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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene, al igual que cualquier otro diputado o senador, un plan privado de pensiones costeado directamente por las Cortes Generales. Un dato que el líder socialista obvió este miércoles al responder con un rotundo “no” a los periodistas que le han preguntado por esa cuestión tras la sesión de control. Y es que, tener o no tener un plan de pensiones se convirtió en el tema estrella de la jornada en todos los corrillos parlamentarios después de que el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, abriera la polémica al recomendar a los trabajadores que se hicieran un plan de pensiones privados para compensar la pérdida de ingresos que se produce con la jubilación.

El 11 de julio de 2006, la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado aprobaron el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios para, “cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados del Senado en 1982”. Entre otras medidas, se acordó entonces que las Cortes costeen un plan privado a sus señorías mientras mantengan su escaño, por importe del 10% de su asignación constitucional, el salario mínimo que cobran todos los diputados y senadores y que está fijado en 14 pagas de 3.126, 52 euros cada una.

El presidente del Gobierno ha obviado esta “prebenda” de la que gozan todos los miembros del Parlamento al ser abordado por los periodistas parlamentarios. Sus señorías, por otro lado pueden, si quieren, incrementar estas pensiones con sus propias aportaciones, un extremo que, según se deduce de las palabras de Zapatero, el presidente no ha hecho.

Poco o nada, sin embargo, le debe preocupar a José Luis Rodríguez Zapatero su futuro más allá de La Moncloa. Al igual que todos los que han sido presidentes del Gobierno, Zapatero gozará, en cuanto abandone el poder, de una pensión vitalicia de 60.000 euros brutos al año y tendrá el derecho, igual que ya lo hacen José María Aznar o Felipe González, a tener a su disposición, de por vida, una secretaria, un asistente y un servicio personal de seguridad a costa del erario.

El debate sobre la jubilación centró este miércoles las preguntas de los periodistas a numerosos miembros del Gobierno y de la oposición. Así, se ha podido saber, entre otras cosas, que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega sí cuenta con un plan privado de pensiones, mientras que su compañera, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha optado por no aclarar si tiene o no ese complemento, pero ha dicho que como lleva cotizando desde los veintidós años no necesitará "ni tan siquiera" la pensión de ex ministra. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, por su parte, ha opinado que "no debe ser tan malo" cuando todos los gobiernos lo han bonificado fiscalmente "de forma generosa". La "troika" económica la completa el responsable de Fomento, José Blanco, quien ha asegurado que sólo tiene el plan privado que le ofrece el Parlamento. Él, al revés que el olvidadizo presidente, sí ha reconocido sin complejos que disfruta de este complemento.