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Marruecos ya no quiere ser el gendarme de Europa: los secretos detrás del cambio

Marruecos inicia un proceso de regularización de subsaharianos. Hay cambios importantes en su política migratoria. Estas son las razones ocultas
Foto: Inmigrantes subsaharianos cerca de un campamento clandestino en Bolingo, norte de Marruecos (Reuters).
Inmigrantes subsaharianos cerca de un campamento clandestino en Bolingo, norte de Marruecos (Reuters).

“¡Esta vez no han sido los marroquíes!”, exclamaba, sorprendido, un vecino de Fnideq (Castillejos) un día después de la tragedia de Ceuta al conocer los testimonios de los jóvenes que intentaron llegar a España el pasado 6 de febrero, que acusan a la Guardia Civil de haber arremetido contra ellos en el agua y en la valla. Los inmigrantes subsaharianos más curtidos en los intentos de cruzar a España por tierra o por mar, y que aquel día también probaron suerte, lo corroboraban: “Es la primera vez que la Guardia Civil se comporta así. Esta vez los marroquíes no nos han tocado”, decía el nigerino Moussa. Las Fuerzas Auxiliares de la frontera del Tarajal, poco proclives normalmente a dirigir una sola palabra a la prensa española, sí quisieron hablar esta vez: “Esto es asunto de los españoles. Nosotros no tenemos nada que ver”, comentaba un oficial a El Confidencial.

En abril de 2013, un informe demoledor de Médicos Sin Fronteras documentaba con todo tipo de detalles los malos tratos, abusos y violencia generalizada de las fuerzas de seguridad marroquíes y también, en menor medida, de las españolas contra los subsaharianos, sobre todo en las fronteras de Nador, junto a Melilla, y de Oujda, junto a Argelia: “A lo largo de este último año los equipos de MSF han visto cómo se disparaba la violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y españolas. Los autores de la violencia actúan con total impunidad, sabiendo que la gran mayoría de migrantes que son víctimas de palizas, abusos, violaciones y agresiones no buscarán ayuda médica, protección ni justicia por temor a represalias o a ser arrestados”, describe el informe.

Las Fuerzas Auxiliares de la frontera del Tarajal, poco proclives normalmente a dirigir una sola palabra a la prensa española, sí quisieron hablar esta vez: 'Esto es asunto de los españoles. Nosotros no tenemos nada que ver', comentaba un oficial a 'El Confidencial'MSF atribuyó esta “extrema violencia” a la “’nueva etapa de relaciones hispano-marroquíes” y la “excelente” cooperación en cuestiones de seguridad, un hecho destacado públicamente por representantes de los dos gobiernos a lo largo de 2012”. España calló ante la publicación del informe aunque, en privado, algunos diplomáticos reconocían que a Marruecos “a veces se le va la mano”. Los dirigentes marroquíes negaron sistemáticamente, cada vez que eran interpelados por la prensa, que sus fuerzas de seguridad se emplearan a fondo en la represión en los campamentos del Gurugú o en Oujda, donde en 2012 y 2013 se llevaban a cabo redadas casi a diario, en las que, sobre todo en el monte, los agentes marroquíes quemaban las pertenencias de los inmigrantes y les robaban los móviles, según el testimonio de los inmigrantes.

A pesar de la denuncia de MSF, en julio de 2013 las redadas se multiplicaron y Marruecos intentó, sin éxito, el experimento de encerrar a los subsaharianos que eran arrestados en las fronteras y en las grandes ciudades, en tres recintos: uno en Zaio, cerca de Nador, un orfanato abandonado en Berkane y el tercero en Jerada, cerca de Oujda. Al mismo tiempo, la policía empezó a requisarles los documentos y destruirlos, incluso los papeles de los solicitantes de asilo, con la consiguiente denuncia de los representantes de ACNUR en Marruecos.

El encierro no funcionó y acabaron por dejarles en libertad, pero las redadas en las grandes ciudades y en el monte Gurugú continuaron y las expulsiones sumarias a Argelia y, en ocasiones, a Mauritania, siguieron como de costumbre.

Y Marruecos cambió su política migratoria

Ante las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, en septiembre de 2013, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano de carácter consultivo y nombrado por el rey Mohamed VI, pidió a las autoridades marroquíes que abordaran la cuestión migratoria desde otra perspectiva, protegiendo los derechos de los inmigrantes y poniendo en marcha un proceso de regularización de extranjeros, una medida sin precedentes. Marruecos calcula que en su territorio viven entre 25.000 y 40.000 extranjeros.

Cisse Tiemuko, un inmigrante de Costa de Marfil, en el campamento de Bolingo (Reuters).
Cisse Tiemuko, un inmigrante de Costa de Marfil, en el campamento de Bolingo (Reuters).

Dicho y hecho, el 2 de enero de este año comenzaba el proceso de regularización, que se va a prolongar durante todo 2014 y en el que se calcula que ya se han inscrito unas 10.000 personas. El viernes pasado se otorgaron las primeras tarjetas de residencia. “¡Ya tengo la mía!”, exclamaba en Rabat, con una sonrisa, Afro, un ghanés de 27 años que lleva cinco en Marruecos. Sin embargo, los requisitos son prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los subsaharianos que llegan al país: cinco años de residencia probada, dos años con un contrato laboral o dos años de matrimonio con una pareja marroquí. Pese a todo, las organizaciones de apoyo a los inmigrantes confían en que se suavicen los criterios y les animan a presentar los papeles.

Las razones subyacentes

Este cambio de política en el reino magrebí responde, según el experto en migraciones Hicham Rachidi, al deseo de Marruecos de dar una imagen de mayor tolerancia hacia los vecinos africanos, y esta buena imagen no es compatible con las denuncias continuas por parte de las organizaciones de derechos humanos. Pero lo que subyace es una cuestión geoestratégica: “Con el acuerdo de los Estados Unidos, se está activando la diplomacia para que Marruecos pueda posicionarse como plataforma para el desarrollo en África”.

El 2 de enero comenzaba el proceso de regularización, que se va a prolongar durante todo 2014 y en el que se calcula que ya se han inscrito unas 10.000 personas. Sin embargo, los requisitos son prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los subsaharianos: cinco años de residencia probada, dos años con un contrato laboral o dos años de matrimonio con una pareja marroquíEl rey Mohamed VI ha multiplicado en los últimos meses su interés por el continente y, en especial, por la región Sahara-Sahel, donde crece la amenaza yihadista. Se desplazó en septiembre pasado a Mali con motivo de la investidura del nuevo presidente, Ibrahim Boubacar Keïta, y esta semana ha vuelto a Bamako en una visita oficial de cinco días, mientras se desarrollan las negociaciones de paz entre el Gobierno maliense y los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, un año después de la intervención armada de Francia motivada, según el Ejecutivo galo, para eliminar a los grupos yihadistas del norte de Mali.

El rey, además, quiere que se mire a Marruecos como representante del islam moderado. En su discurso con motivo del XIV aniversario de su coronación, apeló a “preservar la identidad islámica de Marruecos como confesión tolerante y basada en el término medio y la moderación”. Actualmente, 500 imames malienses están siendo formados en Marruecos en el islam de tradición malikita, alejado del islam wahabita, mucho más rigorista, que viene importado de Arabia Saudí.

Según Rachidi, dentro de esta nueva concepción orientada hacia la influencia política y económica en África, “en la que se mire hacia Marruecos como un país en construcción democrática y de desarrollo, Marruecos ya no puede abordar la cuestión migratoria sólo en términos de seguridad y de control de fronteras”.

Un grupo de inmigrantes subsaharianos en el campamento clandestino de Bolingo (Reuters).
Un grupo de inmigrantes subsaharianos en el campamento clandestino de Bolingo (Reuters).

“En Ceuta no debemos colaborar con el ocupante”

En una carta que publicó el jueves el periódico online H24, Rachidi, junto al sociólogo Mehdi Alioua, ambos fundadores de la ONG GADEM de apoyo a la inmigración, aboga, como solución al problema de las fronteras, una “co-gestión de las ciudades de Ceuta y Melilla”. Salvo el primer día, la prensa marroquí apenas se ha hecho eco de la tragedia del pasado 6 de febrero y, en las pocas ocasiones en los últimos días en las que se ha ocupado del tema, se ha abordado desde este ángulo.

'La solución no es militarizar aún más las fronteras. Nunca ha funcionado y no funcionará. Cuando se ha reforzado la seguridad, en 2005, los inmigrantes han iniciado otras estrategias para atravesar los muros, como los saltos en grupos numerosos. Esto antes no ocurría', señala un experto en migracionesEl pasado 13 de febrero, Abdallah Damoune, director de Al Massae, uno de diarios en árabe más leídos, escribía en un artículo: “Si las ciudades de Ceuta y Melilla están ocupadas, tenemos que comportarnos en consecuencia y no colaborar con el ocupante” (en referencia a los 10 cadáveres de los inmigrantes subsaharianos que terminaron en suelo marroquí). Rachidi cree que “no debe haber temas tabú” y que, en este asunto, España debe “coger el toro por los cuernos” y poner de una vez, sobre la mesa, la cuestión de Ceuta y Melilla, reclamadas por Marruecos. “No tiene sentido seguir militarizando las fronteras. No ha funcionado. Tenemos que pensar en ese territorio de manera diferente”, señala a El Confidencial.

Dos días después de la muerte de los inmigrantes, una comisión de Interior, compuesta por altos cargos de la policía, las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería de la región Tánger-Tetuán, se acercó hasta la frontera del Tarajal para examinar las medidas de seguridad. Inspeccionaron el perímetro y el lugar por el que habían accedido hasta la playa y examinaron la altura de las vallas de la parte marroquí buscando un posible refuerzo de la seguridad. Según Rachidi, “la solución no es militarizar aún más las fronteras. Nunca ha funcionado y no funcionará. Cuando se ha reforzado la seguridad, en 2005, los inmigrantes han iniciado otras estrategias para atravesar los muros, como los saltos en grupos numerosos. Esto antes no ocurría”.

Los abusos y tratos vejatorios de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia los inmigrantes persisten. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 10 de febrero, a pesar de esta nueva política migratoria emprendida por Marruecos, “investigaciones realizadas a finales de enero y comienzos de febrero en Oujda, Nador y Rabat indican que miembros de las fuerzas de la seguridad marroquíes aún continúan empleando la violencia contra migrantes expulsados de Melilla”, aunque el informe recoge que desde septiembre de 2013, cuando se anunció esta nueva política sobre migración y asilo, parecen haber cesado las expulsiones sumarias de migrantes en la frontera con Argelia.

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