Valls, el azote de los gitanos: París ha expulsado a 10.000 desde enero

La polémica en Francia sobre los gitanos cobra fuerza.Y no sólo porque el ministro del Interior, Manuel Valls, reiteró este miércoles sus controvertidasdeclaraciones acercade la comunidad gitana (“La mayoría deben ser llevados hasta la frontera”, dijo). La Comisión Europea advirtió ayer a París de que los ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana tienen derecho a "residir donde quieran" dentro de la Unión Europea y "no sólo en el país de su nacionalidad".

De hecho, Bruselas amenazó con tomar medidas contra Francia si no respeta sus derechos de libre circulación y de residencia dentro de la UE. Todo el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) denunció la expulsión forzosa "récord" de "más de 10.000 gitanos" de campamentos durante la primera mitad de 2013 en el país galo. Asimismo, aseguró que en la mayoría de los casos ni siquiera han tenido opción a un alejamiento alternativo ni han sido informados previamente.

Valls ha levantado un acalorado debateen el país,incluso en el propio seno del Gobierno y del Partido Socialista que lo sustenta, tras asegurar que “el papel de Francia no es acoger a estas poblaciones” y que"los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria", donde tienen que hacer "esfuerzos para su integración".

El titular de Interiordefendió que los campamentos de gitanos búlgaros y rumanos (se calcula que en Francia residen entre 15.000 y 20.000 romaníes europeos) deben ser desmantelados y asoció a esta minoría con ladelincuencia y la mendicidad.

Valls insistió en quehay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanosque hay en ciudades del país porque "suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan", desde el punto de vista "sanitario y de seguridad".

Alrededor de 200.000 gitanos viven actualmente en Francia, en su mayoría procedentes de Rumanía, Bulgaria y los países de la antigua Yugoslavia, según datos de AI, que denunció ayer que el Gobierno sólo ha prometido alojamiento alternativo para "una docena de familias" de las 800 personas expulsadas en septiembre del mayor campamento en Lille, pero sólo tres cuentan con él.

"El Gobierno francés debe respetar sus compromisos internacionales y aplicar medidas de protección eficaces contra la práctica de las expulsiones forzosas", defendió ayer el responsable de AI para Europa y Asia Central, John Dalhuisen, quien exigió prohibir todas las evacuaciones forzosas porque dejan a los gitanos "sin otra elección que buscar refugios informales en otra parte".

El avance del ultraderechista Frente Nacional

Las polémica sobre las declaraciones de Valls se producen a seis meses de las elecciones municipales en Francia, en las que,según los sondeos, el ultraderechista Frente Nacional tendrá un resultado histórico haciendo campaña sobre la seguridad y en contra de los extranjeros.

En este sentido, la comisaria europea de Justicia,Viviane Reding, achacó la polémica a la proximidad de las municipales y acusó a Francia de no hacer el trabajo de integración pese a contar con una ayuda europea para ello."Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos.Y no son gitanos, son individuos. Sólo una decisión de justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado", indicó Reding.

La eurocomisaria, que se mostró ya muy crítica en 2010 contra el entonces presidente francés,Nicolas Sarkozy, por su política de expulsión de gitanos, reveló que Europa ha puesto a disposición de los estados 50.000 millones de euros para la integración de esta población, pero que "no son utilizados". "No se hace el trabajo de integración. Hemos puesto el dinero encima de la mesa, debería servir a los alcaldes y no es usado", señaló.

Bruselas, no obstante, fue más lejos. El portavoz comunitario Olivier Bailly declaró ayer que tanto la libre circulación de personas en la UE como el derecho a residir en otro estado miembro son un derecho "fundamental" de las personas "sean rumanos, búlgaros o franceses" consagrado por norma comunitaria. Sin embargo, añadió que para poder residir en otro estado miembro "tienen que demostrar a los tres meses" que cuentan con "recursos financieros" para no suponer una "carga" social para el país de residencia.

Asimismo, recordó que las restricciones laborales negociadas en los Tratados de Adhesión de Rumanía y Bulgaria terminan el 1 de enero de 2014, fecha a partir del cual las restricciones laborales desaparecen en "todos" los países. Ocho estados miembros todavía aplican restricciones laborales a rumanos y búlgaros: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y España, pero en su caso sólo a los primeros.