Santo Domingo, 21 ago (EFE).- Senadores de la República Dominicana pidieron a la Iglesia católica que detenga los "ataques" al sector azucarero por parte del sacerdote Christopher Hartley, quien ha denunciado reiteradamente las precarias condiciones de vida de los cortadores de caña en el país caribeño.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Prim Pujals Nolasco, dijo hoy a Efe que sus integrantes se han dirigido al cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, y al nuncio del Papa, Jozef Wesolowski, para pedirles que intervengan ante estas acusaciones, que perjudican a la industria azucarera dominicana.

Los senadores consideran que Hartley, a quien acusan de dirigir "una campaña de difamación y descrédito" contra la República Dominicana, pone en peligro las exportaciones nacionales de azúcar y, muy en particular, las dirigidas a la Unión Europea, un mercado en el que acaba de introducirse el país caribeño con la exportación de 30.000 toneladas de azúcar.

Christopher Hartley está en la actualidad destinado fuera de la República Dominicana, pero trabajó entre 1997 y 2006 en la parroquia de San José de los Llanos, junto a las aldeas enclavadas en las plantaciones de azúcar de la provincia de San Pedro de Macorís (este).

El sacerdote realiza constantes denuncias sobre el trato que las empresas productoras dan a los trabajadores, en su mayoría haitianos, que se dedican a cortar la caña de azúcar.

Les acusa de violaciones de derechos humanos por medio del tráfico de personas, el trabajo infantil, la discriminación racial y la falta de asistencia sanitaria, así como de fraudes y abusos laborales.

Los senadores, en el dossier enviado al cardenal y al nuncio, al que tuvo acceso Efe, afirman que actúan en defensa de una industria "que reporta a la República Dominicana miles de millones de pesos anuales en razón de impuestos, 35.000 plazas de empleos directos y, más que nada, un respiro a la miseria de muchas familias" de haitianos.

La Iglesia católica, según los legisladores, debe "solidarizarse" con los dominicanos "y plantear a los superiores inmediatos del padre Hartley los graves daños" que genera al país "la negativa campaña internacional que él promueve. Deben investigar a qué intereses responde, quien financia sus campañas y a quien benefician sus acciones".

El expediente, entre otros documentos, incluye copia de una carta, fechada el pasado 10 de julio y dirigida por Hartley a la empresa británica Tate & Lyle, compañía compradora de las 30.000 citadas toneladas de azúcar dominicano, a cuyos responsables el sacerdote insta a considerar la moralidad de esta adquisición.

"Usted está obligado a examinar la procedencia moral de los productos", dice la misiva, que recuerda que la transacción se inscribe en el contexto del acuerdo de asociación económica (EPA) entre la UE y los países del Caribe, cuyo fin es contribuir al desarrollo de los países firmantes.

También dice el sacerdote que la empresa debe plantearse si estas transacciones "beneficiarán la economía, la sociedad y la cultura de la República Dominicana" o si aumentarán "el resultado final del CEA (Consejo Estatal del Azúcar) y de las familias Vicini, Fanjul y Campollo", los principales grupos azucareros privados del país. EFE jsm/vv

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