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El Partido Socialista cree haber encontrado en el caso Garzón el argumento de peso que andaba buscando para tratar de movilizar a su electorado de cara a futuros compromisos en las urnas. Como consecuencia de la aguda crisis económica que padece España, el PSOE considera que su base electoral está cruzada de brazos cuando no ha desertado de la causa, situación que afecta a la propia militancia, mientras cree que la derecha sí tiene movilizada a su gente, citando como ejemplos de esa capacidad  movilizadora al Grupo Intereconomía. El PSOE cree, por eso, que el caso Garzón puede ser el banderín de enganche idóneo para iniciar esa movilización.    

Enfrentado al panorama de una crisis que va camino de los cinco millones de parados y sin nada esperanzador que “vender” a su electorado desde el punto de vista económico, el caso del juez Baltasar Garzón, sobre el que pesan tres querellas que en estos momentos se tramitan en el Tribunal Supremo, reúne todos los aspectos ideológicos que, centrados en la llamada Memoria Histórica, sí puede servir como banderín movilizador de militantes y votantes de izquierda. En el objetivo perseguido coinciden los planes de Gobierno y PSOE, los intereses de Garzón y la capacidad movilizadora de la “izquierda de la ceja”.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario han puesto de manifiesto “la extrañeza” que en el entorno del Tribunal Supremo (TS), sometido desde hace semanas a una fuerte presión por este caso, ha producido la renuncia del propio Garzón a basar su defensa en argumento jurídicos relacionados con las causas que se le imputan, para centrarla casi en exclusiva en argumentos de tipo político e ideológico, como quedó claro en su recurso presentado el sábado contra el auto del magistrado Luciano Varela, del TS, que le sentará en el banquillo por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo.      

En ese recurso de reforma presentado ante la sala de lo penal del Supremo, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, alega en efecto que “han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales [en referencia a Falange y a Manos Limpias] a ejercer una acción penal” contra su defendido, al tiempo que lamenta que el alto tribunal no haya valorado “sus motivaciones espurias a la hora de no dar crédito a tal persecución ideológica”.

Al basar su defensa en las supuestas motivaciones “ideológicas” de sus denunciantes, Garzón hace coincidir sus argumentos con los intereses movilizadores del PSOE, poniendo en bandeja su caso para que, con la “izquierda judicial de la ceja” como punta de lanza, pueda ser utilizado como banderín movilizador del electorado socialista. Desde este punto de vista, el caso Garzón sería un mero intento de ajuste de cuentas de la ultraderecha franquista con el “juez estrella”.

Manifiesto de jueces y fiscales

Esa “izquierda judicial de la ceja”, movilizada desde hace meses, produjo el pasado viernes un manifiesto en el que varias decenas de jueces y fiscales, dispuestos a “desagraviar” al  polémico juez de la Audiencia Nacional, lamentan que “herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados” a Garzón. Los firmantes del manifiesto, suscrito por Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), destacan que el procedimiento judicial que deberá afrontar el magistrado constituye “un hecho doloroso e injustificable” que “significa el resurgir de (des) valores que siempre han rechazado”.

Los firmantes de este escrito por parte de Jueces para la Democracia, asociación de la cual fue precisamente fundador el juez Luciano Varela, son apenas 25 de un total de más que 500 afiliados a la misma, y de un colectivo integrado por cerca de 4.500 jueces en todo el país. Aquella minoría está constituida, además, por jueces jubilados, caso de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala Segunda del TS, que se ha convertido en el gran animador desde posiciones de izquierda  radical de la campaña en defensa de Garzón. Y junto a él, otros viejos conocidos: los hermanos Carlos y José Jiménez Villarejo, fiscal de Sala del TS jubilado y magistrado del TD también  jubilado, respectivamente.

“Pero esta movilización sin precedentes contra el Supremo no sería posible sin el aliento en la sombra del PSOE y del propio Gobierno”, aseguran las fuentes políticas consultadas. En efecto, so capa del debido respeto a la independencia del poder judicial, destacados miembros del Gobierno vienen de hecho cargando contra el alto tribunal y poniendo en solfa su labor en este caso. El ministro de Fomento, José Blanco, actual hombre fuerte del PSOE aseguraba este fin de semana que “no le gustaría que los falangistas ganaran de nuevo la batalla” con el caso Garzón.

De la Vega: “Presunción de inocencia total”

La propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, preguntada ayer en El diario El País si alberga alguna duda sobre que Garzón va a ser suspendido, respondía que “por supuesto. Presunción de inocencia total. No voy a prejuzgar ni nadie puede prejuzgar. Sin duda, estas decisiones judiciales han originado un debate social. Un importante sector de la opinión pública no entiende lo que está pasando y a qué se debe esta concurrencia de procedimientos (…) claro que me apenaría que Garzón saliera así del Juzgado. A mí y a la mayoría de la gente”.

La campaña a favor de Garzón y como banderín de enganche de la movilización del electorado del PSOE no ha hecho más que empezar. Los sindicatos CC.OO, y UGT, silentes a la hora de protestar contra las cifras de paro existentes, celebrarán un mitin en la Universidad Complutense el próximo día 13, mientras se anuncian manifestaciones de enjundia para los días 22 (fecha en la que el CGPJ deberá tomar la decisión de suspender cautelarmente a Garzón) y el 24 de abril.