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La anunciada reforma de las pensiones transita por la vía lenta. En el mejor de los casos, no estará en condiciones de ser aprobaba hasta el final de la legislatura, según dijeron ayer a El Confidencial los portavoces de varios grupos parlamentarios. La lentitud tiene que ver con el hecho de que el Gobierno (para no sufrir el desgaste el solitario) quiere respetar la filosofía del Pacto de Toledo, que hasta ahora ha aprobado las recomendaciones por consenso de todos los grupos políticos.  Eso, al menos, es lo que ocurrió en 1995 y 2003, años en los que el Pleno del Congreso aprobó un documento asumido por la inmensa mayoría de la cámara.

En palabras de Isabel López i Chamosa, la portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, “la reforma de las pensiones se va a discutir con tranquilidad, por lo que hasta finales de año no creo que haya resoluciones”.  En esta misma línea se manifiesta Carles Campuzano, portavoz de CIU en la misma Comisión, quien está convencido de que hasta después de las elecciones catalanas de octubre no habrá ningún texto de consenso. Para Tomás Burgos, portavoz del grupo popular, lo importante es que en esta legislatura salga un documento de acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero eliminando la “coacción” que supone prolongar de forma obligatoria la jubilación a los 67 años.

La vía lenta escogida para reformar las pensiones se deriva de una variable política: todos los grupos quieren evitar que las discusiones estén contaminadas por las urgencias electorales de los grandes partidos, que tienen por delante dos citas clave.  Las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011 y las generales diez meses más tarde, lo que complica las negociaciones. De ahí que lo más probable es que las recomendaciones no estén listas hasta finales de esta legislatura. Ello permitiría que su concreción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiera ya al próximo Gobierno que salga de las urnas. De esta manera, ninguna fuerza sería castigada en las próximas elecciones por respaldar medidas impopulares. El nuevo Gobierno –tras su victoria electoral- se vería legitimado para aprobar las reformas sin gran contestación social, ni siquiera de las centrales sindicales, que ya han convocado manifestaciones para el próximo 23-F.

 Ritmo de las negociaciones

 Frente a lo que ocurrió en 1995, en que la Seguridad Social estaba al borde del abismo, ahora el margen de maniobra es mayor por razones de salud financiera del sistema, y eso puede influir en el ritmo de las negociaciones. Las reformas de 2003, igualmente, se produjeron en un contexto económico radicalmente distinto al actual, lo que facilitó los acuerdos, aunque desde luego fueron de más corto alcance que las de 1995.

La mecánica elegida por los grupos parlamentarios para  negociar es idéntica a las anteriores. Los expertos continuarán dando su opinión en el Congreso durante las próximas semanas, y una vez que finalicen las comparecencias los diputados que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo se pondrán manos a la obra para redactar las conclusiones. El ministro Corbacho comparecerá el próximo 22 de febrero para presentar oficialmente el documento de reformas que ha planteado el Ejecutivo.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo son las que no se aprobarán en ningún caso hasta pasadas las elecciones catalanas de octubre.  Y a partir de ahí se abrirá un nuevo proceso de negociaciones, esta vez con los sindicatos y empresarios, y ni que decir tiene que este es un procedimiento lento debido a las posiciones tan antagónicas que mantienen las dos partes. Básicamente por la prolongación de la edad de jubilación y por la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones.

Según dijo ayer la portavoz socialista a El Confidencial, “el Gobierno ni va  a retirar ahora ni en adelante el retraso de la edad de jubilación”. Ahora bien, lo que está claro es que tampoco el Ejecutivo está en condiciones -ni quiere-  sacar adelante en solitario una reforma con tanto desgaste político. CiU sigue aferrada a que lo que necesita el sistema de pensiones es una reforma global, y en esa misma línea se manifiesta el PP, para quien hay que elaborar unas recomendaciones aceptadas por todos los partidos después de celebrarse contactos “discretos”. Exactamente igual que sucedió en anteriores revisiones, cuando los portavoces de todos los grupos se encerraron en varios paradores (Toledo o Segovia) para pactar un documento.

La reforma de las pensiones por lo tanto, tendrá que esperar pese a la inmediatez con las que la presentó la vicepresidenta Salgado, urgida por la presión de los mercados financieros.