De los 36 millones de euros de Sofico a los 7.000 de Martinsa-Fadesa

Pedro Vega Madrid, 20 jul (EFE).- Diversas y variadas, por sus causas, han sido las quiebras empresariales y escándalos financieros que han sacudido la actualidad económica española en los últimos 34 años y que acabaron con los ahorros de pequeños inversores, en unos casos, con la esperanza de una vivienda asequible, en otros, o han originado agujeros patrimoniales al Estado y pérdida de miles de empleos.

El primer gran fiasco financiero de la etapa predemocrática, Sofico, como el último, Martinsa-Fadesa tienen en común la actividad empresarial de los protagonistas, la construcción y promoción de viviendas, aunque el importe de los "agujeros" patrimoniales distan años luz, aún teniendo en cuenta la inflación acumulada en los casi siete quinquenios.

Tampoco tienen nada en común las causas que hicieron de detonante, estafa pura y dura en el "caso Sofico", mientras que Martinsa-Fadesa ha sido víctima de un estrangulamiento financiero provocado por la crisis de la construcción, la caída de la demanda de viviendas, la subida del precio del dinero y las restricciones del crédito.

Sofico, fundada en 1962, dedicada a la construcción, compra, arrendamiento de viviendas, terrenos y locales, especialmente en la Costa del Sol, "entró en barrena" en 1974 y fueron necesarios 17 años de procesos judiciales para que la justicia condenara a los culpables, Eugenio Peydró Salmerón y su hijo, Eugenio Peydró Brillas por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa.

Cerca de 3.000 pequeños ahorradores se vieron afectados y el agujero en las cuentas de Sofico ascendió a la entonces astronómica cifra de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros actuales).

En el caso de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa no hay indicios de actuaciones punibles, simplemente de indigestión y especulación financiera.

La compra de Fadesa por parte de Martinsa fue una operación de "ingeniería financiera", con la que el "pez chico" intentó comerse al "pez grande" con unas expectativas que se vieron truncadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Una deuda crediticia de 5.200 millones de euros a la que han que sumar otros 1.800 millones en deudas a proveedores y otros deudores.

En total 7.000 millones de euros (1,16 billones de las antiguas pesetas).

Doce entidades financieras acumulan 3.390 millones de euros del total de deuda crediticia de Martinsa-Fadesa.

Las más afectadas por el importe de los créditos concedidos a la inmobiliaria, -sujeta ahora a proceso concursal-, son Caja Madrid (1.000 millones), La Caixa (750), Banco Popular (400 millones), y Caixa Galicia (314 millones), que se han visto obligadas a provisionar 641 millones de euros en sus balances.

Además del impacto financiero, el impacto social. Más de 12.000 contratos de preventa tenía firmados Martinsa-Fadesa en el momento de declararse en situación concursal. Afectan a más de 12.000 familias que ya habían adelantado dinero para la compra de su vivienda, cuyas obras se encuentran paralizadas, y a los trabajadores del sector, que se han visto obligados a cesar su actividad.

En 23 de febrero de 1983 se produce una conmoción en el ámbito económico que luego tendría amplia repercusión social. El Gobierno socialista expropia el Grupo Rumasa por la situación de quiebra técnica y los riesgos acumulados por el entramado de 776 empresas que había credo el empresario jerezano, José María Ruiz Mateos.

Los datos oficiales cifraron el coste para el Estado derivado de la expropiación, gestión y reprivatización de Rumasa en unos 4.056 millones de euros 675.000 millones de pesetas (4.056 millones de euros).

En diciembre de 1992, el Grupo Torras, propiedad casi en su totalidad del grupo inversor kuwaití KIO, presentó suspensión de pagos, la mayor declarada hasta ese momento, con un pasivo de 240.000 millones de pesetas (1.428 millones de euros) Los gestores de la compañía, Javier de la Rosa y otros directivos, fueron acusados de estafa y apropiación indebida, entre otros delitos. De la Rosa fue encarcelado en octubre de 1998. La crisis afectó a más de 30.000 empleos directos y al menos otros 100.000 indirectos.

Otro escándalo, esta vez derivado de una deficiente gestión, cercenó los sueños de muchas familias de obtener una vivienda digna a precio asequible. La suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas IGS, promovida por UGT conmocionó a los casi 20.000 cooperativistas que habían adelantado más de 54.000 millones de pesetas (326 millones de euros).

En febrero de 1994 el Gobierno aprobó un aval de 51 millones de euros para concluir las cerca de 60 promociones paralizadas. Una parte de los cooperativistas recuperó el 75 por ciento de sus aportaciones y otros pudieron obtener sus viviendas pagando un 7 por ciento adicional.

Y otra gran conmoción, quizá una de las de mayor impacto mediático, fue la intervención de Banesto por parte del Banco de España, el 28 de diciembre de 1993, que halló un "agujero patrimonial" de 830.000 millones de pesetas (5.000 millones de euros).

La imagen de los impositores ante las oficinas del banco para recuperar sus ahorros fue un duro golpe para la imagen de todo el sistema bancario español y suscitó un intenso debate sobre los sistemas de control de la autoridad monetaria.

Nueve años más tarde, el Tribunal Supremo condenó al presidente de Banesto, Mario Conde, a 20 años de prisión y otros seis directivos del banco fueron hallados culpables.

Javier de la Rosa, inculpado anteriormente por el "caso Kio", volvió a ser protagonista de otra estafa, esta vez a través de la sociedad Gran Tibidabo, que sufrió una descapitalización estimada en unos 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros).

De la Rosa fue detenido y encarcelado el 14 de octubre de 1994 por irregularidades en la gestión, incluida estafa en un caso que generó gran preocupación social.

En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores Gescartera, propiedad de Antonio Camacho, y detectó un "agujero" de unos 100 millones de euros (casi 17.000 millones de pesetas) que afectaba a sus 2.000 clientes.

Camacho fue condenado por la Audiencia Nacional a 11 años de cárcel, y La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero patrimonial en la agencia de valores.

El gran último escándalo de gran impacto social por el número de ahorradores afectados se fraguó en torno a las sociedades de inversión Fórum Filatélico y Afinsa.

La Audiencia Nacional intervino ambas el 9 de mayo de 2006 al hallar indicios de estafa, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La investigación estimó que el número de afectados superaba los 400.000 por la estafa financiera y cifró en 3.500 millones de euros el supuesto desfase patrimonial (1.105 millones de Afinsa y 2.416 de Fórum Filatélico) y en 7.500 millones el presunto fraude fiscal.

La policía detuvo a cuatro directivos de Fórum Filatélico, entre ellos su presidente, Francisco Briones, y a cinco directivos de Afinsa, entre ellos su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador Albertino de Figueiredo. EFECOM pvr/jma