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El consejo de administración de Endesa, reunido hoy con carácter previo a la Junta General Extraordinaria que debe levantar las limitaciones estatutarias a los derechos de voto, se enfrenta a una situación kafkiana: Enel y Endesa, que controlan cerca del 50% del capital social, tienen limitado el derecho de voto al 10% del mismo, y ello de forma conjunta al ser OPA concertada, lo que hace realmente difícil que en la Junta General del próximo martes se pueda alcanzar el quórum necesario –al menos el 50% del capital- para desbloquear esos Estatutos.

De hecho, y si de la aplicación estricta de los Estatutos en vigor se tratara, podría afirmarse que la OPA de Enel y Acciona corre serio peligro de fracasar, puesto que es condición suspensiva de la misma el levantamiento de tales limitaciones. Para impedirlo, el consejo de Endesa ha encargado dictámenes varios a bufetes de postín, y se ha puesto en manos del Registro Mercantil.

Se trata de salvar la OPA mediante una lectura ecléctica de sus propios estatutos, que dé satisfacción a quienes ya controlan casi el 50% de la compañía, y al mismo tiempo no lesione los intereses del resto del accionariado. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que “Pizarro tiene que evitar, por un lado, que Enel y Acciona le acusen de haberles impedido hacerse con la compañía cuando ya la tienen, y por otro, que ha dado facilidades a dos accionistas en perjuicio de los demás”.

La salomónica solución, en la que han estado trabajando los servicios jurídicos de la eléctrica, irá probablemente por la vía de excluir del capital computable para estar representado en la Junta al exceso de participación que ya controlan Enel y Endesa por encima del 10% del voto al que conjuntamente tienen derecho. Es decir, que si ambas controlan ya el 46%, quedaría excluido un 36%, de modo que el quórum necesario quedaría establecido sobre el 64% del capital social.

Ello querría decir que en la junta general del martes 25 de septiembre debería estar representado el 50% de ese 64%, es decir, el 32% del capital social total. Teniendo en cuenta que Enel y Acciona cuentan con el 10% del voto, y que Caja Madrid dispone de otro 10%, sería suficiente la presencia en la Junta de un 12% adicional para lograr el quórum necesario, aspiración relativamente sencilla teniendo en cuenta el free float existente.

A tal interpretación, ciertamente forzada, de los Estatutos se ha llegado tras algún que otro encontronazo con los nuevos dueños de Endesa. En efecto, y como ya ocurriera en la Junta celebrada el pasado junio, Enel y Acciona han reclamado poder votar por el 10% cada uno, argumentando la no existencia de acción concertada, “pretensión imposible de asumir cuando están poniendo anuncios en la prensa de medio mundo diciendo que van del brazo en la OPA”, señalan las fuentes.

“Otra cosa es que se busquen fórmulas para evitar la contradicción que supondría que, con estos estatutos, un señor que tuviera el 90% de la compañía no podría hacerse legalmente con ella”, prosiguen las fuentes. “Se trata, por eso, de respetar los derechos de todo el mundo, haciendo posible que si de verdad la opinión mayoritaria de la compañía es la de modificar los Estatutos, efectivamente se puedan modificar. Y eso contando siempre con el visto bueno del Registro Mercantil”.

La dificultad de alcanzar ese quórum explica, además de la recurrente publicidad, los esfuerzos desplegados por el propio consejero delegado, Rafael Miranda, remitiendo a los accionistas un mensaje personal en el que les anima a participar en la junta del próximo 25, resaltando que “la no participación equivale a un voto negativo”. Para alentar la participación, los responsables de Endesa propusieron el pago de una prima de 15 céntimos por asistencia, propina que Enel y Acciona se han apresurado a anunciar que no descontarán, faltaría más, del precio de la OPA.

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