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Solaria, compañía especializada en energía solar, obtuvo un beneficio neto en los nueve primeros meses del año de 33,9 millones de euros, el 48 por ciento más que en el mismo periodo de 2007, debido a la aceleración de los proyectos fotovoltaicos.

En la presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Solaria asegura que las cuentas reflejan el aumento de las ventas de paneles fotovoltaicos y de proyectos integrales fotovoltaicos por la entrada en vigor a finales de septiembre del feal decreto que regula la energía solar fotovoltaica.

Asimismo, los resultados confirman la superación de las incertidumbres regulatorias tras la aprobación de la normativa que supone una rebaja de las primas a la producción, establece límites a la nueva potencia instalada y añade cupos adicionales en 2009 y 2010 para facilitar la transición al nuevo modelo.

No obstante, Solaria apuntó que existen "otras tensiones derivadas de la entrada en vigor de este real decreto".

La cifra de ventas del primer semestre ascendió a 221,3 millones de euros, un 127 por ciento más que entre enero y septiembre del año pasado, mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) se incrementó el 58 por ciento hasta alcanzar los 53,3 millones.

De esta forma, las ventas de paneles solares fotovoltaicos se duplicaron hasta aportar 172,8 millones a la facturación del grupo, mientras que los ingresos por desarrollo de proyectos fotovoltaicos se multiplicaron por más de siete al pasar de 22,1 a 157,8 millones.

La empresa explicó que desde junio ha experimentado un desplazamiento de las ventas hacia el segmento de proyectos, lo que refleja la prioridad por completar las obras en curso antes de octubre.

En septiembre de 2007, el Gobierno dio por cumplidos los objetivos del plan de energías renovables fijados para la fotovoltaica y anunció que hasta la entrada en vigor de la nueva normativa del sector, el pasado 29 de septiembre, sólo se podrían instalar 1.200 MW como máximo.

Esta circunstancia ha acelerado la ejecución de proyectos ante la incertidumbre sobre el contenido de la nueva normativa.

El borrador de real decreto, analizado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en julio pasado, incluye una reducción del 30 por ciento en las primas que reciben las empresas por su producción y limita la potencia instalada a 400 MW nuevos al año.

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