Syriza negocia en Bruselas acabar con los oligarcas de los medios

En el intenso combate político que está teniendo lugar en Grecia entre Syriza y sus adversarios, las televisiones son una trinchera más. Y la mayoría de ellas, en manos de un pequeño grupo de empresarios de los medios, son abiertamente hostiles al Ejecutivo de Alexis Tsipras. De ahí la ofensiva lanzada en Bruselas por el Gobierno griego para acabar con este oligopolio: una delegación encabezada por el secretario general de Comunicación, Eleftherios Kretsos, estuvo recientemente en la capital belga negociando la reforma del sector audiovisual heleno. Junto a Krestos, tres altos asesores cercanos a Tsipras y al ministro de Estado, la mano derecha del jefe de gobierno.

El régimen actual de televisiones en Grecia, en vigor desde hace 25 años, se basa en licencias temporales renovadas sin tasas ni mediante un concurso público. Una anomalía que terminará gracias a una nueva ley de medios aprobada en octubre, si las luchas políticas lo permiten. Atenas sacará en los próximos meses la primera subasta pública de licencias de televisión en la historia del país. “Tras Italia, Grecia tiene el mayor número de canales de televisión gratuitos estatales de toda la UE”, explica Krestos a un grupo de periodistas, entre los que está invitado El Confidencial, “necesitamos racionalizar esta situación y tener una competencia justa y abierta”, señala el dirigente. El número de licencias a entregar todavía no está decidido.

Apoyándose en las exigencias del tercer rescate, que dice literalmente que en la primera parte de las reformas, bajo supervisión estos días, debe “anunciarse una subasta pública internacional para la adquisición de licencias de televisión y las tasas para el uso de frecuencias relevantes”, el Ejecutivo de Syriza pretende actualizar su sistema audiovisual según las normas europeas. Algo que no disgusta a Bruselas.

Syriza negocia con los principales partidos de la oposición la subasta televisiva aunque, de momento, no ha conseguido un acuerdo con Nueva Democracia y el Pasok. Tras la ley de medios aprobada el otoño pasado, ahora es necesario que un 75% de los diputados pacte la composición del Consejo Nacional de Radiotelevisión, el organismo independiente que conducirá la adjudicación.

Millones de euros no recaudados

MegaTV, Skai, Star o Alpha son algunas de las grandes cadenas griegas que emiten gracias a un vacío legal que les ha permitido ahorrarse millones de euros de tasas audiovisuales o por sus licencias. Dinero que no recibieron las arcas griegas. “No entiendo por qué la oposición quiere que los propietarios de las televisiones obtengan estos recursos públicos gratis”, se lamenta Krestos.

“Dejar que todo siga como hasta ahora... Nueva Democracia o el Pasok básicamente no quieren cambiar el escenario de los medios”, acusa directamente uno de los representantes de la delegación griega desplazada a Bruselas, quien desmiente las informaciones sobre posibles críticas europeas a la nueva ley audiovisual.

Atenas no ha recibido ningún escrito oficial con objeciones de la Comisión sobre la ley de medios aprobada, sobre la creación de una autoridad audiovisual independiente o sobre la futura subasta de licencias. La delegación griega estuvo precisamente en Bruselas explicando la ley de octubre, “que tiene en consideración las normas de la UE, basándose en la transparencia y la libre competencia”, insiste Krestos.

El Banco de Grecia y un fiscal especializado en delitos financieros mantienen abierta una investigación sobre los préstamos bancarios recibidos por algunos de los principales grupos televisivos del país. Ejecutivos del sector financiero y directivos de las cadenas deberán comparecer en esa investigación.

Según la prensa helena, las televisiones adeudan a los bancos cerca de 700 millones de euros en préstamos, aunque, como denuncia un asesor del ministro de Estado, “siguen recibiendo ayuda financiera de los bancos en condiciones que no se ofrecen al resto de la sociedad, a las empresas”. También apunta a las deudas existentes con la seguridad social y la hacienda griega. Un documento de la Secretaría General de Información y Comunicación de Grecia señala claramente que “los titulares de licencias que tienen préstamos morosos están excluidos de la participación en el proceso de licitación”.

Fuentes del Gobierno griego insisten en que no es tan importante el número de licencias a subastar como la calidad futura de los contenidos televisivos, y por eso quieren excluir a “actores involucrados en el mercado de la radiodifusión y la publicidad convictos de delitos”. El actual Ejecutivo griego lo tiene claro, las relaciones entre televisiones privadas con inversiones en sectores económicos y la vieja política del país permitieron un sistema televisivo alegal. “Recibían licencias temporales que se han ido renovando. Se permitía a empresarios que no eran ni proveedores de contenidos periodísticos convertirse en 'networks' [canales de televisión]”, explican estas fuentes.

Las constructoras, vetadas de las pujas

Atenas prevé la aparición de siete nuevos canales, y no necesariamente serán todos griegos. Las directrices del tercer rescate explican que la subasta debe estar abierta a operadores internacionales, y el documento del Gobierno pone como ejemplo las subasta digitales realizadas en “Italia, Portugal, Chipre, Rumanía y España con excelentes resultados”. No hay previsiones de la recaudación, pero desde el Gobierno sí señalan que “esta reforma es muy importante para las cuentas”.

El Ministerio de Estado que dirige Nikos Pappas concretará los términos de la subasta “siguiendo las recomendaciones de la autoridad audiovisual o requisitos económicos”. Como toda subasta, la de las licencias televisivas empezará con un precio fijado para cada una, según las recomendaciones del Ministerio de Finanzas, que aumentará según las pujas de los operadores.

Cada licencia televisiva será de 10 años, y vencido ese plazo habría una nueva subasta. Los grupos que concurran deberán tener una posición financiera sólida y capital para mantener una televisión operativa durante una década. Además, no obtendrán más de un canal de ámbito nacional, porque como dice con ironía uno de los miembros del Gobierno, “no soy un gran fan de las privatizaciones o monopolios”.

Si una empresa tiene vínculos con sectores como la construcción o concesiones de obras públicas, no podrá concurrir a la subasta. Y deberá indicar al detalle la composición de su accionariado, “proporcionar la información detallada sobre la estructura de su propiedad”, según el documento del Gobierno.

“Sabemos quiénes son los principales propietarios de las cadenas pero no estamos seguros al 100% de todos los actores en juego, quién está detrás de cada canal de televisión”, exclama Krestos. Syriza cuenta con el respaldo tácito de Bruselas, aunque para acabar con este oscurantismo, deberá pactar con sus rivales políticos.