Sufragar un solo día de trabajo de todos los funcionarios en España supone un esfuerzo de 340,5 millones de euros. Y como si no se trabaja el día se descuenta del sueldo, la huelga del sector público convocada para hoy por UGT, CCOO y CSIF puede suponer un inesperado ahorro extra para el Gobierno y las autonomías, inmersas en un duro plan de ajuste. Según las cuentas trimestrales de las Administraciones Públicas que publica el Ministerio de Economía, la remuneración de los funcionarios ascendió a 124.285 millones en 2009, tras crecer un nada despreciable 5,6% en época de vacas flacas.

Claro que si para alguien no ha habido crisis es para las autonomías. “El 61,2% corresponde a las comunidades autónomas con 76.082 millones y un incremento del 6,1%”, remata el informe de Hacienda. La factura de los funcionarios autonómicos es de 208,4 millones al día. Con todo, es pronto para echar cuentas. Fuentes de diferentes ministerios aseguran a El Confidencial que el Ejecutivo maneja un seguimiento de los paros de sólo el 20%, consciente de que muchos de los empleados públicos no querrán sumar un día sin paga a la rebaja salarial media del 5% que les aplicará el Gobierno a partir del 1 de junio.

“Los funcionarios se resisten a la huelga por la reducción que supone en su sueldo –asegura a este diario un alto cargo de un ministerio-. Para muchos no deja de ser un movimiento de la clase sindical y creen que no tiene mucho sentido; prefieren mirar a su bolsillo. Ayer Angela Merkel planteó reducir la plantilla de empleados públicos en 10.000 y una rebaja de sueldos del 2,5% en Alemania. Muchos entienden que hay que asumir el recorte”. Y no será fácil hacer trampa. Los ministerios ya contemplan utilizar un sistema de firmas para registrar quiénes acuden al trabajo. “Puede que las máquinas de fichar se estropeen. Mejor estar preparados”, apuntan estas fuentes.

Una cita para elegidos

Más allá del ejercicio teórico, si se cumple la predicción y el índice de seguimiento de la huelga alcanza el 20%, unos 430.000 funcionarios se quedarán sin cobrar un día de sueldo, con lo que el ahorro en nóminas que podrían acumular las diferentes Administraciones alcanzaría una cifra superior a los 55 millones de euros. Eso sí, con el matiz de que no es un ahorro neto: la Seguridad Social se sigue abonando. Según los últimos datos del Ministerio de la Presidencia, el personal al servicio de la Administraciones Públicas alcanzaba en julio de 2009 los 2,66 millones de efectivos, si bien no todos están llamados a hacer huelga. Si se filtran los funcionarios no convocados, la cifra apenas superaría los dos millones.

Sin ir más lejos, la Administración General del Estado agrupa el 21,9% del total de empleados públicos, hasta 583.447 profesionales. Sin embargo, a esa cifra habría que restar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas e incluso algunas entidades públicas empresariales y organismos públicos que quedan fuera de la cita de hoy. Por ejemplo, aunque los trabajadores de Aena sí son de la partida, los de Adif y Renfe no figuran en la lista. La Administración General del Estado en sentido estricto la componen sólo 239.865 efectivos, de los que el 93,4% desempeña su labor en ministerios y áreas vinculadas.

Algo similar sucede con las comunidades autónomas y los municipios. Sumarían 1,34 millones y 627.092 empleados públicos más, respectivamente, pero las cuentas se complican al entrar en el detalle. A modo de muestra, en Madrid los trabajadores de Metro y EMT desarrollarán su tarea con normalidad al quedar el transporte fuera del real decreto-ley que establece los ajustes.

Más allá de las cifras, desde otro ministerio se matiza a este diario que sí existe un malestar entre los funcionarios por la rebaja salarial acordada por el Gobierno y una indudable beligerancia. “Los sindicatos en la casa han llegado a plantear que el recorte del sueldo vaya acompañado de una reducción en las horas de trabajo”, subraya. En todo caso, no son cifras de seguimiento extrañas. La congelación salarial aprobada para 1997 por el Partido Popular fue respondida con un paro de la función pública de 24 horas cuyo seguimiento fue cifrado por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, en el 18,67%.