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BIOGRAFÍA
Juan Díez Nicolás* - 12/02/2010
Una vez más, como a comienzos de la década de los 90, y gobernando también el PSOE, se vuelve a agitar el fantasma de la quiebra del sistema de pensiones, sólo que esta vez la amenaza parece más real. La entrada cada vez más tardía de los jóvenes a la población activa y su salida más temprana por prejubilación y paro, junto al incremento de la esperanza de vida en España, conducen a una situación preocupante.
En 1960 la entrada a la población activa se producía alrededor de los 20 años, la salida se producía entre los 60 y 65 años, y la esperanza de vida media era de 67 años. Actualmente, la entrada a la población activa se ha retrasado a los 30 años, y la salida por paro de larga duración o prejubilación se produce alrededor de los 55 años, cuando la esperanza de vida es de 80 años. En otras palabras, antes se cotizaba a la Seguridad Social durante 40 años en una vida media de 67, y ahora se cotiza durante 25-30 años en una vida media de 80 años.
No hacen falta muchas más explicaciones, salvo que los jóvenes actuales, aunque no quiebre la Seguridad Social, tendrán muchas dificultades para cobrar el 100% de su pensión, pues pocos habrán cotizado los 35 años que establece la legislación, y que este Gobierno piensa elevar hasta 40 años. Por ello, debe suprimirse la jubilación obligatoria y se debe estimular la prolongación del trabajo mucho más allá de la actual edad de jubilación, como revela el estudio de ASEP-CEOMA, puesto que de esa manera aumentará la creación de riqueza nacional y disminuirá el coste del pago de pensiones.
La "economía sumergida"
España ha sido un país en el que se ha practicado el pluriempleo y el empleo sin contrato legal, en la “economía sumergida”. Esta modalidad de empleo tiene la ventaja de suavizar las consecuencias del paro, pero la desventaja de que el trabajador no paga sus cotizaciones a la Seguridad Social ni paga impuestos, y que el empleador tampoco cotiza a la Seguridad Social. El resultado es que las arcas de la Seguridad Social reducen mucho sus ingresos, y se nutren solo de los que no pueden eludir el pago de las cotizaciones.
Eso explica que las cotizaciones que se pagan en España sean muy superiores a las que se pagan en los países de la Unión Europea. Otra desventaja para el trabajador es que al no haber cotizado no adquiere el derecho a cobrar una pensión de jubilación y a la atención sanitaria y otras prestaciones sociales. El actual Ministro de Trabajo cifró en un 20% del PIB la economía sumergida en España, y aunque fue obligado a retractarse por otros miembros de su Gobierno, la cifra es la estimada por los expertos en economía.
Algunos gobiernos han utilizado los fondos de la Seguridad Social para aumentar el gasto social más allá de lo razonable, concediendo subsidios y subvenciones por razones clientelistas, sobre todo para captar votos en las elecciones, como con frecuencia se ha criticado respecto al PER en Andalucía, Extremadura y alguna otra Comunidad Autónoma. Algo parecido ha sido denunciado en relación con las prestaciones por razón de dependencia y con muchas otras subvenciones que se “cuelgan” indebidamente de las arcas de la Seguridad Social.
El "buenismo"
Debería suprimirse la prejubilación obligatoria, y sobre todo la “generosa” ayuda del Gobierno a las empresas (con el dinero de los ciudadanos que cotizan), cargando a la Seguridad Social las prestaciones que correspondería pagar a las empresas cuando deciden jubilar anticipadamente a sus trabajadores a los 50 o a los 45 años. Y, de igual manera, el “generoso” trato que da la Seguridad Social a las grandes corporaciones cuando se retrasan o no ingresan las cuotas de sus miles o cientos de trabajadores, un trato que rara vez se concede a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos.
No puede dejar de hacerse referencia, en estos momentos, a los inmigrantes “sin papeles”. El “buenismo” que caracteriza a la clase política al declarar que todos los inmigrantes deben ser empadronados para tener derecho a la asistencia sanitaria y la enseñanza para sus hijos de forma gratuita, esconde hipócritamente su rechazo a que toda persona que consigue un empleo lo tenga de forma legal. Debería obligarse a que todo inmigrante, con o sin papeles, que encuentre empleo, lo tenga de forma legal, de manera que el empleador y el trabajador coticen a la Seguridad Social y paguen impuestos, como todos los españoles que trabajan, y que como ellos tengan derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Y el Gobierno, a través de la Inspección de Trabajo, debería sancionar de forma ejemplar a todo empleador que tenga trabajando a alguien sin contrato legal.
De esa manera no será necesario el “buenismo”, pues el inmigrante sin papeles tendrá derecho a la asistencia sanitaria y a todas las prestaciones de la Seguridad Social, como cualquier trabajador español. Hay que acabar ya con la mala práctica de proporcionar mano de obra barata a ciertos sectores empresariales, al tiempo que se les ahorra las obligadas cotizaciones a la Seguridad Social. En otras palabras, hay que eliminar el permiso de trabajo y reforzar el control de entrada y en su caso expulsión de los inmigrantes que no tengan residencia legal.
Finalmente, el Gobierno ha cometido el error de proponer un retraso en la edad de jubilación, sin tener en cuenta que la opinión pública y los expertos rechazan cualquier edad de jubilación obligatoria, porque lo que quieren unos y otros es jubilación voluntaria a cualquier edad, y pensiones basadas en el tiempo de cotización (excepto las no-contributivas, por supuesto).
*Juan Díez Nicolás es Catedrático Emérito de la UCM y Miembro del Foro de la Sociedad Civil
OPINIONES DE LOS LECTORES,
29 COMENTARIOS
29 .- De acuerdo con este magífico análisis y con las soluciones propuestas. Si más gente trabaja, más bienes se producen y más dinero se obtiene por ellos, con el que pagar más recursos para las necesidades de los habitantes del país.El trabajo no es un pastel a repartir, sino una tarea a compartir, a hacer todos juntos y cuantos más mejor. Las prejubilaciones son recompensas
a malas gestiones empresariales. Las jubilaciones forzosas por razón de edad desperdicio de recursos
28 .- #27 Mis felicitaciones. Parece comprender Vd lo que los articulistas y políticos no entienden o nos ocultan a propósito. Solo nos explican ad nauseam los efectos del envejecimiento de la población. No nos explican los efectos del crecimiento anual de la productividad por trabajador. Mirando al 2030, el déficit previsto de la seguridad social será de 25.000 millones. Suponiendo un crecimiento modesto de la productividad del 1% anual, el PIB aumentará en unos 200.000 millones del 2008 al 2030, todo a precios del año 2008 y sin subir la edad de jubilación. Sobra dinero para las pensiones, la sanidad y para que los políticos sigan derrochando.
Seguridad Social insostenible quiere decir que el sistema de financiación, que se diseño mal, ha dejado de funcionar, no que no haya dinero para las pensiones como se induce a pensar a la gente.
La unica reforma necesaria de la SS es modificar la ley para que la SS social se financie con cargo a coticaciones y a presupuestos generales. Dinero sobrará.
¿Estamos asistiendo a una conspiración contra la población en general para reducir su bienestar solo poque a Europa le preocupa el que el número de trabajadores se va a ir reduciendo?
27 .- Siempre ha sido así. La izquierda es "experta" en socializar la miseria, pero jamás ha sabido crearla.
Ocurrió con González, y ha vuelto a ocurrir con Zetaparo.
En pura teoría, la revolución industrial y el avance imparable de las nuevas tecnologías iban a procurarnos una mayor riqueza con un menor esfuerzo. Así, muchas empresas han optado por ahorrar costes, enviando a buena parte de sus empleados a la prejubilación o al paro, a costa de papá Estado. Sin embargo, esas mismas empresas han mejorado sustancialmente sus cuentas de resultados sustituyendo mano de obra por tecnología, sin que la máquina contribuya al fondo de pensiones por la rentabilidad que aportan sustituyendo a las personas, con lo que las arcas estatales y, por lo tanto, los trabajadores no perciben esa imaginada disminución de los esfuerzos, a pesar del aumento de la productividad empresarial.
Las cuentas no me salen. La gran banca prejubila a sus empleados, endosa al Estado su mantenimiento y acaba, sin embargo, declarando pingües beneficios, como siempre. Sería deseable que la sociedad lograra vivir mejor a costa de la tecnología. ¿O no?
¿Dónde están los beneficios de la tecnología?
26 .- #23 Totalmente de acuerdo con usted y con el artículo, carpecam: ha de tenerse en cuenta toda la vida laboral y no sólo parte, porque eso, lo que tiene es el efecto de cotizar por el mínimo al principio y luego meter cotrización a tope los últimos años, algo que de hecho es práctica habitual en determinados grupos empresariales bien conocidos.
25 .- #15 Hombre, cepillarse el sistema de capitalización como usted hace me parece un poco "irreflexivo". O sea, como puede haber una debacle no vale, y a otra cosa. Le veo muy ejecutivo :]
Supongo que a usted le parece correcto que una persona que cotice durante 40 años cobre lo mismo que si cotiza 20, o tal como estaba la cosa en los años de Felipe González 8. Le parece perfecto que dependiendo de la coyuntura y del político de turno su pensión, su futura vejez, pueda ser 100, 10 ó 0,5. Sinceramente no entiendo cómo puede hacerlo. En mi opinión las cuentas de la Seguridad Social han sido, son y serán las cuentas del Gran Capitán. La capitalización me permitiría conocer cuánto dinero he cotizado, qué rendimiento estoy obteniendo y si se está administrando bien o mal. De paso sabría cuanto se dedica a Sanidad, cuanto a Solidaridad, cuanto a mi jubilación....en fin, que el actual sistema me parece una completa y auténtica estafa.
Por supuesto el riesgo de una debacle, como usted dice, existe, pero al igual que se pueden proteger los depósitos bancarios se pueden proteger los Planes de Pensiones. En fin, creo que debería darle un vuelta más al asunto......