“A Zapatero le han puesto un corralito presupuestario”. Así, de esta manera tan gráfica, explicaba esta mañana un alto ejecutivo a El Confidencial las consecuencias que tendrá para España el superfondo de 720.000 millones de euros aprobado esta madrugada por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

Se trata de un paquete extraordinariamente importante –representa nada menos que el 72% del PIB de España- que se destinará a garantizar la liquidez en los mercados de deuda soberana, y con el que se pretende evitar una subida desproporcionada de los tipos de interés que penaliza, precisamente, a los países con problemas. Tendrá, sin embargo, una dura contrapartida en términos presupuestarios. Francia y, sobre todo, Alemania, obligarán a los países en una situación más delicada -entre ellos España- a un recorte adicional del gasto público, aunque esta vez no sólo sobre el papel, como ha hecho hasta ahora la vicepresidenta Salgado, sino de forma concreta y detallada, como le vienen exigiendo a Zapatero desde hace meses todos los organismos multilaterales.

Será el FMI, que abre una línea de préstamos que podría alcanzar los 250.000 millones de euros, quien fiscalice los escenarios de consolidación fiscal que estarán obligados a presentar en las próximas semanas los países más vulnerables: España y Portugal, además de Grecia, cuya economía se ha convertido ya en una especie de protectorado del FMI. Es el fondo monetario quien ha diseñado los planes de ajuste. La situación de las finanzas públicas –que en última instancia es la causa de los problemas en los mercados de deuda soberana- que hasta el propio Obama habló el domingo con Sarkozy y Merkel para buscar una solución e implicar al FMI, cuyo principal ‘accionista’ es EEUU.

El paquete de ayudas a la zona euro, de hecho, tiene un diseño similar al aprobado en EEUU durante el periodo de mayor turbulencia financiera. Si allí fue la Reserva Federal la que compró títulos públicos para estabilizar los mercados de deuda, aquí será el BCE quien monetice las emisiones de deuda pública poniendo a funcionar la máquina de hacer dinero. Entre el peligro inflacionista y la probabilidad de un default de algún país europeo, la UE ha preferido correr con el primer riesgo.

Estabilización de la balanza de pagos

El paquete se completa con la posibilidad de que los estados miembros ofrezcan garantías o avales por valor de 440.000 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar otros 60.000 millones que se destinarán a la estabilización de la balanza de pagos de los países afectados. Hay que relacionar este fondo con la fuga masiva de capitales que se ha producido en Grecia, pero que puede repetirse en cualquier país cuestionado por los mercados por la baja calidad de sus finanzas públicas.

Las fuentes consultadas  hoy coincidían en que el Gobierno español no tiene ahora más remedio que hacer lo que ha negado hasta ahora, y cuya estrategia ha puesto al país al borde del abismo. Un ahorro adicional de 15.000 millones de euros en dos años, como ha propuesto, Salgado, sólo puede atacarse con la adopción de medidas impopulares que afectan a partidas de gasto que hasta ayer se consideraban ‘intocables’: sueldo de los empleados públicos, recortes de plantilla, pensiones o sanidad, incorporando medidas como el copago. “España puede olvidarse ya de planes E y de gastar más en obra pública. Esto se ha acabado”, aseguran las fuentes. El gasto social representa cerca del 60% del presupuesto y, por lo tanto, sólo de ahí pueden recortarse partidas.

La implicación del FMI en todo el proceso de supervisión y control del gasto público parece revelar que el rumor del pasado miércoles que provocó un pánico en los mercados tenía claros fundamentos. Se rumoreaba que España y otros países podrían pedir ayudas al FMI, algo que el presidente Zapatero tachó de "absoluta locura" y de  "disparate desproporcionado". Pues bien, no ha pasado ni una semana de esa locura y de ese disparate y en las últimas horas se ha confirmado.  España recibirá dinero del FMI si las circunstancias del mercado lo exigen y, en cualquier caso, sus finanzas públicas estarán bajo la supervisión del fondo y de los funcionarios de Bruselas, que tendrán que dar el visto bueno a los nuevos planes de consolidación fiscal. Ya no hay margen para el gasto.