Una sentencia, por favor

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Benigno Varela Autrán*.-  25/06/2010

Son muchos los españoles -e incluso algunos que no se tienen por tales- los que, a estas alturas del tiempo transcurrido desde que se presentó ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad respecto al Estatuto de Cataluña, ya no reclaman sino que imploran, como pedigüeños a la puerta de un templo, la resolución definitiva de ese recurso que tanta trascendencia reviste para el porvenir político de España.

Nadie pone en duda que la trascendencia y complejidad del tema jurídico-constitucional que los Magistrados de aquel Alto Tribunal tienen en sus manos requiere grandes dosis de deliberación y la dedicación de un tiempo prolongado que evite cualquier tipo de apremio o de agobio, pero lo cierto es que los casi cuatro años transcurridos desde la interposición del recurso y la importancia que, en orden a la definitiva organización territorial de España, ha de tener la resolución que finalmente se adopte, exige -ya- un pronunciamiento judicial que ponga fin al estado de incertidumbre creado y que, de una vez por todas, con absoluta claridad y contundencia, declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad del expresado Estatuto en los términos que legalmente proceda.

Se da por seguro que a todos los integrantes de la Magistratura Constitucional española -sin distinción- les anima el deseo de dar una definitiva solución a este tema pendiente de resolver y que son conscientes, todos ellos, sin la menor duda, de la responsabilidad histórica que asumen al dictar el pronunciamiento jurídico-constitucional de su incumbencia, pero ha llegado el momento de que la ciudadanía, legítimamente, les apremie -ya- a no demorar por más tiempo el dictado de la sentencia correspondiente, porque se entiende con toda razón que, no sólo el tiempo transcurrido es más que suficiente para una deliberación susceptible de alcanzar una resolución final, sino que atañe a la propia y personal responsabilidad de quienes han sido encumbrados al ejercicio de una tan alta Magistratura el mantener imprejuzgada, con todos los riesgos que esto comporta, una cuestión tan vital para el futuro de España.

Estado de Derecho

Buena prueba de esto último son los movimientos surgidos y las maniobras intentadas, bien recientemente, en el ámbito político, que no cesan -por cierto- y no presagian nada bueno en orden al normal y adecuado desenlace del recurso de inconstitucionalidad al que se contrae esta breve reflexión. Debe ser el actual Tribunal Constitucional, en su presente configuración, el que resuelva la cuestión ante él planteada, para lo que goza de plena legitimidad y del acabado conocimiento que proporciona un profundo y extenso estudio de la misma.

El pueblo soberano, en su día, aprobó en referéndum la Constitución Española de 1978 y, por tanto, expresó cuál habría de ser la configuración jurídico-política que habría de caracterizar al Estado de Derecho que surgía de la Democracia iniciada a partir del año 1975. En ese mismo texto constitucional -Título IX-  instauró el Tribunal Constitucional, asignándole, como primera competencia, la de conocer sobre el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

Corresponde, por tanto, en este momento, al Tribunal Constitucional, del que forman parte relevantes juristas elegidos precisamente por el hecho de serlo, el responder al pueblo soberano sobre una demanda que pide, lisa y llanamente, el que se declare, imperativamente, la acomodación -o no- del Estatuto de una de las Comunidades Autónomas de España a la Constitución refrendada por el pueblo español en el año 1978.

Y esto que constituye un derecho innegable de la ciudadanía se viene a convertir ya, ante el desproporcionado retraso experimentado en el obligado pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en un grito generalizado de angustiosa y casi mendicante petición de una sentencia, por cuanto se atisba que, tras los reiterados e infructuosos intentos de alcanzar esta última, los riesgos que se pueden correr de no dictarla en el momento presente pueden ser enormes y de unas consecuencias incalculables.

No se pretende, en manera alguna, que esta breve reflexión se interprete como una nueva forma de presión al Tribunal Constitucional, ya por desgracia bastante cuestionado desde los más variopintos frentes. Desde el máximo respeto a la alta autoridad judicial que representa dentro del Estado de Derecho nacido en España a partir de la Constitución de 1978, y valorando el enorme e intenso trabajo que, sin la menor duda, viene dedicando a la conformación de un criterio jurídico-constitucional respecto al Estatuto de Cataluña, sin embargo, el sentir de una inmensa mayoría de la ciudadanía española se inclina por entender que ha llegado el momento de dar una solución definitiva al recurso de inconstitucionalidad planteado y que cualquier nueva demora al respecto no puede, sino, traer consecuencias deplorables para el devenir del sistema democrático y de soberanía nacional -artículo 1, 1 y 2 del texto constitucional- que el pueblo español se dio así mismo a partir de diciembre de 1978.

Confiemos, pues, en que esta pública y suplicante solicitud de sentencia llegue a tener, sin más dilación ya, la adecuada y procedente respuesta por parte del Tribunal llamado a dictarla.

*Benigno Varela Autrán, Ex -Magistrado del Tribunal Supremo y Miembro del Foro Sociedad Civil

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