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El Corte Ingles tendrá que pagar. Lo ha dictaminado la juez Míriam Iglesias, titular del juzgado de lo Mercantil numero 3 de Madrid. Según el fallo de la magistrado, el gigante de la distribución debe pagar 98 millones de euros por el total de las acciones representativas del 0,7% propiedad de Carlos César Areces Fuentes, el accionista que inició el proceso por no compartir los criterios de valoración practicados por la compañía.

El primer asalto, de momento, ha sido favorable para la tesis esgrimida por el grupo formado por los hermanos Areces Fuentes, que en total suma un porcentaje del 2,5% del capital. Su defensa, dirigida por Andrés Jiménez de Parga y Alicia Herrador, ha hecho valer su argumentación, construida en torno a la valoración de los profesores del IESE José Manuel Campa y Pablo Fernández. Sin embargo, los letrados de El Corte Inglés, representado por Antonio Hernández-Gil y Ramón Hermosilla, no tienen previsto dar la batalla por perdida.

Según un portavoz oficial consultado por este diario, “El Corte Inglés, sin discutir de valoraciones, entiende que la sentencia no se ajusta al procedimiento estatutariamente establecido y, por ello, anuncia su propósito de recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid y utilizar los mecanismos procesales oportunos en defensa de sus derechos”. Es decir, más batalla en los tribunales antes que aceptar el pago de los 98 millones en disputa.

Una diferencia de 60 millones

De acuerdo con la exposición de la sentencia, la valoración efectuada por la compañía (basada en un informe del auditor y catedrático Leandro Cañibano) pretendía justificar la compra de las acciones por un importe que no se correspondía con su valor razonable. De esta manera, se incumplía el proceso de transmisión intervivos, recogido en el artículo 17 de los estatutos sociales, por los que El Corte Inglés está obligado a comprar las acciones a un precio ajustado al de su valor de mercado.

La sentencia ha tirado por tierra la pretensión de la compañía que, de acuerdo a su interpretación, concedía un precio actual de 74,93 euros por acción y esperaba abonar 40 millones por el 0,7% en liza. Esa cantidad, sin embargo, era muy inferior al cálculo realizado por los peritos del demandante, que en base a una valoración por descuento de flujos, tasaban cada acción en 196 euros y, por extensión, la participación, en 98 millones de euros.

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