La UDEF apunta a Dracon y Vetusta como las víctimas de la trama corrupta en la CNMV

La investigación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) sobre una supuesta trama de corrupción en el seno de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) parte de una denuncia interpuesta por la administradora de la firma Dracon Partners, Sara Pérez de Frutos, en 2012 tras la pérdida de su licencia, según confirman varias fuentes cercanas al caso. Dichas fuentes también señalan como víctima de las posibles actuaciones irregulares a Vetusta, entidad que sufrió una situación similar en 2007, cuando Manuel Conthe presidía el supervisor de los mercados españoles.

Ambos casos guardan grandes similitudes: eran entidades que rompieron el statu quo con prácticas muy novedosas en nuestro país, que lograron captar un gran número de clientes en poco tiempo y que hicieron mucho ruido con una importante presencia mediática. Y que acabaron de la misma forma: con la retirada de sus licencias por parte de la CNMV sobre la base de unas acusaciones muy poco convencionales y negadas desde el principio por sus responsables, hecho que ha despertado las sospechas de la UDEF y que explica la apertura de la operación Parqué. Además, en los dos casos sus clientes acabaron en Renta 4, entidad también investigada como beneficiaria de esta presunta trama.

Dracon Partners era una EAFI (entidad de asesoramiento financiero independiente) que llegó a tener casi 100 empleados, más de 700 clientes y 4 millones de euros de facturación. Su administradora y accionista, Pérez de Frutos, pretendía transformar la firma en una agencia de valores para poder canalizar las inversiones de los clientes -las EAFI no pueden tocar el dinero-, pero entonces estalló un conflicto laboral en su seno en el que algunos empleados y competidores la acusaron de cobrar comisiones desorbitadas y de recomendar la inversión en derivados con altísimo riesgo. A raíz de ese conflicto, la CNMV -presidida por Julio Segura y que nunca había encontrado nada irregular hasta entonces- abrió una investigación y le acusó de no cumplir los requisitos para operar como EAFI.

Según las fuenrtes consultadas, en la tramitación de este expediente, algunos funcionarios de la CNMV llegaron a acusar a Pérez de Frutos de huir con el dinero de sus clientes a Rusia, algo imposible puesto que no tenía acceso al mismo: las EAFI sólo pueden dar recomendaciones a cambio de una comisión, recomendaciones que luego pueden seguir o no los inversores. El escándalo se saldó con la retirada de la licencia en octubre de 2012 y la incoación de un expediente en 2013, ya bajo la presidencia de Elvira Rodríguez.

Dicho expediente concluyó en enero de 2015 con una resolución que imponía cuatro multas por otras tantas infracciones muy graves a Dracon por un importe total de 1,25 millones de euros, y del mismo número de sanciones a su presidenta a título individual por otros 625.000. Por comparar, la sanción impuesta a Jaime Botín por ocultar el 8% del capital de Bankinter es de 500.000 euros (más otros 200.000 a una sociedad). Pérez de Frutos ha recurrido tanto la retirada de la licencia como la multa ante la Audiencia Nacional, y su denuncia ante la UDEF es lo que ha dado pie a la actual investigación.

Vetusta, el 'otro' escándalo de Conthe

Vetusta era una firma mucho mayor y dedicada a más actividades. En España tenía licencia de gestora de carteras (sí podía mover el dinero de sus clientes pero necesitaba operar a través de una entidad financiera). Domiciliada y supervisada como gestora de fondos en Irlanda, estaba dirigida por Guillermo Menéndez Escandón y tenía 41 carteras gestionadas y una sicav, con un patrimonio total de 35 millones. Tenía 50 empleados en nómina en nuestro país y llegó a facturar 10 millones. Asimismo, contaba con cinco fondos registrados en Irlanda. Por sus filas pasaron gestores de la talla de Fernando Bernad, que posteriormente recaló en Bestinver hasta la salida de Francisco García Paramés de la firma el año pasado.

Estos fondos suponían un soplo de aire fresco en nuestro mercado, puesto que sólo cobraban comisión sobre el exceso de rentabilidad respecto al índice de referencia. Además, Vetusta tuvo la representación en España del banco de inversión norteamericano Legg Mason, y posteriormente la de otra firma histórica de Wall Street, Piper Jaffray, para todo el Sur de Europa. Finalmente, era el agente de Banesto con mayor volumen de negocio en España. En todos estos casos, tuvo que pasar las correspondiente due diligence (examen de sus procedimientos y solvencia) y cumplir los requisitos del regulador británico y estadounidense.

En enero de 2007, todos estos negocios se vinieron abajo cuando la CNMV suspendió la actividad de Vetusta de forma cautelar sin precisar los motivos y a pesar de admitir que no había detectado fraude ni perjuicio para los clientes. Esta medida provocó que tanto Piper Jaffray como Banesto, entonces presidido por Ana Botín, le retirasen sus representaciones por el "riesgo reputacional", lo que significaba en la práctica su defunción ya que estas actividades suponían el grueso de sus ingresos. Además, el banco se negó a hacerse cargo del personal de Vetusta.

La CNMV archivó el procedimiento sin sanción

Las irregularidades no terminan ahí: en marzo de ese año, la CNMV archivaba sin sanción el procedimiento de revocación de la licencia de la entidad a cambio de que Menéndez solicitase la baja voluntaria de la sociedad y la renuncia a acciones civiles contra el supervisor. En dicho procedimiento se llegaba a hablar de indicios de delitos como blanqueo de dinero, estafa y falsedad en documento mercantil, y se le acusaba de numerosas irregularidades, entre ellas que Vetusta era una sociedad fantasma sin propietarios conocidos.

Estos acontecimientos coincidieron en el tiempo con el enfrentamiento entre Conthe y su vicepresidente, Carlos Arenillas, a cuenta de la OPA sobre Endesa y del dossier sobre Francisco González supuestamente entregado por Moncloa al ex de Intermoney, que se saldó con la dimisión del primero y su relevo por Julio Segura. Menéndez interpuso posteriormente una querella contra la CNMV por prevaricación, cohecho, falsedad en documento público, amenazas y extorsión, que fue archivada por el juez.