El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha ordenado a la gestora inmobiliaria del Banco Santander que revele "todos y cada uno de los partícipes" que abandonaron el fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario antes de que fueran congelados los reembolsos, con efectos del 28 de febrero de 2009.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la juez Belén Sánchez ha adoptado esta decisión tras admitir a trámite la querella presentada por la asociación de afectados Activa, que acusaba al banco, entre otros delitos, de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas, y que en principio había rechazado por considerar que la investigación de los hechos correspondía a la Audiencia Nacional.

La juez entiende que "en aras a garantizar el derecho de defensa", procede incoar diligencias hasta que el Tribunal Supremo resuelva cuál es el órgano competente para ello. Por ello, ordena al Santander que remita la información de los partícipes que salieron del fondo en la ventana de liquidez de octubre de 2008, cuando contaba con una de las mayores rentabilidades de su historia.

Según Activa, que representa a más de 400 afectados, el Santander facilitó en ese momento la salida de "unos cuantos" partícipes, que tenían en sus manos el 16,90% del patrimonio, para luego proceder supuestamente a crear el pánico entre el resto de clientes, que llegaron a solicitar el reembolso de más del 80% del volumen gestionado por el fondo.

El Santander procedió en febrero de 2009 a pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que congelara la devolución de los ahorros a los más de 43.000 partícipes del producto. Entre otras diligencias, la juez también ha pedido al banco que aporte el expediente del préstamo que se concedió al Santander Banif Inmobiliario por importe de 170 millones de euros para atender sus necesidades.

Asimismo, ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aporte "toda la información que obre en sus archivos" sobre el Santander Banif Inmobiliario. La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional en abril de 2009 por los abogados Antonio Panea y Javier Sotos, que han impulsado varias causas contra el Santander.

En la querella se acusa a los responsables del primer banco español de estafa, apropiación indebida y otros delitos relativos al mercado como el uso de información privilegiada o la maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado.

Los letrados, que han pedido que se declare la responsabilidad civil directa o subsidiaria del Banco Santander y de su banco privado, Banif, sostienen que el fondo inmobiliario fue comercializado a pequeños ahorradores sin advertirles de los riesgos y, en cambio, permitió obtener 640 millones de euros en comisiones entre 2003 y 2008.