Lo decía ayer con toda claridad un analista. “Es probable que se hayan salvado, por el momento, el euro y las bolsas; pero falta por concretar todavía lo más difícil: la reducción de los déficit públicos”. Y no le falta razón. Como sostiene un antiguo secretario de Estado de Presupuestos, “ahora toca gobernar” y, por el momento, Salgado se ha limitado a anunciar el recorte, pero sin dar pistas sobre en qué partidas se aplicará.

La vicepresidenta tan sólo ha dejado recientemente una cifra en Bruselas que ha debido hacer saltar las alarmas. Según la comunicación oficial que ha enviado a España a la Unión Europea –fechada el pasado 31 de marzo- la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas se situará al acabar este año en 694.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, será equivalente al 65,9% del PIB.

Para hacer una idea de los que significa esta cifra hay que tener en cuenta que al comenzar la crisis, en 2007, el endeudamiento público se situaba en 380.660 millones de euros, lo que significa que en apenas tres años habrá crecido nada menos que un 82%. O dicho con otras palabras, la crisis ha dejado ya una factura de 313.340 millones de euros para las próximas generaciones. Esta es, precisamente, la vía de agua que intenta cerrar ahora el Gobierno con su anunciada política de recorte del gasto público. Algo que hoy por hoy continúa siendo una incógnita.

Lo que también está meridianamente claro es que tamaño ajuste fiscal no se puede hacer sin el concurso de las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos), que controlan más de la mitad del gasto público, y de ahí que ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, lanzara el primer aviso para navegantes. El ajuste se aplicará en todas las administraciones.  Es lógico teniendo en cuenta que, según los últimos datos disponibles, de cada cien euros que se gasta el Estado, 19,2 euros los ejecuta la Administración Central; otros 28,8 euros son responsabilidad de la Seguridad Social. Las comunidades autónomas, por su parte, disponen de 36,3 euros para gastar, mientras que las corporaciones locales cuentan con 15,4 euros.

¿Qué quiere decir esto?, Pues que si finalmente el Gobierno central actúa sobre las retribuciones de los funcionarios, el recorte también afectará a los que trabajan en el resto del sector público. Esto exigiría una norma de rango legal que sustituya a la Ley de Presupuestos, ya que la política de retribuciones es una competencia exclusiva del Estado. Al menos como regla general, ya que posteriormente tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen cierto margen de maniobra, pero sin alterar la norma general.

El capítulo 1 de los presupuestos es, precisamente, el segundo más importante en términos de Contabilidad Nacional, tras las prestaciones sociales. En 2009, la remuneración de los asalariados del sector público –incluyendo todas las administraciones- ascendió a 124.285 millones de euros, con un  crecimiento del 5,6% respecto del año anterior. Esto quiere decir que por cada punto de recorte de la masa salarial, el ahorro sería de unos 1.200 millones de euros.

El margen de maniobra del Gobierno para recortar es mucho más estrecho en otras partidas. En particular en gasto corriente, que apenas representa el 1,5% del presupuesto consolidado del Estado incluyendo operaciones financieras. En concreto, asciende a 3.514 millones, lo que indica que poco puede contribuir a reducir el déficit público. Algo parecido sucede con el capítulo tres del presupuestos, el destinado a pagar el servicio de la deuda. En este caso, lo presupuestado son 23.224 millones de euros para 2010, cantidad que por razones obviar es ‘sagrada’ y no se puede modificar.

La situación de las cuentas públicas, en cualquier caso, es ya angustiosa. Según informó ayer Europa Press, Alemania y Países Bajos consideraron insuficiente el recorte adicional del déficit anunciado por España para calmar a los mercados y recuperar la confianza. Y así se lo hicieron saber el domingo a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, durante la reunión extraordinaria del Ecofin en la que se creó un fondo de rescate dotado con 750.000 millones de euros para ayudar a los países con problemas para refinanciar su deuda, informaron fuentes diplomáticas.

En el acuerdo para crear este fondo sólo se nombra explícitamente a dos países, España y Portugal. Y se les menciona para destacar que la UE "celebra y respalda enérgicamente el compromiso de Portugal y España de adoptar medidas adicionales significativas de consolidación en 2010 y 2011", que deben presentarse en el Ecofin del 18 de mayo. La Comisión examinará la idoneidad de estas medidas en junio.