso de los meses, sin embargo, cada vez hace menos mella en los egipcios. “El Gobierno pretende acallar todas las voces críticas que rechazan maquillar su imagen o aceptar ocultar las violaciones de derechos humanos que cometen”, apunta Eid. “Después de la brutal campaña de desinformación y difamación que el Estado usa para desacreditarnos los ciudadanos están confundidos: algunos creen la propaganda, otros ya empiezan a cuestionársela porque están acostumbrados a que les mientan en muchas otras cosas”, explica el abogado.

Las nulas políticas económicas mantienen las finanzas del país del Nilo en números rojos, mientras las divisas del turismo siguen sin llegar. Los atentados que golpean de cuando en cuando la capital o la Península del Sinaí, un avispero donde campan grupos afines al Estado Islámico, no suponen un buen reclamo para los extranjeros (cuando estos no son abatidos por error por las propias fuerzas de seguridad egipcias, como sucedió con una docena de turistas mexicanos el pasado septiembre). Los rusos, que llenaban aún así las costas del Mar Rojo, han desaparecido tras la muerte de 250 nacionales de ese país por el atentado contra un avión que acababa de despegar de Sharm El Sheikh en ocubre del año pasado.

"Peor que con Mubarak"

Así que los egipcios, con su habitual sentido del humor, con una inquebrantable sonrisa, empiezan poco a poco a criticar en las calles a Sisi y sus políticas. La gente tiene miedo, pero les puede más la falta de pan. “La gente está cansada y busca estabilidad, pero por otro lado no pasa una sola semana sin que haya algún tipo de huelga o manifestación. Por el momento esas protestas no albergan ninguna reivindicación política pero, ¿por cuánto tiempo?”, se pregunta el periodista del diario gubernamental Al-Ahram. Cualquier egipcio de a pie hablará maravillas sobre el nuevo presidente al ser preguntado, pero cuando medie la confianza y no haya oídos cerca que puedan reportar a la policía, la canción sonará bien distinta. “No tenemos para comer, no tenemos para vivir, ¿y qué está haciendo el Gobierno al respecto? Estamos peor que con Mubarak”, se lamenta en voz baja el portero de una finca de un barrio acomodado de El Cairo.

Ese silencio forzado no se reduce a los ciudadanos. Cada vez menos voces entre los activistas se atreven a alzarse contra las inexistentes políticas económicas o sociales del régimen. Los que lo hacen, acaban entre rejas. Es el caso del activista Alaa Abdel Fatah, que cumple condena por organizar una protesta precisamente contra una ley mordaza promulgada nada más llegar Sisi al poder, en la que se prohíben manifestaciones no autorizadas. Los disidentes de renombre, como Abdel Fatah o Ahmed Maher, o abogados como Mahinour El-Masry, que acaban entre rejas se cuentan por decenas. Pero son muchos más, los menos conocidos internacionalmente, los que de un día para otro simplemente desaparecen para, con suerte, aparecer días o semanas después en alguna prisión.

En esta tesitura es fundamental la labor que organizaciones no gubernamentales como la de Gamal Eid, ANHRI, hacen para documentar abusos, defender a los acusados y mantener el pulso al Gobierno. Y ese papel fundamental precisamente es el que les pone en el punto de mira. La sociedad civil y los defensores de derechos humanos en Egipto afrontan estos días un riesgo sin precedentes. Así lo indica la acusación iniciada contra Gamal Eid y Hossam Bahgat, periodista y fundador de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales (EIPR), por financiación ilegal.

El juez les ha interrogado, ha ordenado la congelación de sus activos (así como los de la esposa y la hija de 11 años de Gamal Eid), y les ha prohibido viajar. Si la acusación contra ellos sigue adelante “dará lugar al cierre de estas ONG y la condena de sus trabajadores, en particular sobre cargos que conllevan penas de cadena perpetua en prisión”, apuntan en un comunicado reciente varias organizaciones de derechos humanos. “Lo que está pasando ahora es una continuación de la campaña del Gobierno para erradicar a las organizaciones de derechos humanos”, explica Eid. “Nos enfrentamos a un adversario que no tiene valores , me da rabia, aunque no me sorprende que se arrastre a mi esposa en este caso. Se supone que un juez debería buscar la verdad y no la difamación o usar la ley en un enfrentamiento político con un régimen represivo”, lamenta Eid, aunque subraya que “esa impunidad de actuación [de las autoridades] ha sido sistemática desde la época de Hosni Mubarak, aunque ahora sea más flagrante”.

Medidas cosméticas

“Lo mejor que se puede hacer es seguir trabajando de una manera profesional y seria defendiendo los derechos humanos y el estado de derecho trabajando con la gente, sobre todo los jóvenes”, concluye Eid. “Durante el régimen de Mubarak me encarcelaron cuatro veces, una de ellas me torturaron y aunque no me gustan las cárceles, no me dan miedo. Merece la pena seguir luchando, la democracia hay que diseñarla, no es algo que nos venga dado”.

Las autoridades juegan al engaño usando aquéllas técnicas que durante años han funcionado a las dictaduras: acometer medidas cosméticas de cara a la galería mientras bajo cuerda se sigue presionando y constriñendo los derechos y libertades. Un ejemplo: la liberación de presos políticos de cuando en cuando contrasta con esas desapariciones forzosas que registra y denuncia la sociedad civil. Por un lado el gobierno de Sisi muestra su magnificencia, por otro amordaza a la disidencia.

A finales de marzo, por ejemplo se liberaba al joven Mahmud Mohamed Ahmed, un veinteañero que ha permanecido en la cárcel los últimos dos años por vestir una camiseta con un lema contra la tortura. Al mismo tiempo que se le soltaba, los activistas Gamal Eid y Hossam Bahgat acudían a los tribunales víctimas de una caza de brujas que empezó en 2011. Entonces se empezó a tramar la partida para dejar fuera de la ley a decenas de Organizaciones No Gubernamentales y sus trabajadores, muchos de ellos extranjeros, que se vieron forzados a refugiarse en sus embajadas y huir del país.

Los pasos del nuevo Ejecutivo se han encaminado en la misma dirección. En los últimos meses se ha ordenado el cierre del Centro Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura, por “violaciones de los términos de la licencia”. En enero, el centro Nadeem había publicado un informe denunciando los asesinatos extrajudiciales de 328 personas fuera de las dependencias policiales y otras 137 dentro de ellas, entre otros abusos del Ministerio del Interior, lo que según otras organizaciones como el Instituto del Cairo para Estudios de los Derechos Humanos (CIHRS), habría dado lugar a las represalias emprendidas contra ellos. “Las autoridades egipcias están asfixiando uno a uno a los principales defensores de los Derechos Humanos del país. Cerrar el Centro Nadeem sería un golpe devastador para el movimiento pro Derechos Humanos en Egipto y para las víctimas de abusos", señalaba al conocerse la noticia la directora de Human Rights Watch para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson.

¿Han ido demasiado lejos?

Pero la muerte de Giulio Regeni podría haber sido la gota que colma el vaso. Si bien el decreciente interés mediático en lo que ocurre en Egipto ha dejado en la sombra las decenas de casos de muertes y desapariciones de egipcios similares al de aquel, el hecho de que se trate de un europeo ha logrado poner el foco nuevamente sobre la deriva dictatorial del nuevo régimen de Sisi. El pasado 23 de marzo el Grupo de Trabajo estadounidense para Egipto remitió una carta al presidente, Barack Obama instándole a hablar con su homólogo egipcio y expresar “en privado y en público sus objeciones al incremento de mano dura sobre sociedad civil y defensores de los derechos humanos”, instándole a interrumpir los millones de dólares en ayudas que Estados Unidos da a Egipto y que en parte están supeditados a un escrutinio del estado de los derechos humanos en el país.

Refiriéndose expresamente al asesinato del estudiante italiano la carta remitida a Obama subrayaba que a pesar de “haber atraído la atención internacional, son muchos los egipcios que han compartido su mismo destino desde que el presidente Al Sisi llegó al poder”. La opinión al respecto del Gobierno egipcio, remitida en nota de prensa a los informadores acreditados en el país, se resumía en una de las frases del comunicado: “¿Quién le ha pedido al grupo de trabajo que examine la situación de los derechos humanos en Egipto?”

Y si difícil es hablar contra el régimen, más difícil es informar sobre sus desmanes. “En estos momentos hay 61 periodistas en prisión. Más de los que nunca hubo con Mubarak”, destaca Eid. Uno de ellos es el fotoperiodista Mahmud Abu Seid, Shawkan, que lleva casi 1000 días encarcelado. Su juicio volvió a aplazarse el pasado 26 de marzo hasta finales de abril. Se enfrenta a cadena perpetua y su caso ha sido incluido en uno de los macrojuicios contra miembros de los Hermanos Musulmanes que han acabado con condenas a muerte en masa en los últimos años.

Su madre ha envejecido veinte años desde agosto de 2013. Se le saltan las lágrimas cada vez que intenta hablar sobre su hijo. Un joven “honesto y sincero” que adora la fotografía desde que era un niño. Su delito fue estar con su cámara cubriendo el desalojo de la sentada de Rabaa Al Adawiya que pedía la reinstauración del islamista Mohamed Morsi en el poder en agosto de 2013. Murieron más de 800 personas. Shawkan, enviado por la agencia Demotix, acudió con un colega francés y un americano que también fueron detenidos y a los que se les quitaron sus equipos y sus identificaciones. Él es el único que sigue en prisión “Siento la injusticia y la opresión, ojalá alguien pudiera entender el fuego que me arde dentro. Ojalá alguien pudiera extinguirlo y liberar a mi hijo”, llora Reda Mahrous. “Es muy duro cuando tu hijo está en prisión y no ha hecho nada malo. Es parte de la opresión. ¿Sabes lo que significa cuando un hombre está oprimido y siente que necesita hablar y que alguien le entienda? Pues así es como nos sentimos los egipcios, oprimidos”.