30/06/2012
(06:00)
Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea a España comienzan a tomar carta de naturaleza. Los jefes de Estado y de Gobierno han incluido esas recomendaciones en las conclusiones definitivas aprobadas por el Consejo Europeo, lo que significa que el Gobierno español -como anticipó hace algunos días el comisario Almunia- está obligado a cumplirlas.
Este es, en realidad, el punto más concreto del comunicado del Consejo Europeo, en el que no se precisan los términos del acuerdo para recapitalizar la banca de forma directa sin pasar por los Estados. Sólo está claro que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) podrá ser el instrumento utilizado, y en todo caso una vez que pierda su condición de acreedor preferente para el caso de España.
Esa decisión de utilizar el Mede, en cualquier caso, no entrará en vigor hasta que el BCE estrene sus nuevas competencias de supervisión bancaria, previsiblemente durante el último trimestre de 2012. Las condiciones específicas del rescate de la banca española -alrededor de 60.000 millones de euros-no se conocerán, igualmente, hasta el día 9 de julio, que es cuando se reunirá el Eurogrupo. Esto supone que el rescate bancario se articulará en primera instancia a través del Gobierno, que sufrirá un incremento del endeudamiento al ser el responsable último de que los fondos prestados por la Eurozona se devuelvan. Y sólo en el momento en que se ponga en funcionamiento el nuevo Mede –pendiente de ser ratificado por algunos parlamentos- el Estado estará en condiciones de quitarse el peso de la deuda
Hay, por lo tanto, un tiempo intermedio entra la formalización del préstamo (con la forma del memorando) y el momento en que el BCE asuma sus nuevas competencias, lo que significa que el proceso de recapitalización bancaria puede retrasarse unos meses, ya que en el momento en que se concrete la cantidad entregada a España (cerca del 6% del PIB) computa como deuda pública, lo que puede ser penalizado por los mercados. La UE, en todo caso, entrega el dinero no de una sola vez, sino en función de un calendario previamente pactado de acuerdo con las condiciones (estrictas, según Mario Draghi) que se exijan. Hay todavía, por lo tanto, demasiadas incógnitas. "Nada es gratis", dijo en tono aclaratorio el presidente Van Rompuy.
Incluso se desconoce la naturaleza de la supervisión bancaria. Tan sólo se sabe que se entrega esta competencia de acuerdo con el artículo 127.6 del Tratado de la Unión Europeo, que faculta al Consejo a “encomendar” al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. Todo esto es lo que discutirán ahora los ministros del Ecofin
Vuelta de tuerca
El Consejo Europeo lo que ha hecho, por el contrario, es ratificar las propuestas de la Comisión, que suponen una nueva vuelta de tuerca al ajuste. Hasta el punto de que la UE obliga a los Estados miembros a plasmar “en sus próximas decisiones nacionales sobre presupuestos, reformas estructurales y políticas de empleo”. O dicho en términos más directos, el Gobierno está obligado a aplicar nuevas medidas de ajuste, ya que se trata de una decisión del Consejo Europeo, y no una mera recomendación de la Comisión.
Aunque ayer el presidente Rajoy se negó a hablar de ‘condicionalidad’, y menos de calendarios de aplicación, las recomendaciones de la Comisión Europea son precisas. Y entre otras cosas proponen aumentar la edad de jubilación (ahora hasta los 67 años en 2027) de acuerdo con la esperanza de vida. Introduciendo, al mismo tiempo, un factor de sostenibilidad. La ley actual obliga a revisar la edad de jubilación cada cinco años, pero los funcionarios de Bruselas quieren ir más allá y que se haga de forma automática, en función de la evolución de la esperanza de vida. De hecho, el Gobierno ya estudia fórmulas para acelerar los actuales plazos.
Las recomendaciones de la UE, igualmente, reclaman un sistema fiscal “coherente” con el escenario de reducción del déficit público. Y, en este sentido, piden menos impuestos directos y más indirectos, y, en particular, una subida de las bases imponibles del IVA y la introducción de impuestos medioambientales (el llamado céntimo verde).
Poner en marcha un plan de empleo juvenil y mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral forman también parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, que reclama una mayor liberalización de los servicios profesionales. Mejorar las interconexiones eléctricas con el exterior y abordar el déficit de tarifa (cerca de los 30.000 millones de euros al acabar este año) forman también parte de las recomendaciones de la Comisión Europea.
La Unión Europea, por el contrario, aplaza nuevamente la aplicación de la tasa sobre transacciones financieras. Y, en concreto, se explicita que la propuesta “no será adoptada por el Consejo dentro de un plazo razonable”. Las conclusiones se limitan a señalar que “varios Estados miembros presentarán una solicitud de cooperación reforzada en este ámbito, con vistas a su adopción antes del final de diciembre de 2012”.
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COMENTARIOS
186zurita 01/07/2012 | 12:46
Rajoy entra en el grupo de politicos que tienen por lema no decir la verdad y mentir al pueblo o decir medias verdades que es peor...con los temas de las cajas y del rescate europeo y sus contrapartidas se le ve el plumero por todos lados y miente más que habla...
Aprovechamos los ciudadanos de a pie, para pedir a Europa que nos rescate de esta jarca de politicos de medio pero que tenemos y que son nuestra ruina, que nos rescate de tanta comunidad autónoma ineficaz e insostenible...que nos rescate de estos politicos cobardes que sabiendo las cosas prefieren dejarlas como están no sea que tengan problemas con alguna comunidad y arruinan a toda España con tal de mantener la silla caliente.
Seis millones de parados se merecen algo mejor y otros 6 millones de ciudadanos esquilmados por impuestos injustos para mantener un sistema corrupto se merecen algo de coherencia por parte de nuestros politicos.
183ciudadanomedio 30/06/2012 | 21:40
#63 Aira, hace Vd un comentario muy incisivo. La gente se leyo la constitucion antes de votarla, la mayoria no, votaron por cercania, por lo que aconsejaban los lideres que les gustaban.
Yo la lei y vote que no, la razon es que me dio miedo el titulo octavo y la conviccion intima de que no habria narices de aplicar el articulo 155, en esto tengo la razon y ahi esta lo de la enseñanza en castellano en Cataluña para demostrarlo.
Creo que el nacionalismo es el cancer de España, pero tambien habria que meter en cintura a mas de uno de PP y PSOE que han llevado a las CCAA a la ruina.
Saludos cordiales
SAludos.
182agossarat 30/06/2012 | 21:06
Todo muy bien pero si solo se trata de tocar las rentas,vamos listos,no saldremos y a final de año,nos la van a dar.Lo fácil
son los sueldos e impuestos,lo que es mollar,eso no se toca,estan
los del Partido en el pastel.Que no somos tontos y en Bruselas me
nos,no me fio de nuestra clase política,que nos intervengan,pagar
por pagar,fuera los incompetentes y chorizos de los políticos de este país llamado España.
181agossarat 30/06/2012 | 21:05
Todo muy bien pero si solo se trata de tocar las rentas,vamos listos,no saldremos y a final de año,nos la van a dar.Lo fácil
son los sueldos e impuestos,lo que es mollar,eso no se toca,estan
los del Partido en el pastel.Que no somos tontos y en Bruselas me
nos,no me fio de nuestra clase política,que nos intervengan,pagar
por pagar,fuera los incompetentes y chorizos de los políticos de este país llamado España.
180avante 30/06/2012 | 21:04
Es de sentido común que la UE nos exija contrapartidas.
La primera que yo impondría es la de adelgazar considerablemente la estructura actual del Estado, puesto que no es sostenible por mucho que los políticos miren para otro lado. Por ejemplo recuperando para el Estado muchas de las competencias de las CCAA[ahora podríamos llamarlas con mucha razón "incompetencias"] transferidas. Educación, Justicia y Sanidad entre ellas. Eliminando el Senado, Consejo de Estado, TC y tantas y tantas instituciones que no aportan nada ni al bienestar ni a la convivencia de los españoles.
Paralelamente impondría también la desaparición de las subvenciones a partidos políticos, Sindicatos y Patronal.
Todo esto se sabe aquí y en el resto de Europa, o sea que no sería extraño que nos lo exigieran. Yo lo aplaudiría.