Bélgica ya fue un santuario para los etarras en el pasado

Los atentados de esta semana han puesto de manifiesto la facilidad con la que los yihadistas han estado operando en Bélgica, especialmente en su capital. Sin embargo, no solo el islamismo, sino organizaciones violentas de todo el mundo han tenido presencia en este país, empezando por ETA. Aunque Bélgica fue el primer país que deportó a unos etarras reclamados por España, en 1984 -incluso antes que Francia-, la situación no tardaría en cambiar.

Bruselas es una de las capitales mundiales del tráfico de armas, por lo que muchos movimientos armados mantenían representantes allí, donde, además, era relativamente seguro realizar contactos con organizaciones afines (ETA lo hizo, como mínimo, con el IRA y con las efímeras Células de Combate Comunistas belgas). La ciudad era también considerada el punto de salida más seguro para viajar hasta los campos de entrenamiento de Yemen del Sur, vía Roma y Beirut, dirigidos por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), en los que fueron adiestrados una docena de etarras.

Se cree que los bancos belgas eran utilizados también por la organización para recibir transacciones, como los 900.000 dólares presuntamente enviados por Libia a ETA en 1985 a través del Bruxelles Lambert Bank. Pero sobre todo, los militantes se beneficiaban de la renuencia de una judicatura belga que se resistía a autorizar la extradición a España de aquellos etarras detenidos en Bélgica. Por ejemplo, en 1982 Juan José Arrese y Fernando Bilbao evitaron 'in extremis' su expulsión tras ser arrestados por la policía belga cuando un juez les concedió el permiso de residencia.

Al año siguiente, Joseba Artetxe 'Txistu' y Salvador Ormazábal Corral 'Yosu', fueron interceptados por agentes belgas cuando transportaban un cargamento de munición en un coche. Esta vez no hubo dudas: ambos fueron enviados a España (donde acabarían absueltos por la Audiencia Nacional). Pero en represalia, ETA-pm colocó una bomba en el Palacio de Justicia de Amberes, que no causó víctimas.

Desde aquel año no volvería a producirse ninguna extradición hasta 2005, cuando el Tribunal Supremo belga autorizó la de Diego Ugarte López de Arkaute y Jon Gómez López, considerados responsables del asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta. A esta le siguieron, en 2010, las de Luis María Zengotitabengoa, acusado de haber alquilado una furgoneta cargada de explosivos que la Guardia Civil interceptó en Zamora, y en 2011 la de Ventura Tomé, un “histórico” de los años 80. Pero en aquellas dos décadas intermedias precedentes, Bélgica sirvió como “base alternativa” para aquellos que habían tenido problemas de residencia en Francia, un flujo que se aceleró después de que el Gobierno de François Mitterrand aceptase empezar a colaborar con el de Felipe González en materia antiterrorista.

Acusaciones de tortura

El caso más sonado fue el de Raquel García y José Luis Moreno, presuntos colaboradores del comando Vizcaya. arrestados en la localidad de Vilvoorde en 1993. Poco después, una jueza belga tomó en consideración las alegaciones de que las declaraciones inculpatorias contra ellos, basadas en el testimonio del etarra Juan Ramón Rojo, habían sido conseguidas “mediante malos tratos”. Tres años después, el Gobierno belga paralizó la extradición, y ambos fueron puestos en libertad.

Lo mismo ocurrió en 1996 con el presunto etarra Enrique Pagoaga, 'Peixotin', detenido a su llegada a Bélgica procedente de Venezuela portando un pasaporte falso. Aunque no se le concedió asilo político, poco después fue puesto en libertad y se le permitió obtener un permiso de residencia. El Consejo de Estado también ordenó suspender en 1998 la expulsión de Ricardo Cruz Maiztegui a México, autorizada por el Gobierno belga.

La tensión entre las diferentes instituciones belgas respecto a la presencia de etarras en el país es uno de los motivos por los que lograr una extradición desde Bélgica ha sido a menudo mucho más complicado que desde otros estados europeos. La judicatura parece especialmente sensible a las acusaciones de tortura contra las autoridades españolas, como las realizadas por el abogado Paul Bekaert: incluso en fecha tan reciente como 2011, este pudo evitar que Natividad Jáuregui, presunta miembro del Comando Vizcaya y sospechosa de al menos seis atentados, que residía tranquilamente en Gante hasta su detención, pudiese ser expulsada a España.

En aquel momento, Bekaert alegó que, tras 32 años, se había pasado el “plazo razonable” en el que era razonable plantear la extradición. Y menos, afirmaba, a nuestro país, “una democracia salvo en lo que concierne a los presos vascos, sometidos a torturas, leyes especiales o una incorrecta política penitenciaria”. La argumentación convenció al Tribunal de Gante que juzgaba el caso, que falló a favor de la etarra, asegurando que existían “motivos para sospechar que Natividad Jáuregui podría sufrir una violación de sus derechos humanos en España”.

En 2015, el programa de Cuatro “Un Tiempo Nuevo” aún pudo localizar a Jáuregui viviendo en Gante bajo el falso nombre de Jaione, aunque la antigua militante de ETA se negó a hablar con los reporteros. Casos como este, sin embargo, son la excepción, y hoy Bélgica ya no puede ser considerado un 'santuario alternativo' para los etarras, como lo fue antaño.