La 'empresa' con la que Reino Unido ganaba dinero asesorando a regímenes totalitarios

¿Cuánto tiempo lleva el Reino Unido negociando con regímenes totalitarios para asesorarlos en la gestión de sus prisiones? ¿Cuántos años lleva utilizando recursos financiados por el contribuyente para pujar por contratos comerciales millonarios? Las preguntas se han puesto encima de la mesa después de que el 'premier' David Cameron se haya visto obligado a cancelar un acuerdo con Arabia Saudí -valorado en 5,9 millones de libras- por la condena a 350 latigazos a un ciudadano británico pillado con botellas de vino casero en su coche.

El asunto ha creado una auténtica batalla interna en el gabinete del primer ministro. Mientras que el titular de Justicia, Michael Gove, apostó de inmediato por finalizar las negociaciones con Riad, el responsable de Defensa, Philip Hammond, y la de Interior, Theresa May -una de las favoritas para suceder a Cameron como líder del partido-, se mostraron reacios a terminar un acuerdo que puede ahora dañar las relaciones con el que consideran un aliado clave.

El Gobierno había participado en la licitación para la gestiones de prisiones a través de Just Solutions Internacional (JSi). Se trata de una seudoempresa, con sede en la norteña ciudad de Warrington, que, hasta este martes, actuaba al amparo del Ministerio de Justicia. O dicho de otro modo, una rama comercial bendecida por el secretario de Estado de dicho departamento, Chris Grayling.

Sin hacer ruido y sin presentación a los medios, JSi se creó en 2012 como parte de un proyecto mucho más amplio para reducir el impacto de los recortes mediante la generación de nuevas fuentes de ingresos para el Ejecutivo. Pero no fue hasta enero de este año cuando empezó a generar un polémico debate después de que el reputado periodista David Henke mencionara su existencia en su blog.

Henke no solo destacó el viaje realizado en septiembre de 2014 por Grayling a Doha y Riad, donde firmó un “memorando de entendimiento sobre cooperación judicial”. También se hizo eco de la “oferta a gran escala” presentada a la policía de Omán -proponiendo la “asistencia para el diseño de una nueva prisión”- y las visitas en octubre de 2014 del subsecretario de Justicia, Lord Faulks, a Kirguistán y Kazajstán, donde se firmó otro acuerdo.

El dinero obtenido por los contratos de JSi era reinvertido en NOMS, organismo encargado de la gestión de la prisiones de Inglaterra y Gales (las competencias de Irlanda del Norte y Escocia están transferidas). Y de esta manera, de acuerdo con los promotores, se podía mantener la “alta calidad” de estos servicios en medio de la era de austeridad impuesta por el Ejecutivo para hacer frente al déficit.

"Razones de confidencialidad comercial"

Pero si era una idea tan brillante, ¿por qué el Gobierno se ha mostrado durante todo este tiempo tan reacio a hablar de ello? No se ha revelado apenas información sobre las actividades de JSi ni al Parlamento ni a la opinión pública. Solo ha sido ahora cuando ha salido a la luz que, aparte del acuerdo de 5,9 millones de libras con Arabia Saudí, recientemente también se había ganado un contrato de 848.000 libras con Macedonia.

Bajo la ley de libertad de información, se han solicitado varios documentos. Sin embargo, los funcionarios de Whitehall se han negado a hacerlos públicos alegando “razones de confidencialidad comercial”. Diferentes ONGs, como Amnistía Internacional o Gulf Centre for Human Rights (GCHR), han cuestionado la legalidad de este tipo de operaciones.

Varios comentaristas liberales de justicia penal argumentan que el compromiso con los saudíes habría reducido el riesgo de torturas

En este sentido, David Allen Green, experto en legislación, destaca en el 'Financial Times' que la “cooperación judicial entre Arabia Saudí y el Reino Unido ya parecía bastante buena antes de estos memorandos, tal y como se demostró en 2013”. Entonces, el príncipe saudí Saud bin Abdulaziz bin Nasser al Saud, encarcelado tres años antes en Londres por asesinar a uno de sus sirvientes tras varios días de agresiones, fue trasladado a su país de origen para que cumpliese allí el resto de su pena. La decisión fue muy criticada.

“El diálogo es siempre mejor que el rechazo y, por lo tanto, cualquier persona sensata daría la bienvenida a la cooperación y el estímulo que podría ayudar a que el sistema de justicia de Arabia Saudí fuera menos inhumano. Sin embargo, la noticia de que el Ministerio de Justicia quiera hacer dinero ayudando al sistema saudí va más allá de la mera participación constructiva”, recalca.

Green denuncia que el JSi “ni siquiera es un fondo comercial en virtud de la legislación pertinente”, y que el Ministerio de Justicia “ha tenido que admitir al Parlamento que tampoco mantiene las cuentas de pérdidas y ganancias”. “El hecho es que sus recursos son funcionarios públicos, y al estar tratando de generar beneficios comerciales, se están desviando estos recursos de las prisiones de Inglaterra y Gales”, matiza.

El detalle es especialmente relevante teniendo en cuenta que el Servicio Penitenciario ha tenido que hacer recortes de 650 millones de libras a su presupuesto de 3.400 millones para este año, lo que ha llevado al cierre de 18 prisiones desde 2010.

Un portavoz del primer ministro británico señaló ayer que el Gobierno no participará en la puja para proporcionar entrenamiento adicional a Arabia Saudí. “La revisión se ha producido siguiendo la decisión anunciada a comienzos de septiembre de cerrar la rama Just Solutions International del Ministerio de Justicia que proporcionaba algunos de estos servicios", recalcó.

¿Reducir el riesgo de tortura?

Pero es aquí cuando surge la segunda parte del debate. Varios comentaristas liberales de justicia penal argumentan que el compromiso con los saudíes habría sido algo positivo. Rob Allen, cofundador de Justice and Prisons, considera que "lograr mejoras en los sistemas penitenciarios en el extranjero que puedan reducir el riesgo de tortura y malos tratos con los detenidos es algo bueno en sí mismo y parte de nuestra diplomacia".

En 2011, por ejemplo, la ONG Human Rights Watch visitó una prisión en Túnez -por primera vez en 20 años - y publicó un informe con recomendaciones para la mejora de las celdas. Mientras que se oponía a la pena de muerte en todas las circunstancias, también instó a que a los presos en espera de ejecución se les permitiesen visitas de sus familiares, algo que no estaba ocurriendo.

Según Brian Whitaker, escritor y columnista de 'The Guardian', es muy probable que JSi hubiera hecho recomendaciones similares, “pero hay dos diferencias muy importantes”. “Una es que Human Rights Watch no cobra a gobiernos por su consejo. La otra es que publica sus recomendaciones y explica las razones de las mismas”, matiza. “El elemento comercial conlleva en este caso una enorme complicación”, añade.