Zapatero destina 6,5 millones 'ampliables' a jubilaciones anticipadas de ertzainas

El acuerdo alcanzado por PNV y PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es el único del que puede presumir la formación nacionalista. Según recogen las cuentas públicas para 2011, el Gobierno destinará 6,5 millones de euros a financiar jubilaciones anticipadas en la Ertzaintza, cuyos efectivos podrán retirarse antes que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cuantía es el reflejo presupuestario del pacto alcanzado por ambos partidos hace ahora doce meses y que ya provocó las críticas de UGT y CCOO por supuesto trato de favor a la policía autónoma vasca.

El montante final podría ser incluso superior en función de la cifra de policías que decidan jubilarse. No en vano el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incluido la novedosa partida dentro de los denominados créditos ampliables, lo que permitirá al Ejecutivo incrementar los fondos en la cuantía que sea necesaria. El compromiso alcanzado por nacionalistas y socialistas en noviembre de 2009 concedía a los ertzainas un coeficiente de bonificación que les permite jubilarse a los 60 años atesorando el 100% de la base reguladora con 29 años cotizados. Antes se les exigía una cotización de 35 años.

La policía autónoma vasca cuenta actualmente con 8.000 profesionales en nómina. En tanto fue creada en 1980, los primeros efectivos ya están en condiciones de solicitar la jubilación anticipada acogiéndose a las nuevas condiciones establecidas. Un hecho que no ha pasado inadvertido a PNV y PSOE, que de esta manera buscan rejuvenecer la Ertzaintza con cargo a la Seguridad Social. La partida –y su carácter ampliable- fijada en los Presupuestos Generales para 2011 anticipa un importante número de retiros el año próximo. Las principales centrales sindicales ya criticaron que la reforma se acometió al margen del acuerdo con los agentes sociales, sin los estudios pertinentes y sin contar con otros colectivos que también lo reclaman.

Y es que los números salen con dificultad. Según calculaba el Diario Vasco cuando se aprobó la disposición, alrededor de 220 policías podían beneficiarse de la medida en lo que queda de legislatura. Una cifra que supone sólo el 2,7% de la plantilla. Sin embargo, en los próximos diez años hasta 1.602 ‘ertzainas’ superarían esa horquilla de edad, lo que implica un 20% del plantel. Unos guarismos que elevan exponencialmente los costes para el sistema, si bien los beneficiarios tendrán que pagar a la Seguridad Social un coeficiente adicional del 4%, que va aumentando según se acerca la edad de jubilación, para compensar ese sobrecoste.  

La ‘caja única’ como telón de fondo

La interesada sintonía entre PNV y PSOE se ha demostrado máxima en estos dos últimos años, con las pensiones como clave de negociación en ambos ejercicios. El presidente del Gobierno y el de los nacionalistas, Iñigo Urkullu, cerraban a mediados de este mes de octubre un pacto de legislatura por el que el grupo nacionalista dará respaldo en el Congreso a Zapatero a cambio de la transferencia escalonada de las 32 competencias pendientes parar cerrar el Estatuto.

El PNV ya había logrado fechas atrás el traspaso de las políticas activas de empleo, concesión que abría el debate sobre la posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social. De ese fondo común salen las pensiones que se pagan en todo el Estado en función de un criterio de reparto único. Una polémica alentada por el desconocimiento del texto pactado entra ambos partidos.

No es la única cuestión para la que el Gobierno se reserva la posibilidad de ampliar los créditos inicialmente presupuestados. Como es habitual, el Ejecutivo podrá aumentar la dotación para los gastos derivados de procesos electorales y consultas públicas, con las elecciones municipales en el horizonte. También deja abierta otra partida para “subvencionar los gastos electorales de los partidos políticos” a través de créditos del Ministerio del Interior. Lo mismo sucede con la dotación contemplada para liquidar la participación de las comunidades autónomas y corporaciones locales en los ingresos del Estado correspondientes a ejercicios anteriores.