La bomba del 'impeachment' a Dilma Rousseff explota

Brasil vive quizás el mayor terremoto político desde 1992, cuando fue destituido el presidente Fernando Collor de Melo. El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, ha desenvainado su espada de Damocles al anunciar que va a abrir el temido proceso de 'impeachment' contra la presidenta Dilma Rousseff. Se trata de una petición presentada el pasada mes de octubre por tres juristas del Tribunal Supremo Federal (TSF), que había quedado en el limbo durante dos meses de intensas negociaciones políticas, plagadas de conjuras y traiciones.

La petición de 'impeachment' se fundamenta en las famosas 'pedaladas' fiscales del Gobierno del PT, descubiertas en octubre por el Tribunal de Cuentas (TCU). Se trata de una práctica poco transparente por la que el Gobierno usa los bancos públicos para financiar determinados proyectos sociales como la famosa Bolsa Familia, el proyecto estrella del Gobierno del PT. De esta forma, algunas partidas no constan en las cuentas públicas y el déficit parece menor.

Según la auditoría del TCU, existen varias irregularidades contables en los presupuestos de 2014 por valor de 40.000 millones de reales (1.728 millones de euros). Por esta razón, este tribunal ha rechazado las cuentas del Ejecutivo de 2014, alegando que estaban maquilladas. Solo hay un precedente como ese que se remonta a 1937. Ha sido un bombazo para la credibilidad de la presidenta Rousseff y el desencadenante de un guion previsible, que podría llevar al 'impeachment'. Además, hay indicios de pedaladas también en las cuentas públicas de este año.

Todo acontece cuando la presidenta de Brasil acaba de completar su primer año en el segundo mandato. Dilma fue elegida el 26 de octubre de 2014 con una ajustada mayoría: tan solo el 51,64% de los votos. Desde entonces, su Gobierno ha tenido que deambular por caminos de muchas espinas y pocas rosas, entre la crisis económica, el macroescándalo de corrupción de Petrobras y el boicot de la Cámara más conservadora desde la dictadura, controlada por Cunha, enemigo declarado de Dilma Rousseff.

Y mientras Rousseff se reunía con varios ministros y asesores, muchos ciudadanos han empezado a celebrar la noticia con caceroladas en la calle. No hay que olvidar que casi la mitad del país votó en contra de su reelección. La crisis económica, con el paro en el 8% (un porcentaje considerado muy elevado) y la inflación por encima del 10%, ha aumentado el número de personas que quieren ver a Dilma fuera del poder. Algunos sondeos hablan incluso de un 70% de ciudadanos en contra del Gobierno del PT.

Las voces a favor del 'impeachment' comenzaron a resonar poco después de la reelección de Dilma Rousseff. En marzo, abril y agosto de este año hubo manifestaciones multitudinarias en todo el país, en las que decenas de miles de personas salieron a la calle para pedir la dimisión de la presidenta. Un diputado federal, Claudio Lessa, ha llegado a incluir en su blog una encuesta informal en la que sugiere seis salidas dignas de Dilma: entre ellas, renunciar, ser destituida o “cometer suicidio”.

Por lo pronto, la presidenta de Brasil ha comparecido en la TV para asegurar que las acusaciones son “inconsistentes” y ha pedido “tranquilidad y confianza en las instituciones”. “He recibido con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, ha declarado, al mismo tiempo que se ha mostrado convencida de que el proceso será archivado.

Vale la pena analizar los mecanismos internos de este complicado proceso jurídico, porque revelan las peculiaridades del sistema político brasileño, que brilla por su falta de transparencia y por su tendencia a la complicación. Todo en los pasillos del poder de Brasilia parece inspirado en las hazañas de los Borgia.

El 'impeachment' en Brasil está regulado por una ley de 1950, que establece que la Cámara decide si el procedimiento puede ser abierto y el Senado juzga al presidente del país. Sin embargo, el poderosísimo presidente de la Cámara ha creado un nuevo protocolo para instruir el caso de 'impeachment', que de facto le otorga el control absoluto a la hora de admitir a trámite estas peticiones y de crear una comisión especial para analizarlas. Esto ha hecho de Eduardo Cunha quizás el hombre más influyente de la arena política de Brasil.

Las enrevesadas reglas del juego que rigen la complicadísima política del país tropical han creado un intrincado laberinto de peticiones y recursos del Tribunal Supremo Federal que durante casi dos meses han paralizado el procedimiento de 'impeachment' y, junto a ello, la vida política de Brasil. Resumiendo, los diputados del PT han recurrido en muchos casos estas peticiones por vicios de procedimiento y el Supremo les ha dado la razón.

No es un secreto que Eduardo Cunha es un enemigo declarado de Dilma Rousseff. Sus relaciones nunca fueron buenas, pero empeoraron drásticamente a principios de este año. Algunos analistas políticos ven en la jugada del 'impeachment' una estrategia de Cunha para desviar la atención de sus implicaciones en el caso de corrupción de Petrobras. Recientemente, su credibilidad se ha visto empañada por su implicación en un grave escándalo de corrupción al más puro estilo Bárcenas. Cunha está acusado por delatores del caso Petrobras de haber recibido al menos cinco millones de dólares en propinas y de haberlos escondido en varias cuentas secretas en Suiza, algo que el ministerio público del país alpino parece haber confirmado en una investigación paralela.

Cunha se ha mostrado hasta ahora muy ambiguo. Mientras rechazaba 27 de las 34 peticiones de 'impeachment' contra Dilma, amenazaba con admitir esta última a trámite. “Es una decisión que llega después de mucha reflexión y dificultad. Nunca en la historia de un mandato ha habido tantas peticiones de 'impeachment'. No soy feliz por llevar a cabo eso”, ha declarado hoy Cunha.

Los políticos brasileños no han tardado en reaccionar. El diputado del PT Wadih Dampous ha anunciado que va a recurrir esta decisión al Supremo, mientras varios diputados petistas hablaban en el hemiciclo de “revanchismo” e incluso de “golpe”. “Cunha no tiene credibilidad, pero usa su ventaja de presidente de la Cámara, monocrática, imperial, de acoger una petición de 'impeachment”, escribe el diputado Chico Alencar.

Ahora el presidente de la Cámara va a constituir una comisión especial para analizar el proceso de 'impeachment', que debería empezar a reunirse dentro de 48 horas. Cunha incluso estudia la posibilidad de suspender el receso parlamentario previsto para el inicio del verano brasileño, para que dicha comisión siga funcionando. Los miembros de esta comisión tendrán que redactar un informe a favor o en contra del 'impeachment', que debe contar con el apoyo de dos tercios de los 513 parlamentarios. Sin embargo, es el Senado quien tendrá la última palabra. En caso de que realmente se llegue a una destitución, el vicepresidente Michel Temer asumiría el cargo interino. Cunha es el tercero en la línea de sucesión.

“Hoy es un día muy triste para la democracia brasileña”, señala Isabel, guionista de cine. “Hay gente que todavía cree que el problema es Dilma y que el 'impeachment' es la solución. Esto es muy ingenuo. Todos los políticos están con las manos en la masa, son todos unos corruptos". "El 'impeachment' no va a resolver nada. Más bien puede complicar este sombrío panorama político”, comenta con amargura Michele, una administrativa de Minas Gerais. Sea cual sea el resultado de este proceso, está claro que Cunha pretende usar esa estratagema para cabalgar la ola de descontento que recorre el país y aumentar su popularidad, afectada por los recientes escándalos de corrupción. Es un hecho conocido que el presidente de la Cámara aspira a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.

“Si [el 'impeachment'] llega a ocurrir, la democracia brasileña va a pagar un precio alto, porque no hay ninguna justificación. Sería un retroceso para la democracia que es, tal vez, la principal conquista de la sociedad brasileña. Además, cuando no hay estabilidad política, los agentes económicos no saben a qué atenerse. Hay que parar este proceso”, concluye André Singer, profesor de Ciencias Políticas y exportavoz del presidente Lula.