El nuevo Gobierno luso, obligado a ejecutar la poda que le exige Bruselas

Sin tiempo prácticamente ni para tomar asiento, el nuevo Gobierno luso deberá acometer con carácter urgente un rosario de reformas y ajustes antes del próximo 31 de julio para cumplir el acuerdo firmado a cambio del rescate financiero.

Cambios en la legislación laboral, ejecución de privatizaciones y la supresión de los llamados "derechos especiales" del Estado son algunos de los principales compromisos con los que debe cumplir el país, cuyos ciudadanos dieron ayer en las urnas un claro apoyo a la centro derecha para que lidere Portugal en estos tiempos de crisis.

El que con toda probabilidad será el nuevo primer ministro luso, el líder del Partido Social Demócrata (PSD) Pedro Passos Coelho, deberá agilizar la negociación con los democristianos del CDS-PP para conformar un Gobierno de mayoría absoluta como pretende y elegir a los miembros de su gabinete con la mayor celeridad posible.

El primer punto en la agenda acordada con la llamada troika -formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- es el de recortar las indemnizaciones tanto por despido como por cese de un contrato temporal.

Abaratamiento del despido

En el memorando firmado con las autoridades internacionales se informa de que a finales de julio el Ejecutivo deberá presentar ante el Parlamento propuestas legislativas para "implementar un fondo destinado a financiar parcialmente el coste de los despidos para nuevas contrataciones" y en el que no habrá dinero publico.

Además, se tendrá que reducir de 30 a 10 días y con un límite máximo de 12 meses las compensaciones en los nuevos contratos fijos, aunque el citado fondo pagará al empleado otros 10 días de indemnización.

Para los contratos temporales, la compensación se reduce de 36 a 10 días por año de trabajo para los inferiores a seis meses y de 24 a 10 días para los de mayor duración, pero el fondo -financiado por las propias compañías- pagaría otros diez días por año trabajado.

Cambios en el mundo empresarial

Con menor efecto en el bolsillo de los ciudadanos pero mayor valor simbólico, el Gobierno portugués deberá desprenderse de las llamadas "acciones de oro" ("golden shares" en inglés) y el resto de derechos especiales que conserva todavía en algunas de las mayores empresas lusas.

Estas acciones otorgan al Ejecutivo el poder de vetar una operación de compraventa en estas compañías -Portugal Telecom, Energías de Portugal y Galp-, en caso de que considere que la transacción perjudica los intereses del país.

La Justicia europea ya consideró estos derechos como contrarios a la libertad de movimiento del capital y había advertido a Portugal sobre su derogación.

Un buen ejemplo de la importancia de estas "acciones de oro" fue la venta en verano de 2010 de Vivo, en manos de PT, a Telefónica, ya que el veto del Gobierno luso invalidó el voto a favor del 73,9 por ciento de los accionistas y "obligó" a la empresa española a elevar su oferta de 7.150 millones de euros hasta 7.500.

Passos Coelho deberá, asimismo, acelerar la privatización del Banco Portugués de Negocios (BPN), nacionalizado en 2008 por irregularidades en sus cuentas y que ha sido sacado a la venta en dos ocasiones, pero sin éxito.

El Gobierno ha rebajado los requisitos para facilitar su compra por alguna entidad financiera, y la prensa lusa cita entre los posibles interesados al BBVA de España, el Banco do Brasil y el Barclays inglés.

Los conservadores tendrán, además, que presentar una propuesta de reducción de contribuciones a la Seguridad Social por parte de las empresas antes de que empiece agosto.

Durante la campaña, Passos Coelho defendió que el actual 23 por ciento que se pagan por cada empleado debería bajar hasta el 19 para fomentar las exportaciones, un plan que debe concretarse, según el memorando, en el primer trimestre de 2012.

Defensor de las tesis liberales, el líder socialdemócrata aseguró en su primer discurso como vencedor de los comicios que Portugal "honrará" sus compromisos y que no le temblará el pulso a la hora de aplicar un programa electoral que, como dijo semanas atrás, va "más allá" de los acuerdos con la troika.