El catedrático Ignacio Zubiri, uno de los expertos consultados por la Comisión parlamentaria que actualiza del Pacto de Toledo, lo tiene claro: “El sistema de reparto es el mejor posible. No tiene alternativas”. Pero dicho esto, está convencido de que si el actual modelo de financiación no se reforma, el sistema es inviable. Claro está, a no ser que se acepte que la cuantía de las pensiones se rebaje un 40%, lo cual no parece razonable, aclara.

Según Zubiri, “es insostenible que las cotizaciones sociales continúen siendo la única fuente de financiación de las pensiones”. Y para llegar a esta conclusión se ampara en unas cifras generalmente aceptadas por los expertos: el gasto en pensiones se situará muy cerca del 16% del PIB en 2050, prácticamente el doble que en la actualidad. Ese nivel, asegura, es perfectamente sostenible para la economía española, pero no para la Seguridad Social si el gasto en pensiones sólo se cubre con cotizaciones, y de ahí que proponga que una parte se financie con los impuestos generales, incluidos los que gravan el capital.

En España, según sus estimaciones, realizadas a partir de la documentación que envió el propio Ministerio de Trabajo a la Comisión del Pacto de Toledo, “si realmente quisiéramos bajar las pensiones para ajustarlas a lo que se estima que se puede recaudar por cotizaciones implicaría que, por lo menos, las pensiones se tendrían que reducir en un 40%”.

Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, señaló a El Confidencial que “lo que no tiene sentido es empeñarse en financiar sólo con cuotas el gasto en pensiones”, tal y como propone el Pacto de Toledo. En su opinión, el sector público es el único que tiene capacidad para cubrir los riesgos colectivos, y recuerda que cuando se crearon los sistemas de pensiones, jamás se pensó “que el sector público fuera una gran empresa de seguros que igualara ingresos y gastos”.

“Se crearon bajo la idea de que el sector público tenía la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos unos determinados niveles de vida en la jubilación”, dijo ante la Comisión del Pacto de Toledo. Zubiri respalda su propuesta en lo que están haciendo otros países. En Dinamarca, el 45% de la pensión final de los trabajadores se financia con ingresos generales; mientras que en  Francia se ha creado un impuesto para dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ya es el segundo tributo en recaudación después del IVA. De hecho, en tan sólo ocho de los 27 países de la Unión Europea las pensiones se financian exclusivamente con cotizaciones sociales, como sucede en España.

Salarios, capital y pensiones

Zubiri llega a la conclusión de que el actual modelo de financiación es insostenible a partir de un argumento. La participación de las rentas salariales respecto del Producto Interior Bruto va a disminuir en el futuro, como de hecho está ya sucediendo. Y, por lo tanto, en una economía en la que la participación de las rentas del capital tenderá a crecer, lo lógico es que las cotizaciones sociales no puedan financiar “el nivel socialmente establecido de pensiones”.

“¿Es legítimo que los rendimientos de capital financien parte de las pensiones?”, se preguntó en la Comisión del Pacto de Toledo. “Cada uno tendrá su respuesta”, dijo, “pero la mía es que sí porque es perfectamente legítimo utilizar ingresos generales para financiar las pensiones”. Y es que para Zubiri la cuestión de las pensiones es un problema político, no de carácter técnico, y de ahí que no tenga sentido utilizar exclusivamente criterios actuariales, como hacen los sistemas de capitalización. Unos sistemas que, en su opinión, son inviables por dos razones.

En primer lugar, porque el pago de las pensiones no se puede dejar al albur del comportamiento de los mercados financieros. Y en este sentido, recuerda que la inmensa mayoría de los fondos de pensiones financiados por las empresas estadounidenses están infradotados. Esto se debe a que al contrario de lo que ocurre en España, el riesgo corre a cargo de las corporaciones (que son las que ponen el dinero), mientras que en España el riesgo de mercado corre a cargo de los trabajadores que destinan una parte de su sueldo a financiarse un fondo de pensiones.

En segundo lugar, Zubiri considera que el sistema de capitalización es inviable en un país como España debido al periodo de transición, que obligaría a financiar dos sistemas durante un largo periodo de tiempo, lo cual es insostenible para las finanzas públicas.

Para Zubiri, la creación de un instrumento ‘contracíclico’, como es el Fondo de Reserva, es una buena idea, pero siempre que esté suficientemente dotado. “Lo que es ridículo”, asegura, “es que apenas sirva para pagar poco más de seis mensualidades”, cuando en otros países representa un 30% del PIB, seis veces más que en España.

23.  onix23/04/2009, 22:46 h.

Lo que desde luego no garantiza las pensiones es un sistema basado en Planes de Pensiones privados. Un ejemplo: uno de los mayores Planes de Pensiones es el Plan de la Administración del Estado, gestionado por el BBVA. Después de cuatro años de funcionamiento el Plan se ha revalorizado a fecha 31/12/08 ¡un 4,4%! Poco más del 1% anual. Pero es que resulta que la rentabilidad se había recuperado porque a principios de diciembre del 2008 tal rentabilidad ¡estaba sobre el 2,6%! Ustedes creeran que la culpa son las comisiones cobradas. No es cierto: las comisiones por gestión y depósito más otros gastos están en torno al 0,6% del patrimonio gestionado, una de las más bajas del mercado. Y la pregunta es la siguiente: ¿la rentabilidad de los activos financieros propiedad de BBVA ha sido de un 4,4% en total durante los últimos cuatro años? si no es así y la rentabilidad es muy superior ¿qué se debería hacer? Un saludo.

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22.  onix23/04/2009, 22:31 h.

Totalmente de acuerdo con el Sr. Zubiri. Si el incremento anual del volumen total de pagos por pensiones se ajusta y nuca supera los incrementos anuales del PIB yo creo que las pensiones quedan garantizadas. El Estado es el único verdadero garante de las pensiones. Si no bastan las cotizaciones sociales deberán incrementarse las trasnferencias del Estado a la Seguridad Social. Y para ello será necesario luchar contra el fraude fiscal y el fraude en las cotizaciones sociales. Además ya es ahora de adoptar medidas legislativas para acabar con los beneficios fiscales de las rentas del capital [SICAV,paraisos fiscales, tipos del 18% sea cual sea su cuantía, etc...] y equiparar su tributación al de las rentas del trabajo. Los únicos beneficios fiscales deben reservarse para los empresarios según la inversión y empleo creado. Y por el lado del gasto público racionalizarlo, eliminar prebendas para privilegiados en lo relativo a las pensiones y realizar auditorías externas sobre todos los órganos públicos para eliminar gastos superfluos. [continúa]

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21.  50023/04/2009, 19:48 h.

...Pues entonces que se financien también con mayor carga impositiva a las grandes fortunas, rescatando todo lo que éstas evaden a los paraísos fiscales, eliminando pagas y prebendas vitalicias de los políticos, etc.,etc...

Si quieren, hay de dónde sacar...pero claro, es más fácil meter mano al bolsillo de los de siempre, es decir, congelar o reducir las pensiones y el sueldo de los currantes.

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20.  camellovolador23/04/2009, 18:51 h.

¿ Y porque no devolveis el dinero que los cotizantes os han depositado basándose en vuestra palabra de que recibirían una paga de jubilación?. Eso se llama robar a mano armada y con la ley en la mano.

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19.  taraza23/04/2009, 16:56 h.

Más que claro, es de una luz cegadora que toda clase de ayudas, subvenciones y exenciones de impuestos, son tremendas injusticias,y además propician toda clase de robos y corrupciones. Había que suprimirlas todas. Una excepción: minusválidos sin recursos, ni familia. [Hermanos tienen obligación, por ley, de cuidar a hermanos.
La gestión de la Seg. Social debería ser independiente, absolutamente independiente, del Gobierno.
Como no es así, ni será, y mientras los pensionistas tengan derecho a voto no habrá reducción de pensiones. El Gobierno cogerá dinero de los impuestos y, ante todo, pagará a los pensionistas su pensión... si no quiere perder las siguientes elecciones.
Empresas que dependen del sector público han enviado a "jubilación" anticipada a ¡miles y miles! de sus trabajadores con unas retribuciones considerables, pagando la Empresa/Hacienda la diferencia entre lo que paga el INEM, y la "jubilación" acordada. ¡Un escándalo!. Empresas hay que tras lanzar a la calle empleados de 52 años, contrataron nuevos empleados para los mismos puestos, fundamentalmente familiares y amigos de los sindicalistas de la Empresa. ¡Esto tiene que acabar muy mal!

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