Montano, la primera (y quizá última) gran victoria de la justicia universal española

Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad de El Salvador. Recuerde este nombre porque es el primer criminal de guerra que será juzgado y cumplirá condena en España en base a la ley de justicia universal. Es el caso más importante tras el del dictador Augusto Pinochet, a quien la diplomacia chilena salvó in extremis de ser extraditado desde Londres a Madrid en 1999. Luego, en 2003, llegó el juicio y condena del exmilitar argentino Ricardo Cavallo, extraditado desde México por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Argentina lo reclamó y volvió a ser enjuiciado y condenado en ese país. Desde entonces, la nada más absoluta. Más de 12 años de persecución infructuosa de altos criminales en el Tíbet, Centroamérica o Marruecos que terminaron cuando el Gobierno de Mariano Rajoy mutiló la ley hace un año por presiones de China. Ironías del destino, con la justicia universal metida en la UCI llega su gran triunfo, el milagro que tanto ansiaban los jueces de la Audiencia Nacional. El primer gran éxito. Y quién sabe si el último.

El juez Eloy Velasco andaba tras los pasos del coronel Montano desde 2011, cuando cursó una solicitud de extradición tanto del ex viceministro como de otros 19 militares salvadoreños implicados en la matanza del intelectual jesuita Ignacio Ellacuría y otros cuatro sacerdotes españoles en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA) en 1989.

Ellacuría era entonces rector de la universidad, un altavoz en defensa de las libertades y de los oprimidos, un referente ético en toda la región junto a los también asesinados Segundo Montes e Ignacio Martín Baro. En el asalto también fueron ejecutados un sexto jesuita, la cocinera del centro y su hija de 16 años, todos ellos salvadoreños. Montano está acusado de 65 ejecuciones, 51 desapariciones y más de 500 casos de tortura, aunque investigadores estadounidenses le hacen partícipe de más de mil violaciones a los derechos humanos, todas ellas en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Montano huyó a Estados Unidos en el año 2000, o al menos de ese año son los primeros registros de estancia. Mantenía un perfil muy bajo, trabajando en una fábrica de dulces a 14 dólares la hora para ganarse el sustento. Durante más de diez años consiguió ocultar su identidad a las autoridades, pero la cuerda se rompió en 2011, cuando fue cazado por el Departamento de Inmigración y condenado a 21 meses de prisión por fraude migratorio. Algunas versiones sostienen que Montano estaba huyendo en coche hacia El Salvador cuando fue detectado, pues se sentía más seguro bajo el limbo judicial de su país. En cuanto la identidad del exviceministro salvadoreño salió a la luz, el juez Velasco emitió una solicitud de extradición. Por supuesto, de los otros 19 militares también procesados, todos ellos residentes en El Salvador, no se esperan noticias. La Corte Suprema de Justicia de ese país ya negó en su día la extradición, y gozan además del impagable paraguas de impunidad de la Ley de Amnistía salvadoreña, lo que les permite vivir con total normalidad.

Se han tenido que alinear los astros para que el coronel Montano vaya a sentarse en la Audiencia Nacional. Tal como ocurrió con Pinochet y Cavallo, el extraditado se ha tenido que encontrar en un tercer país para que éste acepte meterlo en un avión rumbo a España. Segundo, ha hecho falta que Montano esté acusado de terrorismo, el único crimen que Estados Unidos considera que se puede perseguir extraterritorialmente, otorgando un buen fundamento legal al juez Velasco, si bien la acusación se ciñe exclusivamente al asesinato de cinco españoles, pues con la nueva ley es ya imposible perseguir crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado sin que haya españoles implicados. Y tercero, se ha necesitado el trabajo incansable de un equipo de abogados expertos, una herramienta a la que muy pocas víctimas pueden acceder.

La abogada española Almudena Bernabéu, miembro del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de Estados Unidos, lleva más de una década trabajando en el caso de la masacre de los jesuitas. “Mi propósito en los últimos meses ha sido asegurar que no hubiera ninguna excusa legal o técnica para no extraditarlo. Van a pasar algunos meses antes de que veamos a Montano en un avión rumbo a España, pero no demasiados, porque el análisis que hacen los fiscales es que la prueba es muy amplia y que los cargos están demostrados”, explica la jurista, quien estará en el banco de la acusación durante el juicio en la Audiencia Nacional.

Incluso se añade un cuarto factor para el milagro, y es la voluntad de Estados Unidos de comenzar a perseguir y expulsar de su territorio a los violadores de derechos humanos, quienes a lo largo de las últimas décadas se han ido colando por sus fronteras junto a las víctimas de las sucesivas guerras a lo ancho del planeta. La Corte Federal Oriental de Carolina del Norte aprobó la histórica extradición de Montano hace una semana, y este jueves reafirmó su decisión al convocar al coronel a una audiencia para informarle sobre los detalles del proceso. Que Estados Unidos acepte extraditar a un violador de los derechos humanos sienta un enorme precedente en un país con una alergia particular a abordar estos asuntos. No es difícil imaginar el alud de solicitudes de extradición y juicios en terceros países de políticos y militares estadounidenses que le podrían caer a Washington si se dedicara a enjuiciar a torturadores o genocidas extranjeros. Son aguas demasiado pantanosas en las que el Departamento de Justicia nunca se ha querido meter.

“Los jesuitas van a consolidar la justicia universal”

“Se trata de un caso importantísimo en todas las culturas occidentales y en América Latina. Los jueces están demostrando que la justicia universal en España se queda, que aunque sea recortada ahí está para las víctimas”, asegura Bernabéu. “Este juicio viene a poner la guinda al pastel, es el juicio del siglo. Aunque es una época distinta al juicio de Pinochet y la justicia universal ha evolucionado mucho, sometida incluso a atentados políticos para limitarla, el caso del coronel Montano puede asentarla para siempre. Pinochet la trajo y los jesuitas la van a consolidar, esa es mi esperanza”, vaticina.

También El Salvador aguarda este juicio con gran expectación. El aparato judicial en Centroamérica es débil y está totalmente intervenido por intereses políticos, pero existe la posibilidad de que el proceso del exviceministro sea el acicate que tanto necesitan estos países para enjuiciar a sus criminales de guerra y llevar por fin justicia a las víctimas y sus familiares.

“Esto puede ser un empujón, pero la cerrazón de este país con la Ley de Amnistía, que protege a los violadores de los derechos humanos, impide que este caso vaya a tener el impacto que tuvo en Argentina el caso de Ricardo Cavallo. Aún así es bueno que Montano sea juzgado y que el resto de autores sean condenados, que sepan que al menos allá en España hay una prisión esperándoles”, analiza Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA). “Y también debe de animar a las víctimas a organizarse, si ellas no golpean ese muro de impunidad, El Salvador va a seguir siendo uno de los países más violentos del mundo”, añade Cuéllar, en una recomendación extensible a gran parte de América Latina.

Andreu Oliva, actual rector de la UCA y heredero de la filosofía de Ignacio Ellacuría, considera que la actitud del coronel ante el juez Velasco será clave para determinar qué calado tiene este juicio en la sociedad salvadoreña y en la defensa de los derechos humanos en América Latina. “Habrá que ver si el coronel Montano está dispuesto a colaborar con la justicia, si dará su versión de los hechos y aportará datos acerca de lo que pasó o no dirá nada, afirmando su inocencia y desconocer el caso”, indica, a la vez que advierte: “los militares lo van a seguir de cerca, van a preocuparse mucho y supongo que van a presionar a Montano para que no hable, para que no delate a nadie. Ya ha habido movimientos para lograr que se suspendiera el juicio y la Audiencia Nacional no le diera seguimiento a este caso, lo cual es la señal de que sí les preocupa e inquieta. Hasta ahora han salido bien parados, pero esta posibilidad de la extradición de Montano no la esperaban y evidentemente les preocupa mucho”.

“Muy pocos criminales pasan por los tribunales en sus países”, apunta Bernabéu. “Seguramente no veremos a El Salvador aceptando solicitudes de extradición, pero países como Argentina, Ecuador o Perú sí están pasando sus procesos de transición, donde la justicia es muy importante. Están comenzando a enviar solicitudes de extradición a Estados Unidos, y sería bueno que éste empezara a responder a esas solicitudes”.

Difícilmente la Audiencia Nacional tendrá ocasión de volver a enjuiciar a un terrorista de un estado extranjero. Después del coronel Montano, el caso con algunas posibilidades de éxito es la persecución de Donaldo Álvarez Ruiz, quien en su rol de ministro del Interior de Guatemala dio la orden de atacar y prender fuego a la embajada de España en 1980, lo que ocasionó 37 fallecidos. Álvarez Ruiz es además el símbolo del terror que ensombreció Guatemala en el último cuarto del siglo XX, autor intelectual de violaciones masivas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Permanece prófugo desde 2012, cuando fue emitida una orden de captura internacional en su contra. Se sabe que ha estado ocultándose en México desde entonces, aunque hay indicios de que podría encontrarse en Estados Unidos.

“Las circunstancias políticas de Guatemala hoy son mucho peores que las de El Salvador, tal como se ha demostrado en el juicio por genocidio al dictador Ríos Montt (suspendido sine die). Pero el caso de Montano podría ser el antecedente que necesitamos para que una vez capturado Álvarez Ruiz se tramite la extradición”, adelanta Bernabéu, quien advierte: “los militares deben saber que da igual cuánto tiempo haya transcurrido, la gente no olvida y aquí estamos nosotros, 25 años después, buscando justicia”.