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Ministros y diputados aseguraron esta mañana ser poseedores de planes de pensiones privados como el que ayer reveló que tenía el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que, de hecho, aconsejó a los españoles hacerse uno para compensar la merma de ingresos que supone la pensión de jubilación. En la misma línea, su colega de Industria, Miguel Sebastián, defendió hoy que tener uno no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos lo incentivan fiscalmente.

La recomendación lanzada ayer por Corbacho provocó esta mañana un reguero de declaraciones por parte de diversos ministros y diputados en los pasillos del Congreso. Zapatero, que por su condición de presidente del Gobierno tiene garantizada una pensión vitalicia, fue el primero en hablar cuando se le preguntó. "¿Tiene usted un plan de pensiones privado?". "No", respondió lacónicamente.

No obstante, algunos de sus ministros sí dijeron tener contratado uno, como también ha reconocido en una entrevista la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En el congreso lo han dicho los titulares de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; de Vivienda, Beatriz Corredor, y de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, quien llegó a señalar que tener un plan privado de pensiones no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos, con independencia de su adscripción política, lo bonifican "de forma generosa" con incentivos fiscales.

Por el contrario, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que tiene contemplada "exclusivamente" la pensión pública, al igual que la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien dijo entender que sus compañeros ministros tengan uno privado "como cualquier otro ciudadano" que hace sus previsiones de futuro como considera. "Es una forma de ahorrar", apuntó. Su compañero de Fomento, José Blanco, dijo que su pensión la fía al Congreso.

Las Cortes Generales contemplan un complemento de jubilación que garantiza llegar a la pensión máxima habiendo sido diputado o senador un mínimo de once años. También hay un Plan de Previsión Social al que se destina el 10% de la asignación constitucional que reciben.

Más reacios a comentar públicamente si poseen o no un plan privado de pensiones se mostraron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien llegó a decir que su vida privada "no interesa", y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que únicamente se limitó a comentar que lleva cotizando a la Seguridad Social desde los 22 años y que cuando deje de trabajar cobrará su correspondiente pensión pública sin necesidad tan siquiera de la compensación como ex ministra.

¿Y los otros diputados?

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, desveló tener suscrito un plan de pensiones privado "muy bajito" desde que empezó a trabajar en la Administración Pública, si bien indicó que tiene intención de hacer "un mayor esfuerzo de ahorro" tras escuchar ayer a Corbacho. También dijo tenerlo el secretario general, José Luis Ayllón, pero "no desde hace mucho tiempo, más o menos desde que Corbacho es ministro de Trabajo", y la diputada y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, que incluso prepara uno para sus hijos.

Tanto ella, como el diputado Vicente Martínez Pujalte y el responsable económico del Grupo Popular, Cristóbal Montoro, aprovecharon para criticar al Gobierno por estar infundiendo "miedo" a los ciudadanos sugiriendo la conveniencia de contratar planes privados y para censurar que Corbacho realice este tipo de declaraciones "sin hacerse cargo de su responsabilidad". "Lo mejor para garantizar las pensiones es empleo, empleo y empleo", resumió Pujalte.

600 euros al mes

Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo tener firmado un plan privado en el que dijo que "simplemente" mete 600 euros mensuales --"mi plan es escaso y, si pudiera, lo reforzaría", llegó a decir-- y recomendó a "todo el mundo que pueda" que siga su ejemplo para complementar su pensión.

En esta misma línea, su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, aconsejó suscribir uno "pero no por desconfianza en las pensiones públicas, sino porque, por la evolución demográfica, puede hacer que la cuantía no supere el nivel mínimo de dignidad".

Desde IU, Gaspar Llamazares también dijo tener un plan privado de pensiones pero, en su caso, no aconseja a los ciudadanos que contraten uno porque su rentabilidad es menor a la de un bono del Estado y porque, según destacó, la mayoría han perdido "entre un 20 y un 30 por ciento del capital inicial". Además, aprovechó para instar al ministro de Trabajo a que defienda las pensiones públicas "y no tanto las privadas".

Complemento voluntario

La líder de UPyD, Rosa Díez, indicó que contrató un plan de pensiones en los noventa y que hace "mucho tiempo" que dejó de capitalizarlo, pero en todo caso abogó por la necesidad de que la Seguridad Social garantice una pensión "digna, y que lo demás sea algo complementario pero no necesario".

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, reveló que no tiene  contratado un plan privado porque no lo necesita ya que lleva años trabajando como abogado, profesor y ahora como parlamentario.