Varela aceptó el escrito de Manos Limpias para atenerse a la doctrina constitucional

Luciano Varela dejó ayer en evidencia a Baltasar Garzón al admitir a trámite su propia recusación, un gesto difícil de imaginar en sentido inverso. El instructor del Supremo, acusado de “parcialidad”, ha aceptado lo que tantas veces rechaza de plano el juez de la Audiencia Nacional. Y ello, a pesar de que sus advertencias a Manos Limpias y a Falange para que rectificaran sus escritos de acusación encuentran un amplio respaldo tanto en la ley como en la jurisprudencia constitucional.  

De hecho, la solicitud para que Varela se inhibiese había dejado perplejos a un buen número de abogados que litigan habitualmente en la Audiencia Nacional. Se trata de la misma petición que Garzón rechaza una y otra vez cuando se dirige contra él, aunque cuente con el apoyo de la Fiscalía. Además, la defensa de Garzón fue más lejos y ayer reclamó al Supremo que se expulse a Manos Limpios del proceso, como ya sucedió con Falange a instancias de Varela.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresnada, alega que Manos Limpias presentó hasta tres escritos de acusación corregidos siguiendo los consejos de Varela. Además, denuncia que el sindicato plagió una resolución del instructor para elaborar su acusación. Todo ello probaría, en su opinión, el “interés directo” y la “parcialidad” de Varela, así como la necesidad de excluir a Manos Limpias.

No obstante, según fuentes jurídicas, Varela actuó con el objetivo de hacer efectivo el derecho fundamental de la tutela judicial, para lo que siguió casi literalmente el artículo 11.3 de la ley del Poder Judicial. Este punto establece que los tribunales “deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes”. Con este argumento, Varela pidió a Manos Limpias que subsanara los defectos de su escrito de acusación, aunque, según fuentes judiciales, se trataba de un documento suficientemente válido para abrir juicio oral.

El "fondo" del asunto

El Tribunal Constitucional también ha establecido jurisprudencia en este sentido. Así, ha señalado que cuando la inadmisión cierra el acceso al proceso o impide un pronunciamiento sobre el fondo de los derechos e intereses legítimos sometidos a la tutela de los tribunales, “el control constitucional ha de realizarse de modo más riguroso, puesto que estamos ante el derecho que constituye el núcleo de la tutela judicial efectiva”. Una doctrina que ha quedado reflejada en diversas sentencias (126/1984 de 26 de diciembre, 164/1986 de 17 de diciembre, 120/1993 de 19 de abril, o 115/1999 de 14 de junio).

De aquí se puede concluir que Varela ha optado por dotar a la instrucción de la mayor garantía procesal, incluyendo su inhibición provisional. La estrategia de las recusaciones ya la utilizó Garzón contra varios consejeros del Poder Judicial (CGPJ), logrando que Margarita Robles y Fernando de Rosa se abstuvieran de estudiar su suspensión. No obstante, ambos recordaron al juez imputado su papel en el caso Marey contra el ex secretario de Estado Rafael Vera. Entonces Garzón rechazó inhibirse de la causa, por lo que ha sido amonestado recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte de Estrasburgo consideró que había “enemistad manifiesta” del juez hacia Vera, aunque el juez de la Audiencia siempre ha rechazado ese argumento.

Ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe nombrar a un magistrado que sustituya temporalmente a Varela, y a otro juez que se encargue de tramitar la recusación. Garzón gana así algo de tiempo, ya que su suspensión por el Consejo General del poder Judicial se retrasará en torno a un mes. Sin embargo, el proceso continúa.