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El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Luciano Varela, acusa al juez Baltasar Garzón de ser “consciente de su falta de competencia” en la causa contra los crímenes del franquismo y de que los hechos denunciados “carecían de relevancia penal”. Aun así, “construyó una artificiosa argumentación para justificar su control en el procedimiento penal”.

Varela se muestra muy duro en la resolución hecha pública hoy en la que acuerda transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez de la Audiencia Nacional. De esta forma, Garzón se sentará en el banquillo para ser juzgado por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En esta resolución, el juez del TS da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. A partir de ese momento, esto es, a partir de que la decisión sea firme, el Consejo General del Poder Judicial procederá a suspender de forma cautelar al juez Garzón hasta que se dicte sentencia.

En la resolución, Varela deniega las pruebas reclamadas por el juez de la Audiencia Nacional y emplaza a las partes -la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS- a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.

Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.

Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Penal del TS confirmó la decisión de Varela de no archivar la causa contra el juez, despejando así la vía para sentarle en el banquillo de los acusados. Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (...) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España".

Aunque mañana está prevista una reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, inicialmente no está previsto que se trate este asunto, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Otros frentes de Garzón

El Supremo investiga a Garzón a raíz de las querellas presentadas contra él por Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons y el juez declaró como imputado por estos hechos el pasado 9 de septiembre.

Garzón también tendrá que declarar como imputado el próximo 15 de abril en el Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Además, en el Alto Tribunal hay una tercera causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional, ésta última por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, diligencias que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por considerarlas "ilícitas".