El secuestro de tres cooperantes catalanes puede costar €126.180 al Gobierno en indemnizaciones

El secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania a manos de Al Qaeda del Magreb Islámico en noviembre del año pasado le puede costar al Gobierno 126.180 euros en indemnizaciones a las víctimas, por cuya liberación pagó un rescate millonario. De momento, sólo Albert Vilalta, director general de las empresas Túneles y Accesos de Barcelona y Túneles del Cadí, ha reclamado que se le considere víctima del terrorismo para tener derecho a un resarcimiento económico, según adelantó ayer “Público” y confirmó a este diario la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVT).

José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, manifestó a este diario que la ley de 1999 (la nueva está en trámite de enmiendas en el Congreso) reconoce para las víctimas de secuestros una indemnización fija de 12.000 euros y de 180 euros por cada día privado de libertad, con un límite de 36.000 euros. La cantidad máxima a percibir asciende, pues, a 48.000 euros. Tanto Albert Vilalta como su compañero Roque Pascual tienen derecho a esta cantidad, pero no así Alicia Gámez, que por los 101 días que estuvo en poder de sus captores tendría derecho a 30.180 euros. En total, los citados 126.180 euros.

Para ser reconocido como víctima Albet Vilalta debe reunir tres requisitos: ser español, ser víctima de un acto terrorista, y que el mismo vaya dirigido contra intereses españoles. Vilalta reúne al menos los dos primeras, pero es más complicado discernir si también reúne el tercero. Este requisito desaparecerá con la nueva ley, que al tener efecto retroactivo desde 1960 supondrá su reconocimiento automático. Sin embargo, la nueva ley reduce las indemnizaciones hasta dejarlas entre un 30 y 40% de los importes actuales.

Casos por resolver

El pago de indemnizaciones por atentados cometidos en el extranjero contra ciudadanos españoles ha registrado una casuística variada. Así, las víctimas del atentado contra la Casa de España en Casablanca perpetrado en 2004 fueron indemnizadas por el Ministerio del Interior, pero no las de las bombas contra varios hoteles de Bombay en noviembre de 2008. En este caso, el Gobierno interpretó que no reunían los requisitos antes citados porque el atentado fue dirigido contra instalaciones privadas. La presidente de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se encontraba con una delegación comercial española en uno de los hoteles atacados por los terroristas. Interior tiene pendiente de resolver las reclamaciones de las familias de las siete víctimas mortales del atentado suicida contra un convoy de turistas cometido en Yemen en julio de 2007.

Albert Vilalta entregará a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña la indemnización del Gobieno.