Matar homosexuales y otras aberraciones de la democracia directa

En estos momentos, el Tribunal Superior de Justicia de Sacramento, capital del estado de California, está decidiendo si una propuesta titulada "Ley de Supresión de la Sodomía" que propone asesinar de un tiro en la cabeza o "por cualquier otro método posible" a los homosexualespuede aspirar a estar en la papeleta de las próximas elecciones legislativas.

Lo hace a petición de Kamala Harris, fiscal general y responsable por ley de otorgar un título y un resumen administrativo a la propuesta, y de iniciar así el proceso de recogida de firmas que podría terminar con su inclusión en las elecciones. Harris hizo historia el pasado marzo al resistirse a cumplir su función y a solicitar al tribunal que la exima de hacerlo en este caso.

La "Ley de Supresión de la Sodomía" (#15-0008) fue registrada con ese nombre en la oficina de la abogacía del estado a finales defebrero, previo pago de los 200 dólares de rigor, por un abogado llamado Matthew McLaughlin con domicilio en Huntington Beach. McLaughlin, como cualquier otro ciudadano de a pie, sólo necesitó pagar 200 dólares para registrarla y necesitaría, una vez admitida, recoger en un plazo de 180 días las firmas de 365.880 personas (un 8% del electorado registrado en las últimas elecciones).

En el texto, de apenas 400 palabras, se establece por ley el asesinato de personas homosexuales "de un tiro en la cabeza o cualquier otra manera que se pueda” para evitar que la ira de Dios descienda sobre California. Se califica las relaciones entre personas del mismo sexo de "un mal monstruoso" y se asegura que sería mejor que los homosexuales de California murieran a manos de sus conciudadanos antes de "ser muertos por la ira de Dios por haber tolerado semejante perversión entre nosotros". Incluso hablar de las relaciones homosexuales ("propaganda de la sodomía") conllevaría multas de 1 millón de dólares y penas de 10 años de cárcel o deportación. Por supuesto, que se olvide ningún homosexual de presentarse para ningún cargo público (cómo lo harían, en cualquier caso, después de haber sido asesinados, no lo explica).

El hecho de que se esté debatiendo en los tribunales una propuesta de ley como la de McLaughlin, que "no solo amenaza la seguridad pública, sino que es patentemente inconstitucional y absolutamente reprensible y no tiene espacio en una sociedad civilizada", como la calificó la propia fiscal general, tiene que ver con un sistema de iniciativas populares que se instauró en California (y existe en otros 20 estados de la unión) hace ya más de cien años y que otorga a cualquier ciudadano el derecho de elaborar una ley a su gusto, registrarla, y, caso de que consiga el respaldo necesario en forma de un 8% de las firmas, conseguir que aparezca en la papeleta para ser votada por sus conciudadanos. La Proposición 7 fue introducida en 1911 y permite, también, someter a referéndum cualquier decisión legislativa (tras reunir un determinado número de firmas). Desde entonces, de las 1.828 iniciativas registradas para recoger firmas, 363 han conseguido plasmarse en la papeleta y 123 han sido aprobadas.

“Una bola de nieve en el infierno”

Entre ellas, ha habido propuestas de ley ciertamente peculiares y discutibles. Unas cuantas han obtenido el beneplácito de los votantes y luego han tenido que ser revocadas por inconstitucionales. Pero la "fantasmada" de McLaughlin, a quien ningún medio logra localizar, ha ido más lejos que ninguna y ha dejado a muchos planteándose si realmente cualquier cosa debería tener la posibilidad de aspirar a ley. Incluso aunque, como en este caso, la propuesta tenga "las mismas posibilidades de sobrevivir en California que una bola de nieve en el infierno", como decía a Los Ángeles Times el profesor Jaime Regalado, de la Universidad Estatal. Aunque el principal problema del sistema de iniciativas, de los muchos que tiene, es que no siempre depende de los méritos de la propuesta el que esta sea apoyada o no, sino del dinero que la respalda.

"Se puede decir que, en general, este sistema favorece los intereses de grupos con mucho dinero. Si el parlamento no hace lo que ellos quieren, siempre pueden gastarse 3 millones de dólares en conseguir firmas y muchos más millones en una campaña para conseguir que se vote como ley algo que les beneficia. Un ciudadano medio desde luego no tiene ese poder", coincide Michael Skelton, periodista de Los Ángeles Times que lleva décadas cubriendo la información política de California. "Si tienes un par de cientos de dólares, consigues poner en la papeleta lo que te déla gana", resume Bruce Mirken, del Instituto Greenlining, que lleva trabajando desde hace dos décadas para mejorar este sistema.

Por ejemplo, en 1986, Lyndon Lerouge, una especie de agente libre de la escena política con mucho dinero y bastantes seguidores, consiguió llevar a la papeleta una propuesta para que los infectados por VIH fueran puestos en cuarentena. No consiguió hacerse con la mayoría de los votos, pero estuvo cerca, y fue necesario que la comunidad médica se organizara para informar al público general y se manifestara abiertamente en contra.

Cuando hay grandes sumas de dinero para invertir, es mucho más fácil desplegar a personal contratado para recoger firmas, por ejemplo. Personal que tiene importantes incentivos para convencer a la persona que tiene delante de que firme. Y que tiene los argumentos especialmente preparados para hacerlo. "Es mucho más fácil confundir a la gente con eslóganes simplistas, con frases pegadizas, que no describen la cuestión de manera completa", argumenta Mirken.

Cuando no hay tanto dinero, hay que hacer la recogida de firmas con voluntarios. Es un trabajo duro. "Yo fui voluntario en mi juventud. Te aseguro que no es fácil", se lamenta Bruce Mirken. Sin ir más lejos, una iniciativa de 2012 que debería a priori haber contado con gran apoyo popular, para limitar la subida de las tasas universitarias, se encontró con que ni con un despliegue de voluntarios en todos los campus de la Universidad de California fue capaz de recoger las firmas necesarias.

Un instrumento de los poderosos

"Necesita mejorar y mucho. Ahora mismo tal y como existe es realmente un instrumento de grupos de presión poderosos, que tienen el dinero y el músculo para poner en marcha sus propuestas y conseguir el respaldo, y hacer campaña en favor de ellas", explica Mirken. Y pone un ejemplo: "En 2010, las grandes compañías petrolíferas presentaron la proposición 23, que prácticamente habría anulado las leyes contra el cambio climático del estado. Fue necesario unirse con muchas otras organizaciones y poner un marcha una campaña muy ambiciosa para conseguir que esta proposición fuese rechazada en las urnas, como así fue".

Efectivamente, la proposición 23 fue defendida por dos grandes refinarías de Texas (Valero y Tesoro) y pretendía anular la ley AB32 del gobernador Schwarzenegger en 2006 para penalizar las emisiones de gas invernadero. El nivel de movilización en la campaña de oposición a dicha iniciativa, con apoyos por parte de millonarios de Silicon Valley y actores como Leonardo DiCaprio o Robert Redford, permitió que se recaudaran 31,2 millones de dólares (los proponentes de la ley gastaron 10,6). La ley perdió por el 61,3% de los votos contra el 38,7% a favor.

Pero semejante confluencia de fuerzas no ocurre a menudo. Unos años antes, la Proposición 87, que habría decretado impuestos especiales a las compañías petrolíferas para un fondo de energías renovables, obtuvo tanta y tan importante oposición que la campaña a favor y en contra supuso el récord de gasto en una iniciativa del estado (187 millones de dólares, de los cuales 94 se oponían a su aprobación). El millonario Stephen L. Bing hizo la donación particular más elevada de la historia de California, casi 50 millones de dólares, para la campaña a favor, pero al final triunfaron los millones de Chevron, BP, y otras 20 petrolíferas.

El año pasado el gobernador Brown firmó una reforma del sistema que se ocupaba de algunos de estos problemas. A partir de ahora, el secretario de Estado tendrá que publicar en internet una lista actualizada cada 20 días de los 10 principales donantes de una campaña, (y sus opositores), y se establece un periodo de 30 días durante el cual los proponentes de una iniciativa pueden acoger sugerencias y modificar la redacción del texto (que hasta entonces era intocable en su planteamiento inicial, lo cual dejaba a algunas iniciativas con agujeros legales o problemas de ambigüedad en su interpretación). Pero muchas otras cosas quedan en el tintero.

El Instituto Greenlining, por ejemplo, lleva años intentando introducir una reforma en la ley para que los textos de las propuestas, que antes de que se plasmen en la papeleta, en el proceso de recogida de firmas, están únicamente en inglés, sean traducidos a otros idiomas de uso mayoritario en zonas de California, como el español, el armenio o el coreano, sin éxito. "No podemos plantearlo como una iniciativa popular porque no tenemos los recursos para ello, sencillamente. Lo estamos llevando al parlamento para que lo aprueben ellos pero es difícil".

"La ley del gilipollas intolerante"

El sistema de iniciativas, en cualquier caso, hace que ir a votar en California en cualquier comicio a nivel estatal sea todo menos aburrido. En las últimas elecciones, el pasado 4 de noviembre, los votantes registrados elegían gobernador, representantes en el Parlamento, y decidían entre 6 proposiciones sobre asuntos como la posibilidad de realizar tests de drogas al personal sanitario o las normas en torno a los casinos indios. Pero como no hay un límite del número de proposiciones que pueden incluirse en una papeleta, en ocasiones esta ha llegado a parecer más bien un folleto, como en 1988, cuando hubo 29. Aunque no se ha repetido el récord de 1914, en cuyas elecciones la papeleta incluía 48 proposiciones (entre ellas una, aprobada, para terminar con la Prohibición).

Para desesperación de los legisladores, abundan las proposiciones que han intentado o conseguido limitar o blindar las subidas de impuestos, como la 13, aprobada en 1978, que limita el poder recaudatorio del Estado en impuestos sobre bienes inmobiliarios y es, para muchos economistas y estudiosos, origen de las desastrosas finanzas públicas. Pero también podría considerarse un alivio para gobernadores y legisladores el que otros asuntos controvertidos se decidan sin necesidad de involucrarse excesivamente. Por ejemplo, la abolición de la pena de muerte (rechazada en 2000) la obligación de avisar a los padres en los abortos de menores de edad (rechazada en 2005 y 2006), la legalización del uso médico de la marihuana (aprobadaen 1996, aunque una ampliación de la misma se rechazó en 2010), y hasta la posibilidad de cantar villancicos navideños en los colegios públicos, estrictamente aconfesionales (que no consiguió presentar suficientes firmas en las últimas elecciones). Hasta el sistema penal se modifica a través de las iniciativas. En las últimas elecciones toda una serie de delitos han pasado a considerarse faltas, para evitar tiempo de cárcel a muchos detenidos en un estado con las cárceles masificadas.

Luego están las proposiciones que dejan a muchos rascándose la cabeza. Por ejemplo las que resultan aprobadas en un estado tradicionalmente progresista como este: la Proposición 22, que en el 2000 declaró ilegal el matrimonio homosexual (aunque se derogó por inconstitucional) o la 187 que, en 1994, negaba los servicios sociales a los inmigrantes que hubiera entrado en el estado sin papeles en regla, y que también se derogó por inconstitucional.

"Por fortuna, la propuesta de McLaughlin es tan absurda que creo que no hay duda al respecto"; considera Mirken, aunque concede que estaría bien establecer algún tipo de mecanismo para que este tipo de iniciativas claramente inconstitucionales no pasaran ni siquiera a la fase de recoger firmas. "Podría existir una especie de comité que revisara lo que se presenta y rechazara cosas completamente locas como esta". "Quizá con la reforma este tipo de propuestas pueden ser atajadas antes de ver la luz, o corregidas de forma que no tengan tantas posibilidades de ser luego rechazadas como inconstitucionales", reflexiona Skelton. "No sé qué otra cosa se puede hacer. Los tribunales están demasiado colapsados de trabajo como para tener que ponerse también a dirimir sobre propuestas que no son todavía leyes".

Claro que el propio sistema tiene también, a veces, la solución a sus perversiones. La activista Charlotte Laws presentó unos días más tarde una nueva propuesta en la oficina de Kamala Harris. Titulada "La ley del gilipollas intolerante", esta iniciativa impondría el título de "gilipollas intolerante" a cualquiera que defienda el asesinato de homosexuales, y le exigiría acudir a 36 horas de terapia a lo largo de un año y a aportar 5.000 dólares a una organización de defensa de los derechos de los gais.