El Tripartito camufló subvenciones a empresas 'amigas' como contratos menores

Subvenciones o no subvenciones. Esa es la cuestión. El Tripartito catalán ocultó en la pasada legislatura subvenciones a determinados grupos camuflándolas como contratos de servicios. Eso es lo que dice la Sindicatura de Cuentas en el informe fiscalizador de la Consejería de Acción Social relativo al año 2007. El informe señala que la Generalitat “calificó como contratos menores las aportaciones efectuadas a diferentes entidades que, por su naturaleza, es preciso considerar como subvenciones, dado que son para el fomento de actividades dirigidas a promover utilidades públicas o de interés general”, por lo que “la entrega de recursos está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo y no hay contraprestación directa de los beneficiarios”. En otras palabras, que el dinero gastado no correspondía a un servicio prestado a la Administración ni a una obra realizada. Y eso que sólo fiscalizó 109 expedientes, el 6,2% del total de contratos menores firmados por Acción Social.

La Sindicatura destaca, entre otras cosas, que el departamento que encabezaba la republicana Carme Capdevila dio 11.999,97 euros (si hubiesen sido más de 12.000 euros, hubiera tenido que aplicar un procedimiento negociado, donde ha de haber tres ofertas como mínimo) “para la realización de un concierto realizado en el marco del festival Conviu Catalunya”. En realidad, fue una ayuda a fondo perdido a la empresa Innova, Servicios Creativos SL. También aportó 10.000 euros para el alquiler, montaje y desmontaje de un escenario del festival Senglar Rock, organizado por el Ayuntamiento de Lérida. La empresa Immigrasons se llevó, por el mismo procedimiento, 8.000 euros para hacer un “musical basado en experiencias migratorias de personas originarias de Cataluña y Argentina”. El Colectivo Esbarzer y la Plataforma per la Llengua, por su parte, se embolsaron 11.994 euros “para financiar a los grupos musicales que actuaban en el acto ‘el catalán, lengua común’”, pero la Administración dio otros 1.972 euros adicionales para sufragar gastos del mismo festival.

L’Esbarzer fue creado dentro de la Plataforma per la Llengua y está liderado por Martí Gasull, que también es portavoz de la Plataforma. En los últimos años, con el Tripartito en el poder, fue una de las entidades mimadas de ERC y ha recibido millones de euros en subvenciones. En el año 2006, por ejemplo, L’Esbarzer se embolsó más de 89.000 euros de dos herencias intestadas para un “plan de promoción del catalán”. Este mismo año, la Plataforma y L’Esbarzer recibieron del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira 390.000 euros para “actividades de la entidad relacionadas con la extensión del uso social de la lengua catalana en todos los ámbitos y en todos los territorios de habla catalana durante los años 2009, 2010 y 2011”. Poco antes, en el último trimestre del 2009, L’Esbarzer había recibido de Acción Social otros 100.000 euros en concepto de “extraordinarias secretaría general” y 14.000 euros más para la “integración social de personas inmigradas”. Este último concepto es el mismo por el que tres meses antes había recibido otros 14.000 euros. Además, el Departamento le concedió también una subvención de 10.000 euros para un estudio del uso del catalán entre jóvenes de Tarragona y 27.500 euros para gastar en su local social.

Los sospechosos contratos troceados

El informe de la sindicatura destaca también supuestos contratos que no pueden ser considerados como tales, algunos de hasta 45.000 euros, que se dividieron la Asociación GRAMC, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Cáritas Diocesana y la asociación Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació. Pero hay más. Para la “conceptualización y gestión de la comida tematizada ‘Colores, olores, sabores, valores’ en el marco del Día Universal de la Infancia, Acción Social pagó 10.433,60 euros a la empresa Interpreta Cultura Projects. Paralelamente, firmó otro contrato con Magma Serveis Culturals por 11.850 euros para la “producción de una actuación de animación infantil para el Día Universal de la Infancia”. Magma también recibió 7.500 euros por la “conceptualización de talleres y diseño gráfico del espacio donde se desarrollarán los talleres organizados por el Departamento en la Festa dels Súpers (el club infantil promovido por TV3, que anualmente celebra una macrofiesta en Montjuïc)”. Curiosamente, las dos empresas tienen el mismo administrador: Artur Duart.

Lo que detectó la Sindicatura es que algunos contratos se troceaban para evitar concurrir a un procedimiento abierto. Por ejemplo, en el Día Internacional de las Familias se repartieron diversos obsequios a los niños que participaron y a sus familiares. Pues bien, se firmaron tres contratos por 10.959,68 euros, 6.064,48 euros y 11.779 euros, pero todos ellos con la misma empresa, No Solo Dulce SL. Lo mismo cabe decir de otros trabajos: Dos Punts Documentació i Cultura SL, por ejemplo, recibió 11.994 euros por la “catalogación de carteles correspondientes a las series C (España) y D (internacional)”; otros 11.994 euros por la “identificación, descripción y revisión del fondo Escoltes Catalans segunda fase 2007; y 12.000 euros por la “realización de tareas de apoyo en la redacción de los planes locales de igualdad”. Y ello porque, como explicita el texto de la Sindicatura, si el monto del servicio sobrepasa los 30.050,61 euros es preciso que la adjudicación se haga mediante concurso público. Troceando los contratos, se elude esta obligación y pueden ofrecerse en bandeja a las empresas amigas. Acción Social también firmó cinco contratos menores para el suministro de bienes de equipo homologados y ocho contratos más para el suministro de mobiliario.

Para el departamento, lo que éste hizo fue cumplir las líneas de actuación del Plan de Ciudadanía e Inmigración aprobadas por el Gobierno el 28 de junio del 2005, entonces presidido por Pasqual Maragall. Ello, asegura Acción Social, “persigue, entre otras actuaciones, la sensibilización cívica y social en torno a la inmigración y para la reflexión y el análisis sobre la realidad de os nuevos ciudadanos buscando y proponiendo nuevos proyectos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población recién llegada, el conocimiento del fenómeno migratorio y la cohesión social”. En base a esta filosofía, “la Secretaría para la Inmigración optó por rehuir la figura de la subvención y limitar su participación asumiendo gastos puntuales e individualizados”, como los del colectivo L’Esbarzer, Immigrasons o Innova Servicios Creativos.