Industria descarta reformular la Ley Rato para impedir la entrada de Lukoil en Repsol
El Ministerio de Industria descarta impedir la entrada de Lukoil en Repsol mediante una reformulación de la 'Ley Rato' o 'anti EDF', que capacita al Gobierno
La Ley Rato, diseñada en 1999 para evitar la entrada de EDF en Hidrocantábrico, fue declarada ilegal en febrero por el Tribunal de Luxemburgo por restringir la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. En su sentencia, el tribunal europeo entendió que la norma podría disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético.
En todo caso, el dictamen del tribunal exige de forma irrevocable la retirada de la norma por atentar contra la circulación de capitales en la Unión Europea, pero no alude a empresas de terceros países.
'La Vanguardia' publica hoy que existe la posibilidad de modificar esta norma, incluida en una disposición adicional de la Ley 55/1999, de modo que queden eximidas las empresas europeas, pero no las extracomunitarias, como sería el caso de Lukoil.
Sin mecanismos de defensa
Una vez abolidas la 'golden share' y la Ley Rato, España carece prácticamente de mecanismos para protegerse ante la entrada de compañías no deseadas en el capital de empresas estratégicas.
La CNE puede recurrir a la Función 14 para pronunciarse sobre operaciones de adquisición de participaciones significativas en empresas reguladas. No obstante, fuentes del regulador explican que en el caso de Repsol no procede aplicar esta función, parcialmente derogada por la UE. Otra de las funciones del regulador, la número 15, le permite analizar el efecto de las operaciones en el sector energético sobre el mercado.
La Ley Rato, diseñada en 1999 para evitar la entrada de EDF en Hidrocantábrico, fue declarada ilegal en febrero por el Tribunal de Luxemburgo por restringir la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea. En su sentencia, el tribunal europeo entendió que la norma podría disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros de adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético.