Siete días faltan para que la Comisión de Economía del Congreso vote la polémica enmienda contra los blindajes en las empresas, incluida en la nueva Ley de Auditoria y Sociedades Anónimas. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, CiU se pondrá del lado del Gobierno, cuya iniciativa favorecería los intereses de Florentino Pérez y de Luis del Rivero en sus asaltos a Iberdrola y Repsol, respectivamente.

Pero lo hará con una importante matización, obligado por las presiones de algunos de los miembros más ilustres del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Según las mismas fuentes, CiU ha condicionado su voto favorable a que la nueva normativa mantenga la limitación de voto para las compañías con un claro componente familiar. De esta forma, el partido nacionalista catalán se pone del lado del Ejecutivo, promotor de esta iniciativa realizada a espaldas del propio PSOE,  y a su vez deja contento a las grandes fortunas españolas.

 

Entre ellas están los March, principal accionista de ACS y uno de los grupos que más están empujando esta nueva normativa. La constructora presidida por Florentino Pérez es el principal interesado en la eliminación de la limitación de los derechos de voto, ya que hasta la fecha no ha podido tener representación en el consejo de Iberdrola, de la que tiene un 7,7% de forma directa y otro 4,9% aparcado a través de Natixis. De salir adelante la enmienda, ACS ya podría tener, de acuerdo al Código de Comercio, al menos un miembro en el consejo de administración de la eléctrica y dos si elevara su participación a cerca del 14%.

 

Pero además de los March, la propuesta de CiU supondría proteger los intereses de otras empresas cuyo principal accionista es una empresa familiar. Así ocurre en España con sociedades como Ferrovial, Acciona, Inditex, FCC, OHL o Técnicas Reunidas, todas ellas cotizadas, y otras como Grupo Barceló, cuyo primer ejecutivo, Simón Pedro Barceló, es presidente del IEE.

 

Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a que CiU ha mantenido conversaciones con Leopoldo Rodés, hombre de confianza de La Caixa, de la que es consejero. Rodés, que también está en el consejo de Criteria, de Abertis y de Inbursa, el grupo mexicano participado por la caja catalana, es a su vez una de las personas más cercanas a la familia March, con la que comparte intereses en los negocios de la publicidad. Además, es un hombre próximo a la familia Polanco, que recientemente ha blindado su participación en Prisa tras el anuncio de la venta a un grupo inversor americano.

 

El partido nacionalista, en el que ha habido diferencias de criterio entre los partidarios de Convergencia y los de Unió sobre la enmienda, ha consultado también a La Caixa para conocer su posición. La caja presidida por Isidro Fainé ha dado vía libre a CiU para que vote lo que considere oportuno al considerar que se trata de una cuestión política sobre la que no puede pronunciarse públicamente.

 

No obstante, La Caixa, que ha declinado hacer ningún comentario oficial, se vería afectada porque el levantamiento de los derechos de voto permitiría a Sacyr Vallehermoso tomar el control de la gestión de Repsol, en la que la caja tiene el 14%. Ahora, la constructora tiene tan solo tres consejeros y no manda en un grupo del que es el primer accionista, con el 20%. Aparentemente le perjudicaría, pero La Caixa ya ha dejado claro que su objetivo a medio y largo plazo es reducir su presencia en Repsol, por lo que sería algo poco preocupante. Por el contrario, podría beneficiarse de una potencial subida de las cotizaciones de las empresas que ahora tienen blindajes al permitir que cualquier inversor pudiera entrar en su capital al desaparecer las limitaciones de voto.

 

Rajoy pregunta a Pizarro

 

La otra incógnita para saber si la enmienda triunfará es la posición del PP. En el seno del partido de la oposición hay opiniones para todos los gustos. El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, admitió la semana pasada que su formación ve "pros y contras" en la propuesta del PSOE de prohibir las cláusulas en los estatutos de las empresas que limitan los derechos de voto de los accionistas.

 

Añadió que  todavía siguen "estudiando" cuál será su posición en la votación que tendrá lugar el próximo 24 de marzo en el Congreso de los Diputados. Para definirla Mariano Rajoy ha consultado a personas como Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, cuyas relaciones con Iberdrola siempre han sido poco amistosas. También ha mantenido conversaciones con Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía, que en 2003 ya trató de eliminar dichos blindajes.