Londres no hará públicas las actas en que se aprobó la guerra de Iraq

El titular de Justicia, Jack Straw, anunció en el Parlamento una resolución para la que empleó los mismos argumentos de "interés público", en el sentido de que no provocaría "ningún beneficio", y que ha supuesto la utilización por primera vez del veto al que el Ejecutivo tiene derecho según la Ley de Libertad de Información, promulgada en 2005.

La inédita decisión provocará un severo debate en Reino Unido, puesto que el Gobierno no ha intentado siquiera la vía de la apelación al Alto Tribunal (equivalente al Supremo español) para poner fin a una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Hussein.

Según explicó Straw en la Cámara de los Comunes, revelar los contenidos de las reuniones celebradas el 13 y el 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, supondría "potenciales daños serios" para el Gobierno y no generaría "ningún beneficio para el interés público".