El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelarísima (sin escuchar a las partes) cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos de Caja Madrid, según el auto. De esta forma, el tribunal responde al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la nueva ley de cajas aprobada por el Ejecutivo regional, que obliga a que los estatutos de la entidad se adaptaran a ella. La sala de lo contencioso administrativo ordena a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid que se abstenga de realizar cualquier requerimiento relacionado con la resolución que dictó el 3 de marzo por la que autorizaba el proyecto de adaptación de los estatutos y del reglamento electoral de Caja Madrid.

Decisión que el Ejecutivo regional acata, según informaron fuentes del mismo, que recordaron también que no es una suspensión definitiva. Además, el Tribunal insta a la entidad financiera presidida por Miguel Blesa, a través de su consejo de administración, a no realizar "ninguna actuación destinada al cumplimiento de la resolución impugnada" aunque ello no impedirá que el próximo lunes se celebre la Asamblea general de la caja, ya que entre sus puntos también se incluye el nombramiento del auditor externo de la entidad.

La suspensión cautelarísima estará en vigor hasta que el Tribunal se pronuncie sobre la medida cautelar de suspensión de dicha resolución solicitada por el Ayuntamiento de Madrid. La sala ha citado a las dos partes (Consejería de Economía y Ayuntamiento de Madrid) para que comparezcan hoy a las 10:00 horas ante el Tribunal.

Según informó la entidad, el consejo de administración, reunido este lunes por la tarde, ratificó por mayoría su rechazo a la reforma de los estatutos y del reglamento electoral "impuesta" por la Comunidad de Madrid, en una votación que el Ejecutivo regional consideró "innecesaria" y que sólo responde a las directrices del Ayuntamiento madrileño. Si en la anterior reunión del consejo de administración se decidió que aprobaban las modificaciones por "imperativo legal", es "una burla" que se haya vuelto a votar, subrayaron desde la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el consejo de la caja sostuvo que "en todo momento han presentado diferencias sustanciales con su contenido" y que con la nueva votación de la reunión, simplemente se quiso aclarar que lo "único que se ha aprobado por unanimidad es adaptar los Estatutos en cumplimiento de la ley y remitirlos a la Asamblea General para que los vote, como es su potestad".

En conjunto, dos tercios de los consejeros (14 de 21) ratificaron su oposición frontal a las modificaciones definitivas impuestas por la Comunidad de Madrid y continuaron considerando la reforma de los Estatutos como "impuesta" por la Comunidad, como ya expresaron en las reuniones del Consejo de los días 26 de febrero y 5 de marzo.

Además, esos 14 miembros dejaron abierta la posibilidad de presentar nuevos recursos contra la adaptación de los estatutos realizada por la Comunidad de Madrid y aseguraron que plantearán estos mismos argumentos en la Asamblea del próximo lunes.

A pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Caja Madrid, dicha Asamblea se celebrará aunque sólo sea para nombrar al auditor externo de la entidad en 2009, uno de los puntos del día junto a la votación del proyecto de estatutos, que podría tener que ser eliminada.

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