Crisis del Popular: la CNMV vuelve a defraudar a los accionistas

El desenlace dramático de la crisis del Banco Popular para sus accionistas estuvo precedido de meses de dudas sobre sus resultados. El 6 de junio, desde una torre de Fráncfort, el Banco Central Europeo comunicó a la Junta Única de Resolución (JUR) de Bruselas la inviabilidad de la entidad financiera porque no podía hacer frente a sus deudas en tiempo y forma. Como consecuencia, las autoridades competentes españolas siguieron las órdenes procedentes de Europa y actuaron. Autorizaron la venta del Popular al Banco Santander por un euro y sus acciones pasaron a tener un valor cero. Ocurrió el 7 de junio.

Cuatro semanas antes, este diario había informado en primicia de que Emilio Saracho, presidente del Popular, había comunicado a los otros cinco grandes bancos que la única solución para salvar a la entidad de la quiebra era su venta inminente. Una fuga masiva de depósitos estaba en marcha. El banco reaccionó rápido a la exclusiva y emitió un hecho relevante en el que desmentía su venta urgente y su riesgo de insolvencia.

El hecho relevante fue publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que vela por el buen funcionamiento y la transparencia de los mercados. ¿Pudo hacer algo más la CNMV en la crisis reciente? ¿Tiene capacidad para supervisar las actividades complejas de sectores como el bancario? ¿Su dependencia del gobierno de turno afecta al desarrollo de sus competencias? Las sombras sobre su ineficacia, sus escasos recursos y su politización existen desde que se fundara en 1988.

Diversas fuentes solventes coinciden en que los administradores del Popular son los responsables primeros de su disolución y lo que ello pueda afectar a las inversiones de sus más de 300.000 accionistas. “Los principales culpables son Ángel Ron, Emilio Saracho y la empresa auditora, pero tienen una responsabilidad los supervisores de solvencia”, dice el abogado Fernando Zunzunegui.

Pero también proyectan dudas sobre la actuación de los organismos que se encargan de la supervisión de las entidades financieras y los mercados. Ello en referencia al papel desempeñado por el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España como responsables de la supervisión de solvencia del Popular y por la propia CNMV. Zunzunegui, también profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III, subraya: “En la crisis del Popular hay muchas gorras y también la CNMV tiene su parte de responsabilidad porque debe velar por la transparencia de los mercados, evitar que se proporcione información falsa de productos que salen al mercado y que estos generen un abuso para los inversores”. El jurista se pregunta por qué el ente público presidido por Sebastián Albella no adoptó medidas preventivas como la prohibición de operaciones a corto para que al final el valor de la acción del Popular no fuera igual a cero.

El abogado Rafael Gómez, del despacho Basilea, está en la misma línea de análisis y añade: “Todo lo que ha pasado con el Popular pone de manifiesto que los organismos de control, tanto el Banco de España como la CNMV, han fallado claramente y no funcionan”. Gómez, responsable de la Plataforma de Afectados por Preferentes, Subordinadas y Acciones, asegura que “el problema es que el Popular lleva colocando productos tóxicos en los mercados desde 2009, entre ellos, acciones, bonos convertibles en acciones y deuda subordinada con una garantía de 10 años y nadie ha hecho nada para evitarlo”.

La actividad supervisora y sancionadora de la CNMV es constante. En 2015, gastó 32 millones de euros en la supervisión de las entidades cotizadas. Al año siguiente, impuso 41 multas a empresas que operan en el mercado y que sumaron 10 millones de euros; dos de ellas fueron al Banco Popular, con un valor de 1,9 millones, por incumplir la normativa que regula la venta de productos financieros en 2009 y 2011. Sin embargo, no parece suficiente para evitar turbulencias como las causadas por el Popular o Bankia.

Medidas posibles que la CNMV nunca adoptó

Manuel Conthe fue presidente de la CNMV entre 2004 y 2007. “En puridad, la CNMV practica la supervisión de las cuentas, habla con los auditores y lo hace con rigor, pero la voz cantante la llevan el BCE y el Banco de España”, asegura quien dimitió porque no se abriera expediente sancionador a Enel y Acciona por sus maniobras en la OPA sobre Endesa. Señala que el Banco Popular "engaña" en su hecho relevante de mayo en el que defiende su solvencia, “pero la CNMV no tiene la capacidad de investigar en caliente porque sus recursos son limitados”.

Sin embargo, algunos expertos e inversores cualificados y afectados por la crisis opinan que la CNMV pudo haber prohibido las operaciones a corto y parar el ataque especulativo sobre el banco. Así lo hizo con Liberbank el 12 de junio. “Cuando un barco zozobra, los tiburones huelen sangre”, dice el abogado de un importante bufete, que añade que el exceso de transparencia en las negociaciones financieras cuando hay problemas puede matar a un banco porque los clientes entran en pánico y retiran los depósitos.

La CNMV tendría que haber actuado con el Popular igual que con Liberbank, pero hay intereses oscuros que no conocemos

“La CNMV tendría que haber actuado con el Popular igual que con Liberbank, pero hay intereses oscuros que no conocemos”, señala Félix Revuelta, uno de los principales accionistas de Naturhouse a través del Grupo Kiluva. Este empresario tenía 45 millones de euros invertidos en el Popular. A través de la Asociación Minoritarios Banco Popular, capitanea una acción junto a otros 4.200 accionistas para iniciar demandas y depurar responsabilidades de los gestores de la entidad. “Tengo un equipo jurídico especialista que está trabajando para ver si hay también responsabilidad de los reguladores del mercado”. Revuelta defiende que la CNMV debería haber pedido explicaciones antes al Consejo del Popular y critica la “dejadez” del organismo supervisor “porque han visto que la acción iba cayendo un 70% y no han activado ningún mecanismo de solución”. La acción del Popular valía 1,37 euros a mediados del mes de junio de 2016 y cuando se suspendió su cotización, 0,31.

El presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, no entiende por qué no se adoptó la medida de prohibir las posiciones bajistas. “Esos movimientos deberían haber sido controlados por la CNMV”, afirma.

Una ampliación de capital en entredicho

En los primeros meses del año hubo varias señales que vislumbraban la agonía del Popular. Entre ellas, varias agencias de calificación fueron bajando los 'ratings' de las diversas actividades financieras del Popular. Pero quizás la más llamativa fue el anuncio de que revisaba su cuenta de resultados de 2016: el balance negativo de 3.500 millones de euros que había comunicado en febrero se transformaban en 4.888 millones a comienzos de abril, según un informe de la auditora PwC. En la comunicación del hecho relevante a la CNMV el día tres de abril, el Popular afirmaba que esa revisión no afectaba “de manera muy significativa a los estados financieros del Banco”.

Antes, en junio de 2016, el Popular hacía una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que culminó con éxito. En su momento, la anterior presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, advirtió de que había ciertas irregularidades en el folleto que publicó la entidad y en el que se presenaba como "el Banco español con el negocio principal más rentable". Pero la información que consultaron los inversores no fue enmendada por ese órgano supervisor. Fundamentalmente, la cuentas anuales que aparecían en el folleto estaban tergiversadas.

Las sentencias podrían desembocar en la nulidad de los contratos de compraventa de las acciones

Así lo reconoce el abogado de Rafael Gómez: “El problema es que los folletos del Popular ocultaban la realidad de una situación contable engañosa para el inversor”. Esas inexactitudes de la información aportada para la ampliación conformarán una de las bases para interponer demandas por lo civil contra el Popular que se sucederán antes los tribunales, según explica Gómez. Las sentencias podrían desembocar en la nulidad de los contratos de compraventa de las acciones.

“En el folleto de la ampliación de capital de junio de 2016 no se avisaba de una cosa muy grave y es que el Popular estaba financiando acciones propias sin hacer provisiones, de modo que no recogía una imagen fiel de la situación contable”, apunta el profesor Zunzunegui. Añade: “La prueba clara de que en el folleto no había información fiable es su casi quiebra”.

El problema es que los folletos del Popular ocultaban la realidad de una situación contable engañosa para el inversor

Juan Fernández Armesto, presidente de la CNMV entre 1996 y 2000, afirma que el organismo supervisor no tiene capacidad de impedir una emisión, "pero tiene la obligación de pedir transparencia y puede no aprobar el folleto hasta que sea modificado para que dé información fidedigna y, por tanto, tiene de facto la posibilidad de exigir la modificación de los términos del folleto”.

De cualquier modo, la CNMV nunca ha acabado asumiendo una responsabilidad patrimonial en todos los procesos judiciales a los que se ha enfrentado. Ni el organismo ni sus responsables han sido jamás imputados. Ni en casos sonados como el de Gescartera, que afectó directamente a su presidenta Pilar Valiente y que la obligó a dimitir, ni en el procedimiento que se lleva actualmente en la Audiencia Nacional por el caso BFA-Bankia. Aunque fueron citados a declarar en febrero pasado sus expresidentes Julio Segura y Fernando Restoy, el auto de mayo declaró el sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra ellos al no estar suficientemente justificada la perpetración de delito alguno.

La politización

El reglamento de la CNMV establece que actuará con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, una de las razones tradicionalmente argumentadas para criticar su ineficacia es la politización de su Consejo, compuesto por ocho miembros. Su presidente, vicepresidente y tres consejeros son directamente nombrados por el gobierno de turno.

“El principal problema de España es la constante injerencia política en toda la vida del país, en las instituciones, pero también en los clubes de fútbol, en los medios de comunicación… La política se infiltra en todo, también en la CNMV”, dice su expresidente Fernández Armesto. “Yo nunca tuve ninguna intención de continuar un segundo mandato debido a la presión política”, afirma.

Fernando Zunzunegui afirma que la “CNMV legisla y acapara muchos poderes amplísimos, pero casi siempre ha fallado su cabeza, el Consejo, que suele estar politizado”. Recalca este profesor de la Carlos III: “Las leyes dicen que el Consejo debe ser independiente de la política, pero esto no ha ocurrido en muchas ocasiones, hecho que pervierte su misión”.

Si bien, tanto Fernández Armesto como otras fuentes consultadas por este diario coinciden en que la llegada de Sebastián Albella en noviembre pasado como nuevo presidente de la CNMV ha supuesto un salto cualitativo en la mejora de las capacidades técnicas del Consejo en detrimento de nombramientos anteriores muy politizados.

El principal problema de España es la constante injerencia política en toda la vida del país… también en la CNMV

“Está agarrotado por la falta de medios, pero Albella es una gran promesa”, defiende Manuel Pardos. Confía en que la “CNMV deje de ser un organismo ultrasecreto donde el Consejo Consultivo –del que es parte la ADICAE– pueda tener un cierto poder ejecutivo para proteger mejor a los inversores”. Como ejemplo de nombramiento político señala a la anterior presidenta, Elvira Rodríguez, quien, en su opinión, “es una desconocedora de los mercados”.

Manuel Conthe reconoce que él fue nombrado presidente de la CNMV por su buena relación con el ministro socialista Pedro Solbes. “En todo caso, alguien tendrá que elegir a los miembros del Consejo, el gobierno alemán hace los mismo con los dirigentes del Bundesbank”, concluye Conthe.