El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha anunciado que la exposición de las cajas de ahorros al sector de la construcción y promoción inmobiliaria es de 217.000 millones de euros, de los que el 46% es "potencialmente problemática".

Los préstamos dudosos ascienden a 28.000 millones de euros, mientras que los inmuebles adjudicados se elevan a 44.000 millones de euros. Fernández Ordóñez desveló estos datos en la valoración del decreto ley de Reforzamiento del Sistema Financiero aprobada por el Gobierno, que calificó de "imprescindible" para disipar la desconfianza de los mercados y mantener abiertos los canales de financiación y el flujo de crédito.

Según informó El Confidencial, El Banco de España calculó, con datos de junio de 2010, que el crédito a promoción inmobiliaria del conjunto del sistema financiero ascendía a 319.000 millones, ya que el supervisor permitió a bancos y cajas que dejasen fuera el crédito constructor que no tiene relación directa con la promoción inmobiliaria en sus informes. Según su propio Boletín Estadístico, el crédito a la construcción no inmobiliaria asciende a unos 120.000 millones.

Frente a esos 319.000 millones de crédito promotor puro calculado por el Banco de España, las entidades han declarado una cifra conjunta de 239.285 millones. Dentro de esa suma se incluye prácticamente el 95% del sistema financiero; es decir, la cantidad global será muy ligeramente superior.

Es decir, hay 80.000 millones de diferencia que no se justifican de ninguna manera y que, por consiguiente, bancos y cajas han ocultado en sus informes de transparencia. Y eso como mínimo, porque no todas las entidades han segregado el crédito constructor en sus informes. El propio Banco de España ha reconocido públicamente la dificultad para separar ambos conceptos.

"Hay que hacer más cosas"

Por otro lado, Fernández Ordóñez ha asegurado que el decreto ley para reforzar el sistema financiero aprobado por el Gobierno era "imprescindible" para atajar la desconfianza sobre las entidades españolas, y que sin él se registrarían caídas del crédito "muy importantes".

También valoró el proceso de reestructuración llevado a cabo por las entidades financieras en España y que ha supuesto la reducción de 45 a 17 cajas de ahorros, pero consideró que aún "hay que hacer más cosas".

En este sentido, desechó la tesis de los que consideran que no hacía falta aprobar el decreto ley porque el sistema financiero ya contaba con la Ley de Cajas y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para resolver sus eventuales problemas.