El Gobierno evita que las empresas se personen en el expediente de Bruselas por el fondo de comercio

Lunes, 3 de diciembre de 2007 (Actualizado a las 11:45)

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El Gobierno evita que las empresas se personen en el expediente de Bruselas por el fondo de comercio

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El Gobierno evita que las empresas se personen en el expediente de Bruselas por el fondo de comercio

Empresas, expediente Bruselas

@Eduardo Segovia.- - 03/12/2007

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Nueva vuelta de tuerca en la mayor amenaza que se cierne sobre las grandes empresas españolas: el expediente de Bruselas por la deducción fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales. El Gobierno ha impedido hasta el momento que las empresas afectadas se personen en el expediente para proteger sus intereses, lo cual ha aumentado las suspicacias sobre la estrategia de defensa del Ministerio de Pedro Solbes.

Distintos medios jurídicos han expresado su sorpresa por el hecho de que el citado expediente, que fue recibido por el Ejecutivo español el 10 de octubre (y reproducido por El Confidencial el 23 de ese mes), no haya sido publicado todavía en el DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas). Dicha publicación es imprescindible para que las empresas puedan personarse en la causa.

Fuentes de la Comisión Europea han confirmado que este retraso, muy poco habitual en estos procedimientos, se debe a “la petición de España de mantener ciertas partes de la decisión confidenciales, y estamos discutiendo con el Gobierno si publicar la parte en disputa”.

Se supone que esta parte es la referida a la compra de Scottish Power por Iberdrola, la operación que dio pie a las denuncias contra España por esta ventaja fiscal. En la carta que comunicaba la apertura del expediente (la del 10 de octubre), la Comisión pedía a España que le comunicara si había “datos confidenciales que no deben publicarse”, pero le daba un plazo de sólo 15 días para ello.

En todo caso, el efecto práctico de la discusión con Bruselas y del retraso en la publicación oficial del expediente es que las empresas no pueden emprender acciones legales y permite al Gobierno monopolizar, en un primer momento, la estrategia de defensa. Algo que hará en las alegaciones que el tiene previsto remitir esta misma semana a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, según fuentes jurídicas conocedoras de la situación.

Crece el temor

Esto no hace sino acrecentar los temores de algunas compañías a que el Gobierno no actúe con demasiada intensidad en defensa de sus intereses porque se trata de una medida que aprobó el Ejecutivo de Aznar (un editorial de El País apoyaba claramente esta actitud laxa).

En este sentido, tampoco han sentado nada bien las declaraciones de la semana pasada del director general de Tributos, José Manuel de Bunes, en las que consideró una victoria el “pacto de caballeros” alcanzado por España con Bruselas en otra deducción parecida, la de incentivo a la exportación: el Gobierno evitó que las empresas devolvieran el dinero desgravado, pero fue considerada ayuda de Estado y tuvo que ser suprimida. En el caso del fondo de comercio, más importante que el importe ya desgravado es lo que queda por delante, puesto que se trata de una deducción a 20 años.

Además, el Gobierno ha solicitado permiso a Bruselas antes de aprobar otra deducción sobre el fondo de comercio (en compras de activos o fusiones nacionales) con el nuevo plan general contable, y Bunes lo explicó diciendo que “hemos aprendido de los errores del pasado”, en referencia a la deducción objeto del actual expediente de Bruselas.

Esta situación tiene divididas a las empresas, entre las que ya empezaron a moverse al margen del Gobierno antes incluso de la apertura del expediente (como el Banco Santander) y las que no saben si merece la pena gastar tiempo y dinero en ello o es mejor ponerse en manos del Ejecutivo. Los bufetes con experiencia en Bruselas dan por hecho que las que sí se van a personar son las empresas extranjeras que han competido (y perdido) con españolas en operaciones de adquisición trasnacionales.

El Gobierno irá a por todas

Más allá, fuentes jurídicas afirman que todas las compañías han presionado al Gobierno para que realice una defensa más firme que la inicialmente planteada –salvar las deducciones ya aplicadas a cambio de renunciar a esta ayuda en el futuro- y que vaya a por todas: a salvar la deducción con los argumentos de que es acorde con el sistema español y que no hay discriminación, puesto que todas las empresas pueden aplicarla (Bruselas considera que esa discriminación está en empresas compradas, puesto que se aplica sólo cuando son extranjeras).

El denominado ‘fondo de comercio financiero’ consiste en la deducción, a lo largo de 20 años (a razón del 5% anual), de la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable, pero sólo en caso de adquisiciones en el extranjero. Dado que se aprobó en 2002, sólo se ha podido aplicar como mucho en cinco de esos 20 años. Esta ventaja fiscal explica en buena medida la vorágine de adquisiciones de las grandes empresas españolas en el exterior –las empresas españolas pueden pagar un precio más alto gracias a este regalo- y, lógicamente, ha levantado ampollas en los países afectados por este asalto.

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