El Gobierno aprueba la reforma de la estiba portuaria pese a las amenazas de huelga

La reforma de la estiba ya está en marcha. El Gobierno ha dado luz verde al real decreto con el que pretende establecer la libertad de contratación en un sector tradicionalmente monopolístico, en línea con lo que exige la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Justicia en 2014. Y lo hace sin haber alcanzado un acuerdo con los estibadores, que siguen adelante con la huelga de tres semanas en días alternos convocada a partir del 6 de marzo.

Los trabajadores exigían que el Gobierno volviese a retrasar la reforma -como ya hiciera la semana pasada para intentar evitar la primera convocatoria de paros-. Su intención era que Fomento incorporase en el borrador del texto los acuerdos alcanzados entre patronal y sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva. En concreto, exigen que las empresas se comprometan a subrrogar al 100% de la plantilla en las mismas condiciones económicas -que en muchos casos ascienden a unos 68.000 euros anuales-. Íñigo de la Serna deja claro que dichos aspectos no pueden quedar recogidos en una ley, pero sí en un nuevo convenio que deberá pactarse en el plazo de un año.

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“Hemos ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea para favorecer a los empleados”, explica el ministro de Fomento en el Consejo de Ministros donde se ha dado luz verde al real decreto. Y pide a patronal y sindicatos que pongan toda la carne en el asador para buscar puntos de encuentro en las negociaciones, algo que, hasta ahora, no ha ocurrido. No obstante, ambas partes retomarán el diálogo este martes. Esto no significa que los representantes de los trabajadores vayan a desconvocar los paros, pues condicionan esta decisión a que Fomento toque el texto final aunque sea a través de enmiendas, su última esperanza.

No está nada claro que la reforma de la estiba pueda salir adelante. Todo depende de que el Congreso convalide el real decreto en el plazo de un mes, algo que sólo sucederá si los demás grupos políticos respaldan el proyecto. De momento, el único partido que se ha 'mojado' de verdad es Podemos: lo rechazará de plano. De la Serna apela a la “responsabilidad” para evitar una multa que puede ascender a 134.000 euros por cada día de retraso en el cambio de modelo. “Este importe saldría del bolsillo de todos los españoles”, ha recordado el ministro de Fomento.

“Estamos teniendo contactos con todos los grupos parlamentarios”, confirma De la Serna tras manifestar su “coincidencia plena” con la presidenta de la Junta de Andalucía. “Susana Díaz ha dicho que hay que cumplir la sentencia europea y respetar los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo”. También se ha referido a la huelga en los puertos como un elemento de presión que “no ayuda nada” al proceso de negociación colectiva.

El Gobierno garantizará que se cumplan los servicios mínimos para evitar el desabastecimiento, sobre todo en lo referente a productos perecederos, mercancías peligrosas y traslado de bienes a las islas. De la Serna advierte de que las situaciones pre-huelga ya están generando problemas en los puertos. De hecho, las empresas han denunciado casos de vandalismo, bajadas de producción injustificadas o coacciones en las últimas semanas.

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El ministro insinúa que algunas compañías estibadoras incluso podrían estar replanteándose su futuro en España, como ya adelantó este periódico. “Las empresas pueden tomar decisiones de carácter temporal ante los paros en cuanto al transporte de mercancías; en algunos casos, pueden convertirse en situaciones definitivas y dañar al conjunto de la economía”.