Hacerte embajador para no pagar a tu exmujer y otros abusos diplomáticos

Aquel diplomático español en Brasil no tenía suficiente con la casa, el chófer, el sueldazo libre de impuestos… Quería ganar más, y para ello comenzó a importar coches de lujo alemanes a nombre de la embajada. Mientras los brasileños tenían que abonar al fisco en ocasiones hasta el equivalente del 100% del valor del vehículo, el embajador estaba exento al ser diplomático. El negocio era redondo: dejaba los vehículos de alta gama en el patio de la Embajada en Brasilia durante un par de años para disimular, y volvía a venderlos. Si el coche costaba con impuestos, digamos, un millón de pesetas, y él lo adquiría por 500.000, posteriormente se lo vendía al rico brasileño por 700.000 y se quedaba con la diferencia.

La historia se la cuenta a El Confidencial Carlos Blasco, exembajador en Brasilia entre 1992 y 1996, y más adelante en China y Mongolia. Asegura que estos hechos acabaron con la destitución de uno de sus predecesores en Brasil, del que no quiere dar el nombre. “Este tipo de prácticas eran muy típicas por aquella época. Ocurría también con el whisky, que era carísimo y tenía impuestos de hasta el 100%”, explica el diplomático, ya retirado. “Las embajadas lo importaban muy barato, porque era dotación para las fiestas. Pero algunos lo vendían para ganarse un dinero, hasta seis veces lo que les costaba la botella”.

La exención del pago de impuestos entra dentro de lo que se conoce como “privilegios e inmunidades” del personal diplomático, regulados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. No solo no tienen que tributar, sino que su persona es judicialmente intocable: tampoco se les puede perseguir en el lugar donde están acreditados por el impago de multas, un asesinato o una violación, o cualquier otro crimen. Al menos, en teoría: “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto”, se lee en el artículo 29. Tampoco se puede inspeccionar la embajada en busca de pruebas de un delito. “La residencia particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión”, se lee en el 30. En general no tienen ni siquiera obligación de testificar. Todas estas normas rigen también para el cónyuge y los hijos del embajador.

La inmunidad de los diplomáticos en misión en el extranjero no es un capricho. “Es la única forma de evitar el acoso civil o penal de unos funcionarios que pueden llegar a ser incómodos. En el fondo, actúan como espías, informando para el país de origen”, explica Blasco. Pero los abusos siembran cada poco tiempo el debate sobre si esta inmunidad sigue teniendo sentido. La Guerra Fría ya ha terminado. Un embajador español en Londres o Washington no parece que vaya a correr mucho peligro de que el Gobierno local le acuse falsamente de un asesinato.

Una de esas polémicas está en marcha en estos momentos en Reino Unido: la que concierne al multimillonario empresario saudí Walid Juffali y la agresiva campaña legal que ha montado para evitar pagarle a su exmujer lo que le demanda, alegando su presunta inmunidad diplomática. Ella, la exmodelo del calendario Pirelli Christina Estrada, le pide al jeque árabe parte de su fortuna, estimada en 5.000 millones de euros. Pero tras separarse en 2013, Juffali, previendo la demanda de su esposa, consiguió adquirir de repente estatus diplomático: la isla caribeña de Santa Lucía le nombró su representante en la Organización Marítima Internacional, con sede en Londres. Y comenzó la batalla legal.

Dos tipos de inmunidad

En febrero, la High Court londinense le denegó el estatus diplomático porque “era un constructo enteramente artificial” al no tener él “ninguna condición preexistente con Santa Lucía” ni “conocimiento alguno o experiencia sobre temas marítimos”. El jeque recurrió. La semana pasada, la Corte de Apelaciones afirmó que el juez se había equivocado al denegarle el estatus diplomático, pero rechazó la apelación porque, en todo caso, Juffali es un residente británico y, por tanto, puede ser perseguido civilmente, porque los diplomáticos residentes solo son inmunes en la consecución de actos oficiales. El jeque, en principio, tendrá que enfrentarse con su esposa y, eventualmente, perder un buen pedazo de su fortuna.

La inmunidad total no existe. Hay un talón de Aquiles importante al abuso de la Convención de Viena: el Estado de origen puede renunciar a ella y, de este modo, el diplomático vuelve a ser vulnerable. Es lo que ha ocurrido con el agregado de Interior en la Embajada de España en Brasilia. Jesús Figón confesó el 12 de mayo haber matado a cuchilladas, tras una fuerte discusión y en legítima defensa, a su mujer, la brasileña Rosemary Justino. Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español atendía la petición de su contraparte brasileña, y renunciaba a los privilegios que otorgaba a España la Convención de Viena. José Manuel García-Margallo dejaba a Figón en manos de las autoridades locales. “La inmunidad diplomática no puede servir nunca de coartada a hechos tan graves como la violencia machista”. Los abogados del comisario, del despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón (Ilocad), aseguran que su representado debe recuperar la inmunidad diplomática para ser juzgado en la Audiencia Nacional española.

La inmunidad es de dos tipos: de jurisdicción -a un diplomático no se le puede juzgar bajo ningún concepto por infracciones civiles o penales- y de ejecución -incluso aunque le juzgaran, no podrían ejecutar la sentencia-. “Es lo que me pasó a mí cuando era embajador en Brasil”, cuenta Carlos Blasco. “Teníamos un conflicto laboral con los trabajadores de la embajada. Estos demandaron a la embajada y a mí como embajador, y el Tribunal Supremo nos llamó a declarar. Yo no asistí al juicio. Nos condenaron a pagarles, pero no lo hicimos: tampoco pueden ejecutar”.

En España, el Convenio de Viena se desarrolla en el Real Decreto 2822/1998 sobre vehículos y en la orden del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 2001 sobre franquicias diplomáticas. “En ellos se expresa de forma concreta cómo se aplican en nuestro país todos los privilegios de que disponen”, explican a El Confidencial fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Desde la entrada en vigor de esta regulación, en el año 2000, no hay constancia de se haya llevado ante los tribunales ningún supuesto de abuso de estos privilegios e inmunidades por parte de ningún diplomático”, resaltan.

Esto no significa que no existan esos abusos, sino tan solo que no llegan a los tribunales. “En todo caso, poco a poco se va en la línea de restringir la inmunidad a lo propiamente de 'iure imperi' o 'iuri gestioni', dejando a un lado los actos de la vida privada del diplomático, que están protegidos por la inmunidad de tipo más bajo o no protegidos”, comentan fuentes diplomáticas. Los actos 'iure imperi' o de Estado son aquellos relacionados con los actos de gobierno propiamente dichos y no están sujetos a revisión judicial. Los actos 'iure gestionis' son los que realiza el Estado cuando actúa como un sujeto de derecho. Los crímenes de guerra, la piratería, el genocidio, las desapariciones o la tortura, por ejemplo, no se consideran como tales.

Represalias y extorsiones

A pesar de lo que suele creerse por las películas de espías, ya no es cierto que las instalaciones de las embajadas sean territorio del país al que pertenecen. Lo que sí son es físicamente inviolables: las fuerzas del orden no pueden entrar. Esto es lo que aprovechó durante meses, a principios de los noventa, el cónsul español en Miami. Eric Martel había sido destituido como cónsul por el Ministerio de Exteriores español por presunta mala praxis. Estados Unidos le había revocado el estatus diplomático. Pero él se negaba a abandonar el consulado, un palacete al que habían cortado el agua y la luz, hasta que los tribunales españoles resolvieran su demanda por despido improcedente. Un año después, abandonó su atrincheramiento tras una orden de un juez estadounidense.

En Reino Unido se estima en más de 100 millones de euros la deuda en multas impagadas de los diplomáticos. En la práctica, puede haber represalias hasta por este tipo de ofensas. “Hay diplomáticos que aparcan donde les viene en gana o que violan las normas de velocidad. Las autoridades locales no pueden penalizarlos legalmente, pero sí de forma indirecta: por ejemplo, es habitual denegar licencias de importación para la embajada a los más díscolos”, explica una fuente diplomática. “Por ello, muchos en la práctica sí cumplen con las normas y pagan las infracciones”.

Los representantes en el extranjero son fuente de extorsión. Eso es lo que alegó un español cuando atropelló a un niño en India con su vehículo. No hizo falta en este caso tirar de protección legal: el embajador llegó a un acuerdo con la familia para compensarles económicamente. “En China nos advertían contra la posibilidad de que alguna familia desesperada arrojara a su hijo bajo las ruedas de tu coche para cobrar la indemnización”, recuerda Carlos Blasco.

Recientemente, el embajador español en Pekín, Manuel Valencia, se ha visto envuelto en una polémica que, según él, es una invención. Una novelista china asegura que él la habría agredido en plena calle. La mujer, Jiu Dan, de 47 años, afirma que Valencia es su amante (está casado) y que estaba enfadado porque ella había relatado su aventura en una novela. La escritora ha publicado su foto con el ojo morado por la presunta agresión en una revista china. Aun en el caso de que la acusación contra Valencia fuera cierta, poco o nada podría ocurrirle, debido a su inmunidad diplomática.

Además, salvo en caso de delitos graves de Estado, el país anfitrión suele ser poco dado a cargar contra unos diplomáticos a los que, al fin y al cabo, refrenda al conceder la acreditación. Los diplomáticos, pues, no disfrutan de carta blanca al cien por cien, pero están drásticamente más protegidos que el resto de los ciudadanos.