Cárceles en Chile: ladrones en mazmorras, torturadores de Pinochet en celdas de lujo

Pistas de tenis, zona de barbacoa, pantallas de 42 pulgadas y televisión por satélite son algunos de los lujos a los que tienen acceso en Chile los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet. Pero en el resto del país, los presos comunes sufren frío, duermen entre chinches y comen rancho en descomposición. Ahora, un informe califica estas condiciones de “inhumanas”.

Juan Carlos (nombre ficticio) comparte una celda de dos metros de ancho por tres de largo con otros ocho presos. El calor es insoportable y sobre las camas amontonadas campan a sus anchas pulgas y chinches. Sin embargo, el insecto más temido en la Penitenciaría de Santiago, la 'Peni', es la vinchuca, porque puede transmitir el chagas. Los reos aseguran que de noche se les mete en las orejas y suelta allí sus huevos.

“Ahora es verano y no está tan mal, dormimos en el patio. El problema es en invierno, con el frío. Y cuando llueve, que las alcantarillas se inundan y todo lo que hay allí dentro sale para fuera”, explica Juan Carlos desde un teléfono móvil que, como muchos otros presos, ha introducido en la cárcel de forma ilegal para mantener el contacto con su familia. El reo pide mantener el anonimato por miedo a represalias.

Hay denuncias de reos a quienes los guardias encierran esposados en celdas de bandas rivales para que sean violados

El informe de la Comisión de Cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago para el segundo semestre de 2015 concluye que, en el penal donde está encerrado Juan Carlos, la situación “llega a estar reñida con los más elementales estándares que exige la dignidad humana”. El documento, firmado por la jueza Romy Grace Rutherford, describe escenarios de “hedor, oscuridad y pestilencia”, condiciones “absolutamente inhumanas” que incluyen la ausencia de electricidad, agua potable y atención sanitaria.

En algunos lugares, los presos pasan hasta 17 horas seguidas sin comer. En otros, se ven obligados a comer con las manos alimentos todavía congelados o en avanzado estado de descomposición. Rutherford describe también “instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no solo de electrocución de algunos internos, sino también como agentes potencialmente generadores de incendios”.

Las víctimas de San Miguel

El 8 de diciembre de 2010, el riesgo de incendio que hoy menciona la jueza en el informe se hizo realidad. El fuego se propagó por el cuarto piso de la Torre 5 del penal de San Miguel en menos de tres minutos. Con solo cuatro funcionarios a cargo de la seguridad de un recinto que albergaba más de 1.900 presos, la tarea de evacuación fue lenta y 81 personas murieron ahogadas por el humo y las llamas en el peor desastre carcelario de la historia de Chile.

César Pizarro es el hermano de uno de los jóvenes que fallecieron en San Miguel. Junto con otros familiares de víctimas fundó 81 Razones, una ONG que recoge denuncias de los presos. “No recibimos tantas quejas por la comida, el frío o la suciedad. El principal motivo de denuncia son las torturas por parte de Gendarmería, recibo hasta 30 llamadas al día”, explica.

Pizarro describe escenas de terror dentro de las prisiones: “Gendarmería asegura que es violencia necesaria, para reducir a los presos cuando hay peleas. Pero el otro día en Valparaíso les dispararon a mansalva balas de goma a la cara. A otros 40 internos del Módulo 115 les rompieron la cabeza a palos. Estaban de rodillas, reducidos, y les pegaron en la cabeza como quien golpea un bombo”. El joven comenta que “en la dictadura de Pinochet la milicia sacaba a los presos de la cárcel, los mataba y los enterraba. Ahora tienen la autoeliminación: dejan que los presos se maten entre ellos”.

81 Razones ha recibido denuncias de reos a quienes los guardias encierran esposados en celdas de bandas rivales para que sean violados. “En Rancagua, hace dos semanas, metieron a 15 presos esposados dentro de la celda de una banda rival y cerraron la puerta”, relata. Pizarro asegura que los presos tienen miedo a denunciar los abusos porque “el interno que denuncia a un gendarme, posiblemente salga muerto o en silla de ruedas”.

Sin embargo, la tecnología juega a su favor: “Gendarmería tiene sus cámaras, nosotros los celulares. Si el gendarme le pega a un preso a la una de la tarde, a la una y cinco el preso me está mandando una foto, me dicen dónde están y quién es el gendarme”. A continuación, la ONG traslada la denuncia a la dirección del penal o a las autoridades judiciales. Una de las prácticas más comunes es el “pago al contado”: cuando un interno comete una falta, lo 'paga al contado' recibiendo una brutal paliza de los guardias a cambio de que la falta no aparezca en el expediente.

"Los gendarmes están muy mal pagados"

Los últimos datos muestran que durante 2014, el Ministerio Público recibió 76 denuncias por maltrato cometido en el interior de las cárceles chilenas. Un 58% no fue investigado y el 42% restante “no tuvo ninguna consecuencia que se pueda llamar proporcional”, según Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), una organización que proporciona ayuda legal a los presos.

Su responsable de derechos humanos, Macarena Albornoz, denuncia “prácticas arraigadas en la cultura carcelaria chilena”, así como la escasa formación de los guardias en derechos humanos. Pero también habla de las malas condiciones que sufren quienes trabajan en las cárceles: “Los gendarmes están muy mal pagados, trabajan en celdas como las de los presos y son los funcionarios públicos que registran más suicidios en su lugar de trabajo. Hasta que no mejoren las condiciones de los gendarmes, no pararán la corrupción ni los abusos”, avisa.

"Existe una legislación cada vez más punitiva, los jueces aplican la prisión preventiva de una manera muy intensa y el poder ejecutivo no concede beneficios penitenciarios"

Chile es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más reos por habitante (300 por cada 100.000 habitantes), solo por detrás de Estados Unidos (713 por cada 100.000 habitantes) y por delante de España (130 por cada 100.000 habitantes). Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el jefe de la unidad jurídica, Rodrigo Bustos, explica que “no todas las violaciones de los derechos humanos tienen que ver con la Gendarmería de Chile. Hay un problema que tiene que ver con el Estado chileno en su conjunto”.

La población carcelaria ha pasado de 33.000 personas en el año 2000 a 51.000 en 2013. Según Bustos, el incremento no refleja un aumento de la delincuencia, sino un cambio de enfoque por parte de los distintos gobiernos. “Existe una legislación cada vez más punitiva, los jueces aplican la prisión preventiva de una manera muy intensa y el poder ejecutivo no concede beneficios penitenciarios”, lamenta, y cita cifras que revelan que casi un tercio de los presos en Chile están encerrados en régimen de prisión preventiva. Este enfoque estricto agrava las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los penales, donde la ocupación media es del 150%, con algunos registrando una sobreocupación del 300%, según el INDH.

El informe de la Corte de Apelaciones es particularmente duro en su análisis del penal Santiago 1, que, como otras siete cárceles chilenas, no está gestionado por el Estado, sino por una empresa concesionaria. El documento sugiere la necesidad de poner fin a la concesión ante la cantidad de “incumplimientos flagrantes” en que incurren las empresas que gestionan el penal.

"Los olvidados del sistema"

“El sistema se pensó porque el Estado no tenía suficiente dinero para seguir construyendo cárceles, pero lo cierto es que no ha disminuido el hacinamiento y el sistema ha mostrado mucha dificultad a la hora de garantizar derechos”, subraya Bustos. Desde Leasur, Albornoz explica que “las cárceles concesionadas tienen estándares de seguridad más altos, pero son más violentas y más caras”.

Miguel Ángel Castro es un artista del grafiti que organiza talleres de pintura en una cárcel concesionada: “El problema es haber convertido una necesidad que tiene cualquier sociedad en un negocio. No hay ningún tipo de fiscalización de las empresas por parte del Estado y hay mucha plata que se está robando”. Tras un año trabajando con los reos, Castro reflexiona que “al hablar de cárceles, uno habla de algo filosófico, de la gente que vive en la punta de lanza de los olvidados del sistema”.

Desde el interior de la cárcel, Juan Carlos, cuya voz llega entrecortada a través del teléfono, cuenta que lleva encerrado 12 años. “Me cayeron 25 y medio por robo con violencia. Llevo aquí una vida entera, me he perdido un montón de cosas”, suspira. A los 43 años, asegura que podría salir en dos años por buen comportamiento. “Cumplo con todos los requisitos, pero no me van a dar ningún beneficio, ni libertad vigilada, y eso me frustra”, explica.

Al otro lado de los muros, su mujer habla mientras contempla las rejas. “Cada vez que sales te entra pena, porque no sabes si lo vas a volver a ver”, explica con lágrimas en los ojos. Hermana de una de las víctimas del incendio en el penal de San Miguel, conoció a Juan Carlos hace cuatro años durante un taller en la cárcel. “No les dan una vida digna. Ellos cometieron un error, y lo están pagando. Pero privarles de su libertad ya es suficiente”, opina, y afirma que lo más duro es el desprecio de la sociedad hacia los reos.

“La gente los ve y dice: ‘Si son delincuentes, ¿por qué no se murieron todos?’. Es así a los ojos de la gente que nunca ha tenido un familiar privado de libertad. Porque, ¡pucha que cambia cuando realmente te toca a ti! Cuando murió mi hermano, escuchaba a la gente decir esto y, a veces, con lágrimas en los ojos, me enfrentaba a ellos y les decía: ‘Sí, pero ese delincuente tenía familia. Una familia que lo amaba y lo esperaba. Mi hermano robó un camión de cigarrillos. Cometió un error y pagó el precio más alto”.