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La ministra de Economía española, Elena Salgado, abogó hoy por que los estados miembros retengan cierto poder de veto en el mecanismo que active las sanciones contra los países que infringan la disciplina fiscal de la UE.

Salgado participó hoy en Luxemburgo en la última reunión del grupo especial que impulsa el endurecimiento de la disciplina fiscal en la UE, que deberá entregar su informe final a los líderes europeos en la cumbre que se celebrará los días 28 y 29 de octubre en Bruselas.

La ministra, que abandonó el encuentro para preparar en España el debate de los presupuestos del Estado, explicó que el debate entre los Veintisiete está centrado en el grado de automatización que se dé a la aplicación de sanciones. "Todos aceptamos que pueda haber una mayoría inversa en el sentido de cambiar un poco las reglas de votación pero, desde luego, dejando sitio para que el Consejo pueda también tener su papel", dijo Salgado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno se refería a la propuesta de la Comisión Europea de revertir el sistema actual de votación de los castigos, de manera que una vez que Bruselas proponga una pena, ésta sea automáticamente aplicada a no ser que una mayoría de países se oponga en el plazo de diez días.

Mayorías

Según Salgado, una mayoría de países acepta dar la vuelta al actual sistema de votación, que prevé que cada decisión tenga que ser obligatoriamente refrendada por una mayoría cualificada de estados miembros, pero las diferencias estriban en el tipo de mayoría necesaria para el veto.

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y los países del norte liderados por Alemania han abogado por que el veto requiera una mayoría cualificada de países. Francia, Italia, España y otros países del sur son favorables a que las decisiones sobre sanciones puedan ser vetadas por una mayoría simple. A este respecto, la ministra explicó que el asunto "todavía está en discusión" y no hay ningún acuerdo cerrado.

Preguntada por el sistema de mayorías, la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, contestó: "Olvídense de eso. No se fijen tanto en los detalles, miren el conjunto de la foto. Es un gran endurecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".

Borrador

El borrador de informe destaca la importancia de extender la vigilancia más allá de la supervisión fiscal, para atender también a estos problemas de competitividad.

En línea con las propuestas de la Comisión Europea, el texto recomienda que Bruselas efectúe una evaluación anual sobre las debilidades de cada país, en paralelo con el tradicional examen de las cuentas públicas, empleando una serie de indicadores como el precio de la vivienda o la deuda privada.

El documento reconoce que los desequilibrios macroeconómicos tardan años en corregirse y, por eso, vincula la aplicación de las sanciones al cumplimiento de las recomendaciones y no a los resultados obtenidos, de manera que sólo sean castigados los estados que incumplan los consejos de Bruselas.

La Comisión ha propuesto que estas multas asciendan al 0,1% del PIB del país afectado (lo que en el caso español podría sobrepasar los 1.000 millones de euros).

El texto también recomienda que la Comisión envíe misiones de inspección a los estados señalados por sus desequilibrios excesivos, así como a aquellos con déficit excesivo.

Esta recomendación está incluida en el borrador del informe que prepara el grupo de trabajo creado la pasada primavera, en pleno azote de la crisis de deuda, para impulsar el endurecimiento de la disciplina presupuestaria.

Por otro lado, el borrador se hace eco de otras propuestas de la Comisión como la introducción de castigos preventivos contra los países que, sin haber superado los límites de déficit y de deuda permitidos (el 3% y el 60% del PIB, respectivamente), mantengan una política presupuestaria poco saludable.

El borrador también propone que el criterio de la deuda pública sea un factor vinculante en el procedimiento sancionador, aunque se hace eco de la petición de algunos países para que el coste de la reforma de sus sistemas de pensiones sea un factor atenuante.

Todo el rango de sanciones económicas será únicamente aplicable a los países del euro, aunque el grupo recomienda extenderlas al resto de la UE (excepto Reino Unido) antes de 2013. El método que propone para el resto de la Unión será mediante el bloqueo de las ayudas europeas a los infractores.

El documento señala que las sanciones no serán retroactivas, pero recomienda acordar una aplicación paulatina para los estados con déficit excesivo (la mayoría de la Eurozona, entre ellos España).

El documento también considera la posibilidad de sancionar a los países que publiquen estadísticas poco fiables, como ha sido el caso de Grecia. Por último, el borrador también recomienda realizar evaluaciones independientes sobre los países, distintas de las que realiza la Comisión, en línea con las peticiones del BCE.