David Spargo es habitual del bar de cócteles La Batucada, en la isla de Mallorca. Ahí puede vérsele bebiendo desde un cóctel a una cerveza o un whisky. Los residentes locales dicen incluso que también le gusta jugar al golf en el circuito de Alcanada, con vistas al Mediterráneo, donde un recorrido cuesta 95 euros. Todo esto sería lo más normal si no fuera porque, según una exclusiva publicada hoy por la agencia
Reuters, este estadounidense de 44 años está buscado por los Marshals de Estados Unidos
por un supuesto delito de fraude masivo al no pagar 5,5 millones de dólares a inversores en Texas y Virginia que habían comprado bonos emitidos por su compañía.
No son los únicos que lo buscan. También está bajo investigación de la policía italiana por su relación con un escándalo internacional de bonos que asciende a al menos 500 millones de dólares, y es considerado clave en uno de los primeros procesos penales tras el colapso de la economía de Islandia. Pero, ¿por qué no hace nada la policía? Según la agencia, dado que los cargos contra él son civiles, Estados Unidos no puede extraditarle. La embajada del país norteamericano en Madrid por su parte, dice que no está al tanto de la presencia de Spargo en España. Islandia y Reino Unido por su parte (cuyo máximo regulador de servicios financieros calificó los 500 millones de dólares de bonos que Spargo emitió en 2008 como "un instrumento fraudulento"), tampoco han intentado extraditarle. Y un fiscal en Italia no quiso decir si las autoridades habían intentado extraditar a alguien en relación con el caso.
Vivir de las rentas de fraudes masivos
"Probablemente haya cientos de supuestos delincuentes de este tipo que se han trasladado a otros países y ahora viven de las rentas de sus supuestos delitos", dice Andrew Gordon, socio de servicios de delitos especiales en la firma PricewaterhouseCoopers (PwC). La policía de la City de Londres dicen que hay cada vez más y más delincuentes que están intentando ocultar sus operaciones en distintos países, usando miles cuentas bancarias para repartir sus beneficios.
El caso de Spargo muestra lo difícil que es para los reguladores y los organismos que hacen cumplir la ley rastrear y castigar a supuestos delincuentes financieros más allá de las fronteras. Redes de 'shell companies' -firmas sólo en papel con pocas operaciones reales- hacen incluso más difícil identificar a los sospechosos. Incluso aunque los reguladores puedan identificarlos, a menudo es difícil llevarlos ante la justicia.