Islandia, el país que castiga a los banqueros culpables de la crisis

La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los responsables de la debacle económica del país. 

La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país.

Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?

La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar un gobierno, si no redactar una nueva constitución (en proceso) y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si se piden las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas.

Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el  Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos.

Tras la entrada del Estado en el capital la moneda oficial (krona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones.

Las grandes pequeñas victorias de la gente de a pie

Mientras bancos y autoridades locales y extranjeras buscaban a la desesperada soluciones económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de Reikiavik provocó la dimisión del primer ministro, el conservador Geir  H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque.

Los ciudadanos exigían, además, que se convocaran elecciones anticipadas, y lo consiguieron. En abril salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.

Durante todo el 2009 la economía islandesa continuó en situación precaria (cerraría el año con una caída del 7% del PIB) pero, pese a ello, el Parlamento propuso la devolución de la deuda  a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5,5% de interés.

La medida provocó de nuevo la ira de los islandeses, que volvieron a tomar las calles exigiendo que, al menos, esa decisión fuera sometida a referéndum. Otra nueva pequeña gran victoria de las protestas callejeras: en marzo de 2010 se celebraba esa votación y un aplastante 93% de la población se negaba a devolver la deuda, al menos en esas condiciones.

Con ello consiguieron que los acreedores se repensaran el acuerdo y lo mejorara, ofreciendo los intereses al 3% y el pago a 37 años. Ni siquiera eso ha sido suficiente, el presidente actual, al ver que el Parlamento aprobaba este acuerdo por un margen muy estrecho, decidió el mes pasado no sancionarlo y llamar de nuevo a los islandeses a votar en referéndum para que sean ellos los que tengan la última palabra. 

Los banqueros huyen atemorizados

Volviendo a la tensa situación de 2010, mientras los islandeses se negaban a pagar una deuda que habían contraído los tiburones financieros sin preguntarles, el Gobierno de coalición  había iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la fatal crisis económica y ya se había detenido a varios banqueros y altos ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones de riesgo.

La Interpol, por su lado, había dictado una orden internacional de arresto contra el expresidente del Parlamento, Sigurdur  Einarsson. Esta situación hizo que banqueros y ejecutivos, atemorizados, abandonaran el país en masa.

En este contexto de crisis, se eligió una asamblea para redactar una nueva constitución que recogiera las lecciones aprendidas y que sustituyera a la actual, inspirada en la constitución danesa.

Para ello, en vez de llamar a expertos y políticos, Islandia ha decidido recurrir directamente al pueblo, soberano, al fin y al cabo, de las leyes. Más de 500 islandeses se presentaron candidatos para participar en este ejercicio de democracia directa y redactar la constitución, de los cuales fueron elegidos 25 ciudadanos sin filiación política entre los que hay abogados, estudiantes, periodistas, granjeros, representantes sindicales…

Entre otras novedades, esta constitución está llamada a proteger como ninguna otra las libertades de información y de expresión con la llamada Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protejan  fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística.

Será el pueblo, por una vez, el que decida sobre el futuro del país mientras banqueros y políticos asistan (algunos desde la cárcel) a la transformación de una nación, pero desde la barrera.