En su ignorancia oceánica, Zapatero está convencido de que la crisis se arreglará sola, por lo que ha renunciado a utilizar los Presupuestos como la única herramienta de política económica de que disponemos. Para este iluminado, son sólo un gigantesco instrumento de subvención para mantenerse en el poder, una cosmovisión que empieza siempre con la compra de votos para su aprobación. Unas veces ha sido en dinero contante, y ahora con el blindaje de privilegios fiscales inaceptables,  más 450 millones  porque sí, más una limosna a Corrupción Canaria por su traición: Canarias paga 410 millones anuales de más, para cubrir lo que el País Vasco y Navarra pagan de menos. 

El cupo vasco que ahora se blinda es un privilegio medieval que por la negligencia culpable de algunos políticos ha sobrevivido hasta nuestros días. Aunque el cupo tiene su origen en el desenlace de las guerras carlistas del siglo XIX, su supervivencia actual se debe a un hecho mucho más cercano ocurrido durante la Transición, un periodo donde la falta de sentido del Estado, la incompetencia, la cobardía y el egoísmo personal  de sus protagonistas le ha convertido en uno de los episodios más  desastrosos y potencialmente destructivos de la Historia de España. El tema concreto, que presencié en primera persona, fue el siguiente.

El desastre de la Transición una vez más

Después de la Guerra Civil, el general Franco, en razón a lealtades políticas, suprimió el régimen foral en Vizcaya y Guipúzcoa, pero lo mantuvo en Álava y Navarra. Durante la Transición, Paco Fernández Ordóñez, a la sazón Ministro de Hacienda,  embarcado en una cruzada  por sacar  adelante un sistema fiscal moderno y solidario, había decidido eliminar este privilegio: “Todos iguales ante la hacienda pública”. Frente a ello, los entonces cabeza de lista de UCD por Vizcaya y Guipúzcoa, dos de los grandes prohombres de la formación, con el delirante argumento de que si lo hacía UCD perdería las elecciones en esas provincias, exigían su restablecimiento. Paco se negó, pero ellos recurrieron al resto de barones y a Suárez, quien finalmente le torcería el brazo y el expolio sería restablecido en toda su extensión.

El cupo significa que el País Vasco y Navarra gestionan su Hacienda como  Estados soberanos, lo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta, y pagan una cantidad ridícula al Estado por los servicios que les presta. Pero además, como sus empresas venden casi el 80% de sus productos y servicios en el resto del país e ingresan los correspondientes impuestos en las Diputaciones forales, la situación es infinitamente mejor que la de un Estado soberano y  se asemeja a la de una metrópoli con sus colonias en el siglo XIX. Se trata de un privilegio tan descomunal, que les permite ganar dos puestos en renta per capita relativa, a costa del resto de regiones españolas.

El cálculo del cupo se ha hecho siempre rindiéndose a las exigencias maximalistas y nunca suficientes de los separatistas del PNV. No voy a entrar en la historia de estos chantajes, porque tampoco tiene mayor interés. Sólo mencionar el del año 2002, donde mediante una serie de cálculos tramposos, que ha descrito muy bien Mikel Buesa en varios artículos, y que Rato se tragó, el cupo se redujo a 1.035 millones, en lugar de los 2000 millones que habrían correspondido. Porque lo relevante no son estos detalles, sino la cuantificación del expolio, es decir, ¿qué ocurriría si el País Vasco y Navarra estuvieran sometidos al régimen fiscal común?

En 2008 el PIB del País Vasco fue el 6,3% del nacional y el de Navarra el 1,7%. En consecuencia, la contribución a los ingresos no financieros del Estado en 2010  debería ser de 11.600 millones de euros el País Vasco y de 3.150 millones Navarra. En realidad,  el País Vasco contribuirá con un neto de 906 millones y Navarra con 508. Y a pesar de tratarse de las provincias más ricas del país, a pesar de vender en el resto de regiones el grueso de sus productos y servicios, no aportan un céntimo a los Fondos de Suficiencia y de Compensación, destinados a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales. Nos encontramos así en un proceso de solidaridad invertida donde las regiones pobres resultan expoliadas para que las ricas sean todavía más ricas.

Expolio fiscal y competencia desleal

Siguiendo con la cuantificación, hay toda una serie de gastos y servicios que son financiados por los gobiernos vasco y navarro, y que en caso de funcionar en el régimen común, tendrían que ser financiados  por el Estado, y esas cantidades deben ser deducidas. A la vista de los Presupuestos 2009 de ambas comunidades, y suponiendo unos sueldos de los funcionarios forales iguales a la media nacional y no un 40% superiores, estas cantidades pueden estimarse en 3.400 millones de euros para el País Vasco y en 900 para Navarra. Por tanto, si se rigieran por el régimen común, la aportación en 2010 del País Vasco debería ser de 8.200 millones de euros y la de Navarra de 2.250 millones, y la diferencia con lo que en realidad aportarán es pura y simplemente un expolio al resto de las regiones españolas. En concreto, el País Vasco debería aportar 9,1 veces más, si se rigiera por el régimen fiscal común, y Navarra 4,5 veces más. Un expolio conjunto al resto de regiones de 9.000 millones de euros anuales.

Y ésta cifra, espeluznantes, no incluyen el efecto fiscal de las empresas forales con actividades en toda España. Me refiero al destino final de los impuestos originados en sus operaciones fuera de los territorios forales. El problema no debería existir si, como es preceptivo, los impuestos se ingresaran proporcionalmente a donde se generan, pero muchos fiscalistas señalan que aunque esto es lo que sucede con las grandes, no ocurre lo mismo con los cientos o miles de empresas medianas y pequeñas, que ingresan sus impuestos en la Diputaciones Forales, que a falta de un control riguroso porque ello sería una ofensa para las Diputaciones, impuestos que corresponden a actividades en otras regiones pueden acabar en las arcas forales. Un dinero que les permite rebajar el Impuesto de de Sociedades a estas mismas empresas, ejerciendo así una competencia desleal a las del resto del país, y además ¡con nuestro dinero! Y yo tengo otra duda, según apareció en los medios, la compra de Scottish Power por Iberdrola añadía a las arcas forales 100 millones de euros año. ¿Y al  Estado le ha añadido algo?

Bien, y así las cosas, ahora el expolio se blinda. ¿Y eso que significa?. Pues significa que como tanto Zapatero como los separatistas se fuman un puro con la Constitución y con el Estado de Derecho, han decidido que las normas forales del País Vasco adquieren rango de ley, algo abiertamente anticonstitucional. Es decir, ahora no sólo se llevan la pasta, además legislan con validez en toda España, lo que produce una indefensión jurídica total del resto de las regiones, que tendrán que competir con las reducciones de impuestos de las sociedades forales en todo el país, aunque lógicamente las más afectadas son las limítrofes, Cantabria, Castilla-León, Rioja, y también Aragón, que se enfrentan así a un doble problema: la competencia desleal con las empresas forales en el mercado y la deslocalización, ya que muchas empresas preferirán instalarse en el País Vasco, disfrutar de las reducciones de impuestos y así competir mejor en el resto de España. Zapatero ha vuelto a traicionar una vez más a la mayoría de regiones españolas por un puñado de votos.  

(*) Roberto Centeno, Catedrático de Economía de las Escuela de Minas de la UPM.