Las prostitutas de Francia defienden a sus clientes

“Es como si tuvieras derecho a hacer pan y a tener una panadería, pero tus clientes no tuvieran derecho a comprarlo”. Gilda eligió su profesión libremente hace más de una década, paga sus impuestos, cotiza para su jubilación, contacta con sus clientes a través de internet, los selecciona y trabaja en su propio apartamento. A partir de ahora, sin embargo, sus clientes no podrán pagar legalmente por los servicios que les presta porque Gilda es prostituta y, aunque la prostitución no es un delito en Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que penaliza al que paga por sexo.

Gilda está muy lejos del perfil de víctima de la prostitución que la nueva ley quiere proteger. “Es grotesco. Es absurdo. Se presenta como un avance social y un progreso o algo que nos va a ayudar, cuando lo que hace es suprimir nuestros ingresos”, denuncia esta portavoz del Sindicato del Trabajo Sexual en Francia. Como el sindicato, decenas de asociaciones que agrupan a colectivos de prostitutas se han levantado en pie de guerra contra una ley que, aseguran, va a empujar a las trabajadoras sexuales a una mayor clandestinidad y, por lo tanto, a una mayor vulnerabilidad, como denuncia Médicos del Mundo.

La proposición de ley socialista “que refuerza la lucha contra el sistema de prostitución” fue aprobada por los diputados franceses el pasado miércoles tras más de dos años de idas y venidas entre el Senado -que la rechazaba al no llegar a ponerse de acuerdo sobre su medida estrella, la penalización del cliente- y la Asamblea Nacional, que finalmente ha tenido la última palabra. Una vez entre en vigor, probablemente en un par de semanas, “la compra del acto sexual” será sancionada con multas de hasta 1500 euros, 3750 si hay reincidencia. El texto está inspirado en la ley sueca que desde 1999 castiga a los clientes, y convierte a Francia en el quinto territorio abolicionista tras Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte.

Con la nueva ley “se considera a las prostitutas como víctimas y no como delincuentes”, ha afirmado Maud Olivier, la diputada socialista impulsora de la proposición. Efectivamente, el texto suprime el delito de “racolage” pasivo u ofrecimiento de servicios sexuales, que se instauró en 2003 cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior y que criminalizaba a las trabajadoras del sexo. El “racolage”, que tanto inspiró a Degas o a Toulouse Lautrec, se convirtió en un delito que, además, otorgaba a las fuerzas del orden una enorme arbitrariedad, ya que ¿cómo se sabe si se está haciendo un ofrecimiento pasivo? ¿Por la vestimenta? ¿Porque fuma un cigarrillo en una esquina? Los grupos abolicionistas hablan, por lo tanto, de una “nueva conquista para los derechos de la mujer”.

Pero no todas las prostitutas -aunque también hay hombres, este es un mundo eminentemente femenino- se consideran víctimas. Gilda o su compañera de sindicato Morgane Merteuil, que se define como “puta radical”, son orgullosas defensoras de su oficio y dan la cara por un colectivo estigmatizado. Hay muchísimas situaciones diferentes y esta ley, denuncian, mete a todos en el mismo saco. “No se puede comparar una mujer inmigrante originaria de África subsahariana que no tiene acceso a papeles ni al mundo del trabajo y que es explotada, con una francesa que se prostituye ocasionalmente, con una estudiante que lo alterna con otros trabajos para pagar sus estudios o con alguien como yo que ejerce a través de internet. Son situaciones muy diferentes y no hay soluciones universales”, señala Gilda a El Confidencial.

Parte del paisaje parisino

Las leyes han ido cambiando, pero el oficio más viejo del mundo ha sido, y sigue siendo, una parte del paisaje urbano en París. Desde los decadentes y horteras alrededores de Le Moulin Rouge, con sus templos dedicados al sexo y al voyerismo, a la castiza calle de Saint Denis en pleno centro de la capital, donde la putas tradicionales lucen escote y peregrinan a sus pequeños apartamentos escaleras arriba varias veces al día desde hace décadas.

“Se impone una visión de que el cuerpo pertenece al Estado”, denuncia Giovanna Rincón, presidenta de Acceptess Transgenres, una asociación que trabaja fundamentalmente con transexuales y afectados por el VIH-Sida y que considera que la ley quiere imponer una visión puritana y moralizadora sobre la cuestión del cuerpo. “Hay que abordar el feminismo de una manera diferente. Qué mayor feminismo que el de una mujer, que hasta ahora ha sido reprimida, reducida a la reproducción y que hoy sea capaz de emanciparse de todos esos conceptos y salir a la calle a decir, sí me dedico a esto. ¿Por qué tenemos que sufrir por el cuerpo de otros si esos mismos no lo están lamentando ni pidiendo?”, reflexiona esta mujer transexual, que llegó a Francia desde Colombia hace una década y que ejerció la prostitución durante 20 años.

Las asociaciones reconocen que, por supuesto, existen casos de explotación y personas que viven situaciones de violencia. Que hay mujeres obligadas a acostarse con 30 o 40 hombres al día y que viven encerradas por sus chulos, sin posibilidad de denunciar porque no tienen nada. Pero para luchar contra ello, aseguran, bastaría con aplicar el derecho común, que ya castiga la trata de blancas, el trabajo forzado, el proxenetismo o la explotación sexual. “No es necesaria una ley específica, discriminatoria sobre esta o aquella categoría. La gente tiene que tener derecho al trabajo, a la sanidad, al alojamiento, a las ayudas sociales como todos los demás, sean forzados o no”, opina Merteuil, autora además del ensayo “¡Liberad el feminismo!”.

“Podemos ser putas y luchar contra el tráfico de seres humanos”, defiende Giovanna Rincón. Otras, como Gilda, recuerdan que muchas de las víctimas explotadas han sido condenadas hasta ahora además por trabajar sin declarar los ingresos, una doble condena que no es anecdótica, sino que pasa a menudo. “Se puede ser víctima de proxenetismo, condenada por no clarar tus ingresos y expulsada si eres inmigrante”, resume esta prostituta, travesti, especializada en dominación y que se presentó como cabeza de lista a las elecciones regionales del año pasado por la Federación Libertaria Unitaria Abierta en Hauts-de-Seine, en la periferia de París. Gilda, como Morgane o Giovanna, demuestran que el fenómeno de la prostitución es poliédrico y complejo y, para la gran mayoría de las personas, completamente desconocido y lleno de tópicos y prejuicios.

Para luchar contra la explotación, la nueva ley aprobada esta semana prevé permisos de residencia de seis meses para las personas extranjeras que dejen el oficio, y una “ruta de salida de la prostitución” a través de un acompañamiento social y de medidas de prevención con un presupuesto de 4,8 millones de euros al año. Las asociaciones ridiculizan esta partida. Se estima que en Francia hay más de 30.000 personas que se dedican a la prostitución, por lo que, con lo presupuestado por la ley, quedarían unos meros 160 euros por persona al año para su salida del oficio sexual, calcula Médicos del Mundo.

Mayor vulnerabilidad

“El acompañamiento social no prevé, por ejemplo, el alojamiento, y a los inmigrantes les ofrecen papeles pero sólo durante seis meses, un tiempo insuficiente para encontrar trabajo y establecerse. Si a alguien le retiras su sustento y no le ofreces lo suficiente para vivir dignamente, no lo dejará nunca. Y los que no quieran dejarlo no van a poder trabajar tranquilamente”, lamenta Aline Lathieyre, de Médicos del Mundo. “La ley no va a afectar a las redes criminales y mafiosas de proxenetismo, porque son trasnacionales, están muy estructuradas y se mueven entre muchos países. Si la ley no les conviene, van a otro sitio”, añade Rincón.

La ONG ya ha podido comprobar sobre el terreno cómo el temor a esta nueva ley está afectando a las trabajadoras sexuales. Si un cliente no quiere ser visto, probablemente intentará llevar a la prostituta a un lugar más alejado, más escondido y, posiblemente, más peligroso para ella. La precarización del trabajo va a obligar a algunas a aceptar servicios que antes no admitirían o a clientes de los que no están muy seguras. Porque, al final, aseguran, el alquiler hay que pagarlo igual. O van a tener que recurrir a intermediarios, se teme Morgane Merteuil. Lo que las hace más vulnerables.

La prostitución es una actividad legal en Francia, sus trabajadores pagan impuestos y cotizan para su jubilación, recuerda Lathieyre, “por lo que las personas que lo ejercen libremente deben dejar de ser estigmatizadas y reprimidas. No hay que poner en marcha medidas nuevas sino dejarlas trabajar en paz porque si no se les expone a más violencia y riesgos. Hay que aceptar que es un trabajo y acompañar a las personas que son víctimas de violencia”.

Para Rincón, que lleva años defendiendo a las minorías de las minorías, a un colectivo que se encuentra con las vulnerabilidades de ser inmigrantes, portadores de VIH y transexuales, la dignidad y la voz de las trabajadoras del sexo está por delante de cualquier ley: “Son autónomas, están haciendo un seguimiento sanitario, se pagan su baguette todas las mañana y su transporte y son dignas con ese trabajo, no pueden ser reducidas a la invisibilidad y a ser únicamente considerados como “sujetos prostitutos”. Que las dejen tranquilas”.