La limpieza étnica de musulmanes que conocerá cuando se haga una película

El 28 de mayo de 2012, una joven budista apareció muerta y con signos de haber sufrido violencia sexual en un pueblo del oeste de Birmania, cerca de la frontera con Bangladesh. La policía acusó a tres hombres de la etnia rohingya, una minoría musulmana que vive concentrada en esa franja del país conocida como estado Rakhine. Fue el detonante de una de las mayores olas de violencia que Birmania ha vivido en décadas y que desde entonces se ha cobrado al menos 192 vidas y dejado sin hogar a unas 140.000 personas, según la Organización de Naciones Unidas.

La situación a la que se está confinando a la minoría rohingya es uno de los grandes puntos negros de la apertura de Birmania, un país que estuvo dirigido durante cinco décadas por un cruento régimen dictatorial y que ha iniciado desde hace dos años un proceso de democratización alabado en medio mundo. Desde los primeros disturbios en junio de 2012, buena parte de la población rohingya ha sido desplazada a 90 campos de refugiados y varios asentamientos ilegales, cuyo acceso por parte de las organizaciones de ayuda ha sido dificultado por el Gobierno. Numerosos informes han denunciado la falta de comida y salubridad para los refugiados y la pasividad de las autoridades a la hora de frenar la violencia contra los musulmanes.

Los rohingyas no pueden acceder a los mercados o puertos para trabajar. También padecen la falta de asistencia sanitaria más básica en los hospitales de la región. Sólo un centro acepta pacientes musulmanes

Durante el año 2013, su situación, lejos de mejorar, se ha enquistado y los rohingya se han convertido en refugiados permanentes en el país en el que nacieron. “La situación en los campos es de las peores que he visto, y he visitado muchos campos de refugiados en el mundo”, asegura a El Confidencial Melanie Teff, activista de Refugiados Internacional. Teff describe las limitaciones de movimientos impuestas a los rohingyas, quienes no pueden acceder a los mercados o puertos para trabajar, o la falta de asistencia sanitaria más básica en los hospitales de la región. “Sólo un hospital acepta pacientes musulmanes”, afirma Teff.

No es la primera vez que los rohingyas sufren las hostilidades de sus vecinos y del Gobierno. Desde la II Guerra Mundial, las tensiones entre la población musulmana y budista, los llamados rakhine, en el oeste de Birmania han sido frecuentes. La dictadura militar ya organizó varias campañas de represión, primero en 1978, con la operación Dragon King, y después en los años 90, lo que supuso sendas oleadas de refugiados hacia Bangladesh. En 1982, el ejecutivo aprobó una Ley de Ciudadanía que sólo reconocía como etnias de pleno derecho a aquellas comunidades establecidas en el país antes de la llegada de los ingleses.

Los rohingyas, considerados inmigrantes ilegales llegados durante el periodo británico, quedaban fuera de esa categoría. De un plumazo, la ley convirtió a esta comunidad en uno de los pueblos apátridas más grandes del mundo y les negó derechos básicos como la educación o el matrimonio.

¿Se puede hablar de genocidio?

La comunidad internacional debate ahora si se puede utilizar la palabra genocidio en el caso de los rohingyas, un grupo del que ni siquiera se conoce su número, aunque se calcula que ronda los 800.000. Valérie Amos, secretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, aseguró tras una visita a la zona que era “irresponsable” utilizar el término sin tener pruebas y que lo que ella había presenciado era “violencia entre comunidades”. La mayoría de expertos independientes niega que, de momento, se pueda hablar de genocidio pero reconoce, sin embargo, que se está creando un caldo de cultivo para que ello suceda en un futuro cercano. Algunos de los pasos previos como la segregación de la comunidad y su aislamiento ya se han producido. El Gobierno anunció, además, este verano una política de limitación de la natalidad a dos hijos por pareja que está sólo dirigida a los rohingya. “De facto, esta medida ya se estaba aplicando desde hacía mucho tiempo, negando el registro a partir del tercer hijo”, asegura Melanie Teff.

En 1982, el ejecutivo aprobó una Ley de Ciudadanía que sólo reconocía como etnias de pleno derecho a aquellas comunidades establecidas antes de la llegada de los ingleses. De un plumazo, convirtió a los rohingyas en uno de los pueblos apátridas más grandes del mundo y les negó derechos básicos como la educación o el matrimonio

Las peores persecuciones se han documentado en el norte de la región, donde la población es de mayoría musulmana. “Ni siquiera se les permite ir a orar a las mezquitas, lo que supone un gran impacto psicológico para ellos”, asegura Chris Lewa, directora del Proyecto Arakan, una de las organizaciones que ha trabajado con la etnia rohingya durante más tiempo y que toma su nombre de la antigua denominación de la región. Lewa asegura además que el hambre es mucho mayor en esta región, donde no hay campos de refugiados y donde, por tanto, no hay ningún tipo de distribución de ayuda humanitaria, especialmente de comida.

Ante la persecución y el aislamiento, los rohingyas se han lanzado a una huida desesperada. Según Refugees International, entre octubre de 2012 y mediados de 2013, 785 rohingyas se han ahogado intentando huir hacia países vecinos. Estos datos no incluyen los últimos casos trágicos, como el hundimiento de un bote a principios de noviembre en el que murieron 50 miembros de eta etnia. En el punto de destino, tampoco reciben una calurosa bienvenida. La mayoría de los países de la zona, como Indonesia o Malasia, los encierra en centros de inmigración ilegal, mientras que en Tailandia, donde también son arrestados, la policía ha sido acusada de venderlos a algunos de los botes de la poderosa industria pesquera del país. Bangladesh ha cerrado además su frontera para evitar la llegada de más refugiados.

Un sentimiento que se extiende en Birmania

El odio hacia los rohingyas no se limita al oeste del país. En Birmania, el sentimiento es compartido en todo el territorio e incluso los monjes han organizado protestas para que sean expulsados. Ni siquiera la líder democrática y cabeza de la oposición, Aung San Suu Kyi, ha defendido a la minoría musulmana, temerosa de perder apoyos entre la población que los acusa de violaciones, asesinatos y de pertenecer a grupos terroristas.

Los disturbios con los rohingyas han hecho renacer, además, la antipatía hacia la comunidad musulmana en general, que supone cerca del cinco por ciento de la población del país. Los enfrentamientos se han extendido a diferentes regiones de la nación y han llegado incluso a la antigua capital, Rangún, instigados principalmente por el Movimiento 969, un grupo radical budista que ha sido calificado por muchos como neonazi.

Para Lewa, este odio imposibilita una salida pacífica al problema de los rohingyas, que difícilmente serán aceptados en un país que les profesa tal desprecio. “Si el Gobierno les concede la ciudadanía, eso puede provocar más violencia”, asegura la activista. Melanie Teff es algo más optimista y cree que es posible una salida pactada. “Mi optimismo viene de que a Myanmar le importa por primera vez su imagen ante la comunidad internacional. Y si la comunidad internacional lo elige, puede haber un cambio”, concluye. El año 2014 que acaba de comenzar será clave para esta etnia musulmana; Myanmar llevará a cabo su primer censo en más de tres décadas y su probable exclusión del conteo oficial será una confirmación más de que la democratización birmana no es tan brillante como parece.