A casa en coche blindado: la peligrosa vida de los ejecutivos españoles en Venezuela (I)

Cuando un ejecutivo de una multinacional española -mandos intermedios incluidos- viaja o reside en Venezuela, sabe que su vida y la de sus hijos valen mucho menos que su ordenador portátil. Y hace todo lo posible para no tener que comprobarlo.

La mayoría de los cientos de ejecutivos españoles que operan en Caracas, por ejemplo, rara vez caminan por la calle. Cuando se atreven, nunca utilizan el teléfono móvil para que no se lo arranquen de las manos los típicos atracadores en moto -normalmente armados-, prefieren no vestir de traje, reemplazan sus relojes por otros más parecidos a los que llevaban en la universidad y, en el caso de los más prudentes, hasta se quitan las alianzas de matrimonio para no llamar la atención. No lo hacen para vivir una segunda juventud, sino por su propia seguridad. Y también porque a muchos de sus clientes les da miedo ser vistos con alguien que pueda sugerir que ellos tienen dinero.

Aun así, “desde hace dos años”, recuerda un extrabajador del Banco Santander, Venezuela se ha vuelto tan peligrosa que esta entidad financiera obliga a sus empleados a utilizar “el coche blindado para todos los desplazamientos largos, incluido el que va desde el aeropuerto al hotel”. Según este hombre, el precio medio semanal de un servicio de características similares en Venezuela alcanzaría aproximadamente los 600 dólares. Quizá no sea suficiente.

“Muchas veces el mayor riesgo es quedarse tirado en una carretera, lo que es fuente de secuestros, robos y asesinatos“, afirma un ejecutivo español

Un joven ejecutivo español (lo llamaremos Alfonso Domínguez), que viaja aproximadamente cada mes y medio al país bolivariano, aconseja “disponer de dos coches para que uno haga las funciones de apoyo”, pues “muchas veces el mayor riesgo es quedarte tirado en mitad de una carretera, que es una fuente enorme de secuestros, robos y asesinatos”. Si una banda de delincuentes rodea el vehículo en un lugar apartado, terminarán obligando a salir a los tripulantes a punta de pistola.

Además, es posible que su objeto de deseo sea el propio coche (el desabastecimiento de componentes de automoción ha multiplicado su precio y los robos de los vehículos), o que el blindaje no sirva de mucho si, como teme la empresa venezolana de seguridad privada PBG Servicios Ejecutivos, empiezan a popularizarse los explosivos entre los criminales. En octubre, el diputado chavista de la Asamblea Nacional bolivariana Freddy Bernal admitió ante las cámaras de Globovisión que se habían decomisado tres lanzagranadas en unas redadas. La prensa venezolana ha reflejado al menos tres presuntos ataques con lanzagranadas en mayo, junio y octubre contra la policía.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda “viajar en varios vehículos, todos ellos conectados entre sí, por si pudiera presentarse una avería mecánica, pinchazo o circunstancia adversa”. Y esto afecta a cualquier traslado en automóvil, porque los delincuentes no necesitan que el lugar del asalto esté especialmente apartado. Basta con que les permita escapar a toda velocidad para seguir dando golpes similares en otros sitios, o para no tener que enfrentarse con una policía que podría detenerlos, obligarles a compartir el botín o ambas cosas. Esto no es una broma macabra.

​Mucha policía y poca protección

No hay que olvidar, advierte el ejecutivo Alfonso Domínguez, que “muchos de los secuestros e incluso asesinatos son realizados por miembros de las fuerzas policiales que a veces van vestidos directamente de uniforme”. Son, según él, “de gatillo fácil” por culpa de una delincuencia que los desborda e intenta robarles las armas, y admite que es muy útil contar con un buen chófer que sepa cuánto y de qué forma hay que pagar en concepto de mordida a los agentes que montan controles absurdos en la carretera, donde se amenaza a los extranjeros con llevarlos a comisaría por no cumplir una normativa que, muchas veces, ni siquiera existe. La conclusión de este ejecutivo es previsible: “Nunca recurriría a ellos si me pasara algo… Llamaría siempre a contactos bien establecidos y que conozcan a militares”.

Todo eso ha convencido a los máximos directivos de las divisiones de las multinacionales españolas en Venezuela de que necesitan una protección digna de una estrella del pop. José Antonio Khliefat, presidente de la firma de seguridad PBG Servicios Ejecutivos, ha trabajado con cinco cotizadas de nuestro país, de las que tres forman parte en estos momentos del Ibex 35. Asegura que el despliegue habitual para este tipo de clientes consiste en “un motorizado que vaya por delante, un jefe de equipo con un chófer que acompañe al directivo en un primer coche blindado, y dos guardaespaldas más que le sigan en un segundo vehículo que puede ser blindado o no”.

Khliefat no quiere revelar los detalles y las tarifas de su empresa, pero cree que ese protocolo cuesta algo más de 2.000 dólares al día en el mercado, y que se parece a los que ya ha proporcionado a cantantes y 'celebrities' como Julio Iglesias… con la salvedad de que no suele incluir los típicos barridos de frecuencias en las habitaciones de los hoteles, los sistemas extra de videovigilancia en sus pasillos y los dispositivos de seguimiento GPS adosados al coche o al cuerpo del cliente.

Un protocolo de seguridad completo para desplazamientos VIPs cuesta 2.000 dólares al día, explica un empresario del sector

Es verdad que hay organizaciones españolas que ni llegan a estos extremos con sus primeros espadas, ni proporcionan a sus mandos intermedios la posibilidad de un coche blindado y un chófer. Aquí no solo se encuentran pequeñas o medianas empresas internacionalizadas con pocos recursos y que casi nadie conoce, sino también la propia embajada de España, donde únicamente el embajador, Antonio Pérez-Hernández, y la cónsul general, María Celsa Nuño García, cuentan con este tipo de protección, según fuentes próximas a la legación.

Las mismas fuentes aseguran que, en estas circunstancias, figuras como el agregado de Defensa, el consejero Económico y Comercial o el consejero de Interior tienen que utilizar “taxis de confianza por falta de presupuesto”. Y eso a pesar de que en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores se señala Caracas, que es donde está enclavada la embajada, como uno de los lugares más peligrosos de “uno de los países con mayor tasa de criminalidad del mundo” y “donde las condiciones de seguridad se degradan progresivamente”.

De hecho, el ministerio y la embajada recomiendan no atravesar bajo ningún concepto áreas enteras de la capital venezolana. En lugares como esos, la vida de un ejecutivo o un diplomático y su guardaespaldas valen menos que la bala de 7,62 milímetros de uno de los 100.000 kalashnikovs que Venezuela compró hace solo 10 años, acompañados de cargadores, bayonetas y de 12 millones de cartuchos de munición. En los próximos meses, se completarán allí las obras de una planta de fabricación de kalashnikovs, con la que esperan producir 25.000 fusiles de asalto al año, y de otra planta de municiones. Ambas estarán enclavadas en Maracay, una de las ciudades venezolanas que el Ministerio de Exteriores español destaca por su inseguridad, y su apertura se ha retrasado durante siete años porque, según el Kremlin, los contratistas rusos se quedaron con el dinero.

Miedo a explicar sus actividades

La protección de la embajada española, como la de varias multinacionales de nuestro país, corre a cargo del Grupo Vinsa, propiedad de Ilunion, la corporación empresarial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Según el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, dos de las sociedades del Grupo Vinsa, una dedicada a protección de bienes (Transporte y Comunicaciones Banvenez) y otra dedicada a personas y propiedades (Veinpro), están inhabilitadas para contratar con el Estado. Ilunion ha preferido no hacer declaraciones sobre sus trabajos en la república bolivariana porque necesitan extremar la discreción para seguir operando allí.

Dice algo del miedo que se respira en el ambiente el hecho de que Vinsa, una firma con décadas de experiencia y cientos de trabajadores en el país caribeño, que ha contado con clientes como la mayor petrolera local (PDVSA), la filial de Coca-Cola o la división del BBVA (Banco Provincial), no sea el único jugador del sector de la protección que no quiere o no puede abrir la boca públicamente, ni siquiera para proporcionar información básica sobre su actividad en Venezuela. La propia Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES), contactada por El Confidencial, también ha preferido guardar silencio. Los profesionales de las empresas españolas que residen o viajan a Caracas y que contratan los servicios de protección o no hablan o piden hacerlo únicamente bajo seudónimo.

A todos los ejecutivos españoles les aterrorizan por igual las zonas más peligrosas de Venezuela y Caracas -demarcaciones donde abundan los paramilitares que se enfrentan a la policía con fusiles de asalto, y a veces también con granadas- y les preocupan algunos trayectos en coche por lugares más 'pacíficos', que son la mayoría, donde abundan los delincuentes comunes que van en moto y usan armas cortas. Sin embargo, no todos los ejecutivos se enfrentan de la misma forma a los peligros de los espacios cerrados: los restaurantes, los hoteles, las casas donde viven sus hijos.

Para reuniones de negocios fuera de la oficina, los ejecutivos prefieren salones de hoteles de gama alta con grandes medidas de seguridad

Si la reunión de negocios es fuera de sus oficinas, los máximos directivos de las multinacionales españolas prefieren citarse en salones y restaurantes de hoteles de alta gama con elevadas medidas de seguridad que dispongan, además, de sus propios cuerpos de vigilancia y prevención de atracos y secuestros. Sus efectivos se suman a los que aportan empresas de guardaespaldas como PBG Servicios Ejecutivos, y crean así un sistema de anillos casi infranqueable.

Estos hoteles, entre los que destacan en Caracas los Hesperia, Meliá, Intercontinental Tamanaco y Eurobuilding, cuentan con múltiples salidas y accesos no solo porque es más cómodo para sus muchos clientes, sino también porque puede que algunos de ellos necesiten huir sin que los acorralen fácilmente los secuestradores.

Los mandos intermedios lo ven de otra manera. Alfonso Domínguez reconoce que prefiere hospedarse en un hotel de perfil más bajo para llamar menos la atención, y para evitar también las molestias habituales de muchas medidas de seguridad. Aún recuerda cómo el Hotel Cayena, en Caracas, tuvo que relajar recientemente sus estrictos protocolos porque sus huéspedes estaban hartos de dormir, comer o tomar un café en un espacio que les daba casi la misma libertad de movimientos que un búnker. Los cócteles saben mejor sin tantos detectores de metales.

Además, añade el ejecutivo, sus clientes no quieren ser vistos ni en un hotel de máximo lujo ni tampoco en compañía de un extranjero con la más leve pinta de 'yuppie'; por eso, cada vez le piden más reuniones fuera del país o directamente en sus casas o clubes privados. 'Low profile', por favor, le dicen, 'low profile'.